Una veintena de madres han denunciado a España ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) por la violencia institucional de la que han sido objeto tras denunciar la violencia sexual, física y psicológica en contra de sus hijos e hijas por parte de sus padres. El texto describe el trato recibido por estas madres y sus hijos por parte de la Justicia como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

No son los únicos casos que existen, pero sí las se han atrevido a denunciar y que han conseguido reunir e identificar en tiempo y forma las pruebas que demuestran una vulneración sistemática de derechos basados en el uso de estereotipos de género, la falta de cumplimiento de los convenios internacionales o la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

"Nos gustaría señalar que existe un número significativo de madres atravesando esta situación actualmente en España, además de nosotras, pero que por diversos motivos que respetamos plenamente, decidieron no participar en este informe". Tal como relató a Público Chelo Álvarez, presidenta de la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género, este colectivo tiene identificadas alrededor de 70 madres que han sufrido las mismas discriminaciones en el sistema de Justicia cuando han denunciado los abusos de sus hijos e hijas por parte de los padres, "y esta es sólo la punta de un iceberg", explica.

El periplo judicial que viven estas madres y sus hijos se inicia cuando denuncian la violencia sexual de sus parejas hacia sus hijos, o cuando lo hace un organismo del Estado (muchas veces el servicio de salud). A partir de ahí comienza un doloroso proceso en el que los menores tardan meses e incluso años en ser valorados por un profesional, su testimonio suele no ser creído aunque existan informes psicológicos de expertos que atestigüen la coincidencia con un abuso sexual y la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental acaba por culpabilizar a las madres. Este supuesto síndrome sin base científica, culpabiliza a las madres cuando los hijos se niegan a ver al padre, aduciendo que son ellas las que los indisponen contra los padres.
En el escrito, las madres denuncian estar siendo discriminada por proteger a sus hijos de la violencia sexual y explican que esta discriminación "se encuentra basada en el estereotipo de género de las madres como manipuladoras de sus hijas e hijos para dañar a los padres".

"En algunos de nuestros casos nos han llegado a retirar la custodia de nuestras hijas e hijos, otorgándosela a los padres acusados de ejercer la violencia sexual, psicológica y física en contra de ellos y ellas, lo cual está poniendo en riesgo la vida de nuestras hijas e hijos, ocasionando daños en su integridad física y mental, así como en su salud. Algunas de nosotras podríamos ir a prisión por proteger a nuestras hijas e hijos, ante la falta de protección, perspectiva de género y actuación con debida diligencia por parte del Estado español en nuestros casos, los cuales conoce por distintos medios", afirman las firmantes del escrito.

Vulneración de los derechos de los niños

El escrito incide en que el Estado está vulnerando el derecho de sus hijos "a no ser objeto de violencia", a ser escuchados y a que se tome en cuenta lo que dicen, a que su interés superior sea una consideración primordial y a no ser separados de sus madres al no existir justificación para ello. 

En muchos de estos casos las madres han acabado sin la custodia de sus hijos y se los ha separado de ellos de forma violenta. Entre las narraciones que incluye el escrito está el caso de una madre a la que, tras denunciar abusos sexuales de sus hijos, la Justicia le retiró la custodia y se la entregó al padre en el caso del hijo menor, mientras que los servicios sociales asumieron la custodia de su hermana mayor de seis años ante la negativa de la niña a irse con el padre. La madre lleva más de un año sin poder ver o comunicarse con sus hijos.

Otro de los casos incluidos en el escrito es el de la extremeña Sara B. B., denunciado por este periódico. Sara lleva más de dos años sin poder comunicarse ni ver a sus hijas a pesar de que no existe ninguna orden de alejamiento ni de incomunicación. La custodia de las niñas (de 4 y 6 años) se la concedió un juzgado a la expareja de la madre, a pesar de que la menor de las niñas no tienen filiación legal con el hombre. El hombre había sido denunciado por los el servicio de salud extremeño por maltrato hacia Sara y posibles abusos sexuales hacia la mayor de sus hijas. En enero pasado la madre ha sido condenada por sustracción de sus hijas a pesar de no haberse ocultado ni cambiado nunca su lugar de residencia, ni ha faltado a ningún requerimiento judicial.

