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Violencia contra refugiados en Grecia Grecia expulsa colectivamente a más de 700 solicitantes de asilo ante el silencio cómplice de la Unión Europea

Los modos son diversos, desde el abordaje violento y la devolución de pateras que ya habían alcanzado aguas griegas hasta la detención arbitraria y la devolución a Turquía de personas ya instaladas en campos de acogida del continente.

Izquierda: hematomas tras haber sido golpeado por las autoridades griegas durante la expulsión desde el campo de Diavata el 15-16 de abril.-BORDER VIOLENCE MONITORING NETWORK Derecha: hombre herido en la operación del 29 de mayo cerca de la isla de Lesbos
Izquierda: hematomas tras haber sido golpeado por las autoridades griegas durante la expulsión desde el campo de Diavata el 15-16 de abril.-BORDER VIOLENCE MONITORING NETWORK
Derecha: hombre herido en la operación del 29 de mayo cerca de la isla de Lesbos.- AEGEAN BOAT REPORT Fuente original: Aegean Boet Report

Margarita Elías

Desde principios de marzo, diversas organizaciones que trabajan en Grecia han denunciado la expulsión colectiva de personas migrantes desde las islas del Egeo y la Grecia continental.

Los modos son múltiples: el abordaje violento y la devolución de pateras que ya habían alcanzado aguas griegas, la devolución de las personas llegadas a la orilla, la detención arbitraria y la expulsión colectiva a Turquía de personas ya instaladas en campos de acogida del continente...

En todos los casos, las expulsiones han ido acompañadas de violencia e impunidad policial. Los números muestran la voluntad determinada del Estado griego de llevar a cabo una expulsión masiva de personas migrantes. Como plantea Dimitris Christopoulos, hasta hace poco presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), "estas tácticas están violando la Constitución griega y el derecho internacional consuetudinario, pero parecen ser toleradas por la Unión Europea, ya que sirven para impedir que más personas crucen el Egeo o el río Evros hacia Europa".

Se trata de la intensificación de la vulneración de derechos de las personas en movimiento, en un camino que la Unión Europea viene transitando en los últimos años pero que se ha acelerado desde principios de año en todos los países fronterizos.

La pandemia de la Covid-19 no solo proporciona una cortina de humo suficiente, sino que facilita una excusa perfecta para la detención y devolución de migrantes.

Devoluciones en caliente desde el mar

Organizaciones como Watch The Med - Alarmphone o Aegean Boat Report han podido registrar 11 casos de pateras devueltas ilegalmente a aguas turcas entre el 20 de abril y el 2 de junio, afectando a 213 personas, incluidos 28 menores. Sin embargo, probablemente muchas de estas devoluciones en caliente no son registradas, lo que hace pensar que pueden haber sido muchas más.

"Con un palo largo nos quitaron la gasolina y nos rompieron el motor", asegura uno de los deportados

Las estrategias para las devoluciones en caliente desde el mar incluyen la destrucción de los motores de las embarcaciones, maniobras peligrosas alrededor de éstas, disparos de munición al aire y al agua, y violencia e intimidación sobre las personas migrantes. En muchas ocasiones la tripulación va enmascarada.

El relato de una de las personas afectadas narra como "el barco grande dejó caer una lancha que nos persiguió. Había seis hombres enmascarados vestidos de negro. Nos detuvieron e hicieron muchas olas. Con un palo largo nos quitaron la gasolina y nos rompieron el motor. Tenían pistolas y cuchillos. Luego nos tiraron una cuerda y nos ordenaron que la fijáramos en nuestro barco. Luego empezaron a tirar de nosotros hacia Turquía. Después de un rato se detuvieron y cortaron la cuerda".

El pasado 29 de mayo cerca de la isla de Lesbos, los guardacostas griegos rociaron a un niño con polvo blanco, lo que le causó quemazón y problemas respiratorios. Otro hombre sufrió una lesión en la cabeza cuando fue golpeado durante el ataque.

El Gobierno griego no esconde que viene realizando devoluciones en caliente de forma sistemática. El ministro de migración, Notis Mitarakis, declaraba el pasado 2 de junio que "gracias a la presencia constante de la Marina de Guerra y la Guardia Costera, las embarcaciones que salen de Turquía regresan al final y no intentan cruzar la línea fronteriza".

Implicación de Frontex

La implicación de Frontex en este tipo de operaciones se hizo evidente ya desde el pasado 6 de marzo, cuando la tripulación de un barco danés de la agencia europea de fronteras declaró haberse negado a seguir las órdenes que recibieron desde el cuartel general de la Operación Poseidón y que consistían en devolver a la fuerza a su patera a los 33 migrantes que acababan de rescatar y remolcarlos fuera de las aguas griegas.

Flo Strass, miembro del proyecto Mare Liberum, aclara que "en repetidas ocasiones las personas describieron que los barcos izaban banderas extranjeras, por lo que asumimos que estas operaciones las ejecutan tanto Frontex como guarda costas griegos. Esto ocurre especialmente en los casos en los que la tripulación de los barcos va enmascarada".

