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Violencia de género Madrid no destinó ni un euro del pacto de Estado contra la violencia machista a su Dirección de Igualdad en tres años

Todos los programas emprendidos por esta división para luchar contra la violencia de género fueron financiados con cargo a fondos propios porque la Consejería de Hacienda no le transfirió recursos, según denuncia la ex directora general.

Isabel Díaz Ayuso
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da una rueda de prensa este lunes. E. Emilio Naranjo / EFE

Entre los años 2018, 2019 y 2020 la Comunidad de Madrid recibió en fondos provenientes del pacto de Estado contra la violencia de género cerca de 32 millones de euros, de los cuales se ha denunciado que apenas gastó una ínfima parte. Ahora hay dudas sobre si estos fondos fueron siquiera distribuidos por la Consejería de Hacienda madrileña.

Lo que sí se sabe ahora ciencia cierta es que la Dirección General de Igualdad, de la que dependen las políticas y programas contra la violencia de género en la región, no recibió ni un euro de dichos presupuestos en los tres ejercicios en los que el Estado transfirió esos fondos a las comunidades autónomas, según  denuncia la exdirectora de dicha unidad, Carmen Rodríguez García, en declaraciones a Público.

Todos los gastos de programas, campañas e iniciativas que se pusieron en marcha por esta dirección general, dependiente de la Consejería de Asuntos Sociales, Familia e Igualdad, fueron cargados a fondos propios de dicho departamento y nunca fueron reembolsados por parte de la Consejería de Hacienda dirigida por Javier Fernández Lasquetty.

"Lo que suele hacerse en todas las comunidades autónomas es que primero se anticipa de los fondos de la Dirección General de Igualdad y luego estos tienen que ser reintegrados con los fondos del pacto de Estado, que gestionan las consejerías de Hacienda. Pero esto nunca ocurrió en Madrid", explica Rodríguez. Hasta su destitución en octubre de 2020, afirma que nunca se transfirieron fondos para cubrir los gastos

Esta exdirectora explica que "no tener este dinero supuso no disponer de unos 10,5 millones de euros anuales para financiar proyectos contra la violencia de género y la violencia sexual. Los fondos que tenía la Dirección General de Igualdad eran muy limitados para lo que necesitábamos hacer en materia de  violencia de género. Y lo estirábamos todo lo que podíamos, pero no teníamos para arrancar nuevos proyectos o financiar mejor los que ya teníamos en marcha", explica Rodríguez a Público.

La exdirectora afirma que insistió hasta la saciedad al consejero Reyero para que solicitara los fondos a Hacienda y que él se implicó, pero nunca tuvo una respuesta de por qué no se transferían. Cuando Reyero dimitió de su cargo, volvió a insistir a su sucesor, pero fue cesada unos días después. "No sé si tuvo que ver con esta insistencia. La explicación oficial fue que pondría a personas de su confianza. La nueva directora designada no tenía ninguna formación en Igualdad ni en el manejo de presupuestos", afirma Rodríguez. Desde el momento en que Ayuso disolvió la legislatura y destituyó a los consejeros de Ciudadanos, la Consejería de Sanidad ha asumido todas las funciones que antes tenía la Consejería de Asuntos Sociales, que por ahora ha desaparecido.

¿En qué repercute esta infrautilización de fondos para atajar la violencia de género en la región? Tal como explica en un vídeo en sus redes sociales la diputada el PSOE en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, las mujeres víctimas de violencia sexual tienen que esperar entre ocho meses y un año en Madrid para recibir atención psicológica porque el único centro especializado que existe en la región (CIMASCAM) está colapsado. "En un contexto en que los delitos de este tipo se han disparado en un 20% según los datos facilitados por la fiscalía", afirma la socialista. En la región sólo existe un hospital de referencia para atender a las víctimas de violaciones, por lo que denunciar este tipo de delitos supone un auténtico calvario.

CIMASCAM no sólo está infradotado de recursos, sino también desde finales de diciembre pasado está funcionando de forma irregular. En esa fecha finalizó el último plazo de ampliación del contrato concedido en 2016 y hasta la fecha no se ha publicado otra licitación pública para este servicio. La convocatoria electoral dejará el único recurso existente de atención a víctimas de violencia sexual en esta situación durante meses. Funcionando, pero en condiciones de gran precariedad. 

