Seis asesinatos machistas en una semana (cinco mujeres y el hijo de siete años de una de ellas) han hecho saltar todas las alarmas. El pasado viernes tras confirmarse el quinto asesinato por violencia de género, la ministra Irene Montero convocó de urgencia el pacto de Estado contra esta violencia y acordó hacer una revisión de los protocolos que se aplican contra este tipo de violencia. Esta mismo lunes, tras conocerse el asesinato de la sexta víctima este fin de semana en Zaragoza, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha afirmado que "ponemos demasiado acento en la denuncia", que es una forma de salir de la violencia "pero no debe ser la única" y que "quizá sea el momento de controlar más al agresor". 

En Público hemos querido entender con expertas de la academia, del activismo y del ámbito de la justicia qué significa un cambio de paradigma que ponga la mira en el agresor, en lugar de hacerlo sobre la víctima. Entre las principales conclusiones resaltan que se trata de una larga reivindicación del movimiento feminista, que precisará de la inversión de recursos adicionales para garantizar la implantación de la coeducación (educación en igualdad en todas las etapas educativas), formación especializada de profesionales de diversos ámbitos y una mayor dotación de fuerzas de seguridad del Estado. 

"Esto siempre debería haber sido una prioridad. Lleva años en la agenda feminista y es hora que desde los poderes públicos adopten esta mirada para que haya un cambio real", afirma Lidia Fernández, presidenta del Fórum de Política Feminista. Tal como denuncia esta activista, sólo tres comunidades autónomas tienen implantado un sistema de coeducación y la formación de los profesionales de todos los ámbitos clave susceptibles de tratar con las víctimas de esta violencia o que pueden actuar para su detección (como el sistema sanitario) brilla por su ausencia aún en las facultades. 

Además de formación es preciso la sensibilización, afirma Fernández, y explica que en la justicia "no es que no conozcan los tratados internacionales" que son jurisdicción nacional una vez ratificados, "es que consideran que son leyes de segunda y que no hay que aplicarlas". 

Afirma que el sistema Viogén, la principal herramienta policial de detección del riesgo en caso de violencia de género, debería ser "girado". En la actualidad, esta herramienta basada en un algoritmo y que determina el riesgo de la mujer a sufrir violencia de género por parte de su pareja, lo hace en base al testimonio exclusivo de la mujer y todas las medidas necesarias para su protección giran en torno a ella. Las medidas, que pueden ir desde una llamada esporádica de la Policía (con un riesgo bajo) a una escolta policial las 24 horas del día (para riesgos extremos), se aplican siempre sobre la mujer. 

"Sería lógico que si hay que coartar la libertad no se hiciera sobre la víctima, sino sobre el agresor", afirma Fernández y añade que "cambiar la mirada en las políticas para la erradicación de la violencia de género implica inversión de recursos y a día de hoy los recursos del pacto de Estado contra la violencia de género no están siendo lo suficientemente efectivos, en el mejor de los casos, porque en otros lo que ocurre es que nos se gastan y van a pagar deuda del Estado".

Para Rosa San Segundo, Directora del Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, es paradójico que la violencia de género sea el único delito en el que el foco se pone sobre la víctima. En un atraco, ejemplifica, nadie se plantea si al que se atracan es un joyero, una joyera, si lleva minifalda o corbata… En cualquier otro delito, de la víctima no se habla. "La solución no pasa solo porque la víctima denuncie. Es que haya formación sobre la paz y contra la violencia de género en grados y postrados universitarios, como dice la ley de Igualdad en su artículo 25. Pero esto no se cumple. Lleva 17 años sin cumplirse en ninguna universidad, a pesar de que es una ley orgánica de obligado cumplimiento. Pero como no es una ley punitiva como el Código de Circulación, todo el mundo se la salta, incluida las administraciones". 

Las mujeres saben que la denuncia no es la solución, afirma esta experta, porque saben que cuando denuncian muchas acaban condenadas y por eso el número de denuncias de este delito es tan bajo. "Esto está estudiadísimo en la literatura académica de la violencia de género. Hay un ciclo de la violencia que es la agresión, arrepentimiento, la luna de miel y vuelta a la agresión, y dependiendo del momento del ciclo, la víctima, que además tiene dependencia emocional con el matratador, muchas veces retira la denuncia. Entonces es él el que la denuncia por denunciarlo falsamente y esto se acepta. Es el único delito en que el sistema va a favor del maltratador, cuando debería considerarlo un delincuente".

Para San Segundo, como para las otras expertas consultadas, es imprescindible que el sistema de salud esté ampliamente formado en los mecanismos de la violencia de género, porque debe jugar un papel clave en su detección y en el alivio a la víctimas. "Muchas mujeres acaban dando vueltas en el sistema de salud sin apoyos. La violencia de género es compleja, pero sigue unos patrones fijos que siempre se reproducen. Si tuviéramos personal formado y buenos protocolos para detectarla en la atención primaria, se podría trabajar con esas mujeres sin necesidad de que denuncien". Y añade que es imprescindible remirar el sistema judicial, porque sigue manteniendo visitas y custodias a hombres violentos y permite que los maltratadores mantengan enredadas a las víctimas en un limbo legal interponiendo denuncia tras denuncia, recivtimizándolas y maltratandolas. 

Hay que valorar el riesgo familiar

Lucía Avilés, jurista y portavoz de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), afirma que una de las claves para este cambio de paradigma es que la valoración del riesgo de sufrir violencia de género se realice sobre todo el ámbito familiar, y no sólo sobre la mujer como ocurre en la actualidad. Para esta experta, la valoración debe incluir al agresor, poniendo el foco en su situación psicosocial, que es la generadora de este riesgo. No poner el foco sobre la persona que causa el riesgo es dar la espalda a la causa que origina la violencia de género y supone no valorar la situación del agresor e invisibilizar su conducta. Si lo extrapolamos supondría ser complice de esa violencia".

"La valoración actual del riesgo policial plantea dos problemas: que suele estar centrado en las agresiones físicas, cuando sabemos que en la violencia de género ésta va precedida de la violencia psicológica, verbal o económica, que se entrelazan. Y por otro, que esta valoración se hace solo sobre la situación psicosocial de ella, lo que la puede colocar a la mujer en una situación de riesgo", afirma Avilés. 

Esta experta lamenta que los juzgados no hagan uso de algunas herramientas clave que podrían valorar este riego de forma más fina. Este es el caso del Protocolo Forense de Valoración Urgente del Riesgo de violencia de género. "Pero no se suele utilizar. Debe valorar la situación del entorno psicolocial de la familia, tanto de la víctima, del agresor como de los hijo e hijas. Sería complementario a lo que existe ahora, pero según el informe de la Fiscalía General del Estado solo se utiliza en un 1% o un 2% de los casos. 

Por último esta jurista resalta la importancia de que exista una formación especializada en violencia de género, no solo entre juezas y jueces, sino en todos los funcionarios la Policía y el ámbito sanitario, que están al inicio de la cadena por ser el primero al que se le pide una valoración medica de la mujer y que puede destapar el maltrato mantenido durante mucho tiempo y que puede estar encubierto bajo una depresión. 

El cambio de paradigma supone dejar de mirar la violencia de género como si le afectara solamente a una parta de la sociedad. Hay que interpelar a los hombres para poder frenarla, y que muestren su rechazo hacia los comportamientos machista. Poner el foco en los hombres en la valoración del riesgo porque de hecho ellos son la causa de esa valoración objetiva del riesgo. Y si éste se valora bien, podemos tener mejores medidas de protección a las víctimas y que vivan una vida libre de violencia.