Más de 60 organizaciones de defensa de los derechos de la mujer de distintas partes España han enviado este miércoles una queja dirigida a diversas instituciones del Estado. Les piden que tomen medidas y que se posicionen en relación a la decisión de una jueza de violencia sobre la mujer de Torrent (Valencia) que obliga a un menor de seis años a visitar a su progenitor en la cárcel de Teruel, en donde cumple condena por un delito de violencia contra la madre del niño.

​El escrito está dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, a la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, a la Fiscala de Sala Delegada contra la Mujer y al Sìndic de Greuges (Defensor del Pueblo) de la Comunitat Valenciana.

Según Herminia Royo, abogada de la asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Valencia, que ha promovido el escrito, éste se ha enviado a la comisión disciplinaria del CGPJ "para que abra una investigación y tome medidas contra la jueza". También a la Fiscalía de Valencia para que inicien las acciones que consideren oportunas para proteger al menor y frenar la aplicación de la resolución judicial.

El polémico auto de la jueza obliga al niño a viajar con su abuelo paterno cerca de 170 kilómetros, hasta la cárcel de Teruel donde su progenitor cumple condena y a hacerlo cada sábado alterno. Este pasado fin de semana debía ser el primer traslado, pero fue frenado por la Policía de Paterna, punto en el que el abuelo debía recoger al menor, por considerar los agentes que el niño no estaba en condiciones para hacerlo y que "temblaba", tal como adelantó el diario de Levante. Pero esto no frena la resolución judicial y el menor deberá volver a pasar por el mismo trance el fin de semana del 10 de octubre. La única forma de que se modifique la resolución es a través del juicio que tendrá lugar el a finales del mes que viene.

Fuentes cercanas al caso explican que el menor hace más de dos años que no tienen ningún contacto con su progenitor ni con su abuelo paterno y que antes de que maltratador entrara en prisión (octubre de 2019), no había solicitado visitas con su hijo. 

En su escrito las organizaciones afirman que con esta resolución "se hace prevalecer el derecho de visitas solicitado por el progenitor sobre el del interés superior del menor, tal como viene establecido, entre otros, por la Convención de los Derechos del Niño de 1986, el Convenio Europeo sobre los Derechos del Niño de 1989, el Convenio de La Haya de 2010, el Convenio de Estambul de 2011 y la Ley de Protección Jurídica del Menor".

La fiscalía busca alternativas

Tal como pudo constatar Público, la fiscalía sobre violencia de género de la Comunitat Valenciana está al tanto de este caso y se ha reunido con la madre y su abogada. Afirman que la resolución de la jueza va en contra de la opinión expresada de la fiscalía, que aconsejó que no se realizaran las visitas del niño.

Además afirman que ante la situación de pandemia por covid-19 no es aconsejable someter al niño a un largo viaje ni que entre en un centro penitenciario, por lo que ha propuesto a la jueza que estos encuentros se realicen de forma telemática desde la ciudad de la Justicia hasta el juicio que tendrá lugar en Octubre. La jueza hasta el momento no ha accedido a dicha petición.

Fundación ANAR exige el fin de las visitas a maltratadores

A raíz de las informaciones publicadas sobre este caso, la Fundación ANAR de ayuda la los niños y adolescentes en riesgo, ha emitido un comunicado en el que afirma que cuando "un juez o una  jueza dicta sentencia condenatoria por violencia de género, se debe proteger a los hijos y las hijas suspendiendo, de forma automática, todo régimen de visitas, comunicaciones o estancias con el agresor condenado hasta el cumplimiento íntegro de la condena, momento en el que se volverá a hacer una nueva evaluación". La organización recuerda que los hijos de mujeres víctimas de violencia de género son, también, víctimas directas de dicha violencia.

"En el Teléfono ANAR escuchamos con frecuencia cómo los jueces y juezas establecen, o no suspenden, régimen de visitas con los padres condenados por violencia de género, por lo que estos siguen ejerciendo violencia sobre la madre través de sus hijos/as, llegando al caso extremo de asesinarlos", explica la directora jurídica del Teléfono ANAR, Sonsoles Bartolomé.

Esto es posible, afirman fuentes de la organización, porque la ley actual, que establece múltiples mecanismos de protección de los hijos y niñas víctimas de la violencia de género, deja en manos de la valoración del juez o jueza su aplicación.

Exigen que la protección de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género sea automática y que no dependa de la valoración del juez o la jueza, una petición que lleva haciendo esta organización desde hace años y que presentó como enmienda a la ley contra la violencia en la infancia del Gobierno. 

Diversas organizaciones han convocado para este jueves una concentración de protesta a las 11 de la mañana en la Plaza de la Libertad de Torrens (Valencia) frente a la puerta del juzgado número 1 de instrucción del que es titular la jueza que emitió la resolución.