Morales lleva meses reclamando que la Comunidad arroje luz sobre la utilización de los fondos del pacto de Estado en Madrid, sin recibir respuestas. Explica que en 2019 todos los partidos, excepto Vox, aprobaron una proposición no de ley (PNL) por la que se comprometían a que todo lo relacionado con los fondos del pacto de Estado se subiría al portal de transparencia y cada tres meses habría una reunión con las diputadas que llevaran los temas de igualdad para actualizar sobre los gastos. Sin embargo, ninguna de estas dos cosas ocurrieron.

Primera señal de alarma hace año y medio

La primera señal de alarma saltó en a finales de octubre de 2019. El entonces consejero de Asuntos Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Antonio Reyero,  anunció que Madrid no había ejecutado 18 millones de euros de los fondos del pacto de Estado correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019, y que buscaría formas imaginativas de solucionar esta infrautilización de fondos. Según afirmó, estos fondos se reflejaron como ingresos en los presupuestos de Políticas Sociales, sin su correspondiente contrapartida en el Presupuesto de Gastos, "por lo que no había créditos suficiente para realizar actuaciones nuevas".

Sin embargo desde entonces no se ha anunciado ninguna investigación sobre las utilización de estos fondos por parte de propia Comunidad, la Comisión de seguimiento del pacto en el Congreso de los Diputados, no por el Ministerio de Igualdad al que las comunidades deben rendir cuentas sobre el uso de los fondos.

Ahora, Rodríguez desvela que esta situación nunca se solucionó y que desde que comenzó a repartirse el dinero del pacto de Estado entre las Comunidades Autónomas esta fuente de financiación no estuvo disponible para Madrid. Al menos no para la Consejería de Asuntos Sociales, aunque afirma desconocer si otras consejerías, como las de Justicia, Educación o Deportes, recibieron fondos del pacto de Estado para proyectos propios relacionados con la lucha contra la violencia de género.

"Habría 20 centros de atención a la violencia sexual"

En un mensaje en sus redes sociales en respuesta a Morales, la exdirectora de Igualdad de Madrid afirmaba que si los fondos del pacto de Estado se hubieran repartido, en Madrid "habría 20 centros de atención a la violencia sexual" y afirmaba que dicho fondo "era imprescindible para desarrollar un proyecto político de igualdad, crear nuevos recursos y mejorar los actuales".

Este diario ha solicitado información a la Comunidad de Madrid sobre el desembolso de los fondos del pacto de Estado, pero hasta el momento del cierre de esta información, no se había recibido ninguna respuesta. Los últimos datos conocidos y hechos públicos por la oposición indican que en 2018 se habían dejado de ejecutar casi un 1,8 millones de euros y que hasta octubre de 2019 sólo se habían gastado cerca de tres millones de euros de los 10,5 que recibió ese año. Ante las declaraciones de Rodríguez la duda de la oposición es si estos fondos imputados provienen efectivamente de los fondos transferidos por el Gobierno a las Comunidades Autónomas en cumplimiento del pacto de Estado. 

Según dicho pacto, aprobado por el Congreso de los Diputados en 2017, el Gobierno debía destinar 1.000 millones de euros en cinco años para programas contra la violencia de género. Estos fondos serían distribuidos anualmente vía Presupuestos Generales del Estado. De los 200 millones anuales, 80 están destinados a las Comunidades Autónomas y estas están obligada a rendir cuentas sobre su uso anualmente al Ministerio de Igualdad. El estado de pandemia relajó las medidas de gasto y permitió transferir fondos de un año a otro.

Este diario solicitó al ministerio de Igualdad información sobre el uso que de estos fondos había reportado la Comunidad de Madrid anualmente, pero remitieron a esta diario a solicitarlos a la Comunidad de Madrid, afirmando que sólo daban datos "en el momento en el que tiene que informar" y que estos datos eran globales y no desagregados por autonomías.

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