Junto con las devoluciones marítimas, se cuentan también expulsiones ilegales de personas que habían conseguido desembarcar en las islas del Egeo. Al menos 174 personas han sido expulsadas con esta práctica desde finales de abril, en al menos cuatro operaciones ilegales registradas por testigos oculares.

En su visita a Samos el 28 de abril, el ministro Mitarakis declaró ante la televisión estatal que no ha habido "ninguna llegada a Grecia en abril de 2020 "gracias a los grandes esfuerzos de nuestras fuerzas de seguridad".

Ese mismo día, 39 personas que habían desembarcado en Samos eran expulsadas a aguas turcas. Este caso ha sido analizado a partir de un estudio que ha demostrado que las mismas personas que desembarcaron en Samos fueron recogidas al día siguiente por los guarda costas turcos.

La expulsión desde la isla de Qhios también ha sido bien documentado por el equipo del Mare Liberum. En gran parte de los casos los guarda costas helenos o Frontex fuerzan a los migrantes a embarcarse en balsas salvavidas sin motor y los abandonan a su suerte en el mar, esperando a que los recojan los guardacostas turcos.

Esta práctica, cuya ilegalidad es palmaria, implica una clara amenaza para la vida y la integridad física y psicológica de las personas migrantes. Pese a ello, el 21 de mayo, los alcaldes de Mytilene (Lesbos), Qhios y Samos Oriental agradecían el trabajo de los guardacostas "que sirven en nuestras islas, por la valentía, la conciencia y la abnegación que demuestran cada día durante la ejecución de sus misiones, vigilando las fronteras marítimas de nuestra patria e impidiendo con éxito el desembarco de inmigrantes ilegales en nuestras islas".

Expulsiones también desde el continente griego

Desde principios de abril más de 350 personas han sido expulsadas, principalmente desde el campo de Diavata

Las organizaciones Border Violence Monitoring Network y Josoor International Solidarity han podido registrar buena parte de las expulsiones practicadas desde la Grecia continental. Desde principios de abril más de 350 personas han sido expulsadas, principalmente desde el campo de Diavata y el centro de detención de Drama Paranesti, situados cerca de Tesalónica, pero también desde el campamento informal de Igoumenitsa, cerca de la frontera con Albania.

Vassilis Papadopoulos, presidente del Consejo Griego de Refugiados, destaca que "lo que es importante y sin precedentes en estas denuncias, si se demuestra su validez, es que estamos hablando de expulsiones desde el interior del país e incluso desde los campos sin que se siga ningún procedimiento formal de deportación".

Objetivo: hombres solos menores de 30

Hay un claro perfil establecido: hombres solos, menores de 30 años, provenientes de Afganistán, Pakistán y del norte de África. Estas personas denuncian haber sido golpeadas, insultadas, amenazadas con armas, obligados a desnudarse y haber recibido descargas eléctricas. También es sistemático el robo de sus pertenencias. Se ha denunciado asimismo la inmersión en agua como estrategia de castigo. Se han recogido testimonios que afirman haber sido forzados a firmar un documento en griego, sin que el documento se les tradujera en un idioma que pudieran entender.

Gran parte de estas personas fueron arrestadas en los campos con el pretexto de renovar sus cartas de identidad para ser luego llevadas a centros formales o informales de detención durante un periodo de hasta dos días, sin agua ni comida suficientes.

Tras esa detención, que en ningún caso cumplía con condiciones legales mínimas, las personas fueron embarcadas y forzadas a cruzar el río Evros. La mayoría habían solicitado asilo en Grecia y , por tanto, tenían derecho a permanecer en territorio griego a la espera de la resolución de su procedimiento.

"Tras casi diez años a lo largo de los cuales estas prácticas llevan sistematizándose en la frontera greco-turca, este paso adelante en el descaro con el que las autoridades griegas perpetúan las devoluciones no hace sino demostrar la nula voluntad política de acabar con esta vulneración continuada de derechos humanos. En vez de considerar las acusaciones, abogar por una investigación interna que pudiera clarificar lo sucedido o promover mecanismos de prevención, la táctica es, una vez más, optar por el oscurantismo con el beneplácito de las instituciones europeas", afirma Alba Díaz, coordinadora de Border Violence Monitoring Network.

Contra el Derecho Internacional y el de la UE

Las prácticas mencionadas, tanto las referidas a devoluciones en caliente desde el mar territorial griego como las expulsiones desde las islas o el continente, son contrarias tanto al Derecho Internacional de los derechos humanos como al Derecho de la UE.

El artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, prohíbe explícitamente las expulsiones colectivas, y el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 consagra el principio de no devolución, piedra angular de la protección internacional de los refugiados.

El pasado febrero la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la devolución en caliente de dos migrantes subsaharianos en 2014 por parte del Estado español. La resolución incorporaba exigencias para ese tipo de prácticas que han sido incluso obviadas en las expulsiones masivas que está llevando a cabo el Estado griego.

El silencio, cuando no la directa colaboración de las autoridades europeas ante este tipo de prácticas, convierte a la UE en cómplice de una situación que, si no no se revierte, va camino de instaurar un estado de vulneración de derechos y de violencia permanente en las fronteras europeas.

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