Organizaciones feministas exigen una reparación "inmediata" del daño de la violencia vicaria y el maltrato institucional

El caso del hombre que ha desaparecido con sus hijas en Tenerife tras amenazar a la madre con que no volver a sus hijas o el relato de Rocío Carrasco son dos ejemplos que han saltado a la luz pública de una de las formas más terribles de maltrato machista, el que se ejerce a través de los menores. 

Sin embargo, esta es solo una mínima muestra de esta realidad. Para visibilizar este tipo de agresiones y mostrar la repulsa social, la Federación de Asociaciones del Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género se ha manifestado esta tarde frente al Ministerio de Justicia.

Alrededor de medio centenar de mujeres se concentraron en la capital española para denunciar la violencia viaria, la que ejerce el padre de familia contra sus hijos e hijas para seguir maltratando a su expareja. 

No se trata de hechos aislados, sino de una forma de violencia institucional que se ceba con muchas mujeres que han denunciado violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos e hijas por parte de los padres. 

Juana Rivas, sentenciada a dos años y medio de prisión y a seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus dos hijos, Rocío Carrasco o  Sara B. B, cuyo caso fue desvelado hace unos días por este diario, no son las únicas madres que están sufriendo violencia vicaria y maltrato institucional.

Patricia González, a pesar de tener la custodia de su hija, lleva sin verla dos años. Se acaba de celebrar el juicio en el que el Ministerio Fiscal pide tres años de prisión y seis de retirada de la patria potestad. 

El hijo de María Sevilla lleva cuatro años viviendo con  su padre y es la cuarta vez que se abre protocolo de de riesgo. 

Hasta la fecha el sistema de protección no ha hecho nada, habiéndose confirmado por la Audiencia la condena para María a dos años y cuatro meses de prisión y cuatro de retirada de la patria potestad.

Desde la federación exigen una reparación del daño "inmediata" para que los hijos sean devueltos a sus madres

"Cuando hay hijos obligados a vivir con sus verdugos evidentemente la voluntad política llega tarde", lamenta Sevilla.  

Asimismo, denuncia lo fácil que es encontrarse el Síndrome de Alineación Parental a nivel institucional, si las "leyes no sirven para que los niños estén en un lugar seguro, no sirven", advierte Sevilla. 

Desde la federación recuerdan que, según datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, solo el 0,8% de los niños tienen la protección y sus padres retirada la patria potestad.

Por ello, exigen una reparación del daño "inmediata" para que las criaturas que han sido "arrancadas sean devueltas a su único vínculo de seguridad, que son sus madres protectoras".

Un hecho que puede conseguirse si este tipo de violencia y el maltrato institucional aparecen reflejados en la ley de violencia de género y la ley de infancia.