La casuística es variada, pero tiene un denominador común: madres y niños que entran en el sistema de Justicia por posibles abusos sexuales por parte de sus padres y cuyas madres acaban culpadas de una u otra forma a lo largo del proceso. 

La violencia sexual hacia los niños es una de las más ocultas que existen. Se sabe a traves de diversos informes internacionales llevados a cabo con adultos que han sufrido esta violencia, que uno de cada cinco menores sufre abusos o violaciones por parte de sus padres. Sin embargo tan sólo se denuncia un 15% de los casos y el 70% éstos nunca lega a juicio. Suelen ser archivados provisionalmente por falta de pruebas, puesto que el testimonio de los menores y los informes psicológicos no suelen ser tenidos en cuenta. Se trata de una violencia muy extendida que no tiene culpables. Esta falta de condena tiene como consecuencia la revinculación de los menores con el maltratador ordenado por la Justicia, y no en pocas ocaciones la custodia de estos hijos e hijas acaba en manos del padre acusado de abusos.

España rinde cuentas

El informe presentado por las madres ante la CEDAW forma parte del proceso de revisión que este organismo realiza periódicamente (cada cuatro años) a los Estados miembros para medir el nivel de cumplimiento del Convenio. España está en su noveno proceso de revisión y entre octubre y noviembre las 23 expertas que lo forman (22 mujeres y un hombre), se reunirán para evaluar la documentación recibida y emitir sus observaciones. De ellas se desprenderán una serie de recomendaciones concretas que realizará el Comité a nuestro país. Individuos y organizaciones de la sociedad civil tienen la capacidad de presentar ante el comité lo que se llaman informes Sombra, denunciando o resaltando cualquier irregularidad que un Estado esté realizando en relación con los derechos humanos de las mujeres o las niñas. 

Ya en 2014 la CEDAW condenó a España por el caso de Ángela González Carreño, cuya hija fue asesinada por su padre cuando tenía siete años, después de que su madre presentara más de 50 denuncias para impedir las visitas no vigiladas con su expareja. Entonces el organismo de la ONU pidió a España que asumiera su responsabilidad en dicha muerte y le exigió que pusiera en marcha una serie de medidas. Entre ellas, la necesidad de que los antecedentes de violencia de género fueran tenidos en cuenta a la hora de otorgar custodias y visitas de los hijos, así como asegurar la debida formación obligatoria a jueces y demás operadores jurídicos en materia de violencia de género, entre otras medidas. 

Estas medidas aún están por implementar. La reciente aprobación por el Parlamento de la ley contra la violencia en la Infancia, podría prohibir las visitas de los padres acusados de maltrato o abuso de sus hijos, aunque aún deja la puerta abierta a la decisión de los jueces. En lo que poco se ha avanzado es en la formación obligatoria de jueces y de todos los operadores judiciales. 

Así lo resaltan las madres en su escrito. Afirman que "el Estado español no está proporcionando una formación obligatoria a los jueces, las juezas y el personal administrativo competente sobre perspectiva de género, derechos de las niñas, la aplicación del marco legal en materia de lucha contra la violencia por razón de género contra las mujeres que incluya formación acerca de la definición de la violencia por razón de género, violencia sexual y sobre los estereotipos de género y mitos de la violación, así como una formación apropiada con respecto a la CEDAW, su Protocolo Facultativo y las Recomendaciones Generales". 

Indefensión judicial

Las 20 firmantes del documento resaltan la indefensión que sufren en el sistema de Justicia de nuestro país, incluidas las más altas instancias, como el Tribunal Constitucional, donde los recursos de amparo por la violación de derechos fundamentales son sistemáticamente inadmitidos, "lo cual muestra la falta de existencia de un recurso efectivo", denuncian las madres.

​De hecho, según la memoria del propio Tribunal Constitucional, en 2019 se inadmitieron aproximadamente el 97% de los recursos de amparo presentados. Para las denunciantes no se trata de un recurso efectivo y su inacción "está permitiendo la impunidad en casos donde se están vulnerando los derechos de las niñas a una vida libre de violencia, el cual es indivisible e interdependiente respecto de otros derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud, a la libertad y seguridad personal, a la igualdad y a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. De la misma manera, se les está negando su acceso a la Justicia y a la reparación", concluyen.