"La población migrante y, sobre todo, las familias en situación irregular, han tenido que salir corriendo de los pueblos. Lo han perdido todo: coches, casas, amigos y seres queridos. No tienen un techo donde quedarse, pero el miedo a vivir en la zona cero, repleta de bomberos, policías y militares, los ha empujado a marchar. Esto te lo cuento para que te hagas una idea de lo que supone no tener la documentación en regla...", explica a Público Boutaina El Hadri, portavoz de Casa Marruecos y vicepresidenta del Consejo Valenciano de Inmigración. La crisis de la vivienda llevaba meses expulsando a los vecinos con menos recursos del centro de la capital; los terminó de "vulnerabilizar" por completo. Muchos buscaron alternativa, más o menos digna, en los municipios de l'Horta Sud: Paiporta, Catarroja, Albal o Benetússer. La DANA terminó de desmembrar sus vidas; dejándolos sumidos en una espiral de precariedad de la que no saben cómo ni cuándo van a poder salir.

El laberinto de trámites burocráticos y la falta de información son dos de los principales problemas para las familias afectadas por las inundaciones; más aún cuando están en riesgo de exclusión social. "La administración nos trata como si fuéramos delincuentes, cuando sólo venimos en busca de trabajo y una vida digna. El racismo nos quita cualquier mínima oportunidad, también durante una catástrofe", dice Jeny Rivera, hondureña en Massanassa. Oxfam Intermón ha denunciado que los colectivos más vulnerables corren el riesgo de quedarse fuera de las ayudas por los efectos de la DANA. Las personas migrantes y las que todavía no han conseguido regularizar su situación; las trabajadoras sexuales, las personas sin hogar y las familias que vivían en habitaciones alquiladas, lo tienen prácticamente imposible para acceder a estos subsidios. 

La Generalitat Valenciana y el Gobierno de España han anunciado un despliegue de ayudas para los vecinos de las localidades arrasadas por el temporal. Martina, trabajadora sexual en la provincia de València, critica la gestión de "todas" las administraciones: "Las compañeras migrantes y las que no tienen un contrato de alquiler, no pueden solicitar nada. Las pocas ayudas de las que disponemos, ponen como requisito que dejemos nuestro trabajo. Si retomamos la actividad, nos quitan el dinero. Estamos vendidas, por todos lados", reconoce durante una llamada con este diario. Los colectivos vulnerables tratan de evitar cualquier trámite con las administraciones, pese a necesitar su protección. Lo hacen por miedo; temen por su futuro. 

"El paraguas social no cubre a las personas con una situación administrativa irregular. Las familias más vulnerables, las que tenían vidas más precarias, vivían en los bajos y las primeras plantas de la zona cero; incluso en trasteros y garajes. Tenemos gente que trabajaba en b, sin contrato; personas que se han empadronado donde han podido y no figuran en los domicilios que ahora han perdido. ¿Cómo van a recuperar lo poco que tenían? Esto es una tragedia", reivindica Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en el País Valencià. La plataforma ha empezado dando respuesta a cuestiones vitales, como la limpieza de casas y el reparto de agua, alimentos y medicación. Los trabajos se centran ahora en asesorar y acompañar a las personas afectadas, defenderlas ante el "ojo criminalizador". 

La 'costumbre' de empezar de cero

Jeny Rivera (46 años) llegó a Massanassa en busca de "un futuro mejor" para sus tres hijos, "lejos de la pobreza y la violencia" que impregnaba Honduras. La casa en la que vivía junto a otras diez personas –entre ellas, su nieta de cuatro meses– tenía dos habitaciones, cocina, baño y salón. El martes 29 de octubre, quedó hecha añicos. "Llevábamos varios meses intentando alquilar algo mejor, con más espacio para todos, pero como no tenemos documentación, porque llevamos aquí menos de dos años, estaba siendo complicado. La casa quedó inhabitable, no podemos regresar, y tenemos tres niños pequeños. No pedimos que nos regalen nada; sólo trabajar, para tener capacidad económica y encontrar un sitio donde vivir", reconoce, con la voz entrecortada.

Jeny y su hermana son las únicas que llevaban dinero a casa, además de lo que recibían en las tarjetas monedero de los Servicios Sociales. La familia, "afortunadamente", consiguió salir del domicilio antes de que el agua llegase al techo y no ha sufrido daños personales. "El problema no sólo afecta a las personas en situación irregular. Los ciudadanos extranjeros que han perdido la documentación, por ejemplo, tienen que tramitarla de nuevo para poder acceder a los subsidios. Las administraciones están poniendo puntos en los pueblos afectados para renovar el DNI, pero no el NIE. La población migrante tiene que desplazarse sí o sí, venir hasta València", señala Boutaina El Hadri. Las ONG humanitarias piden que los próximos decretos del Gobierno incluyan "medidas específicas" para responder a los "colectivos olvidados".

Diana Mantuano trabaja como cuidadora en Catarroja. La DANA no la pilló en casa, pero sí a su marido. "La puerta no se podía abrir y vivimos en un bajo; tenemos vídeos. La casa no vale para nada; la riada acabó con todo. Las paredes se han caído y los muebles los tuvimos que tirar, sólo quedan las vigas", relata, desde la zona cero del desastre. El seguro del hogar había vencido, supuestamente por una acumulación de impagos, pero la familia asegura que no tenía constancia. El matrimonio también ha perdido sus dos coches. "Los próximos meses van a ser duros, no sé ni por dónde empezar... Tenemos que juntar el dinero suficiente para arreglar la casa, ¿cómo vamos a buscar otra si los alquileres están por las nubes?", se pregunta la mujer. Diana y su marido llegaron hace dos décadas de Ecuador, cuando sus tres hijos todavía eran pequeños. 

"Estamos bien, podía haber sido mucho peor", responde al otro lado del teléfono Amin Terbah (40 años). El edificio en el que vive, en Albal, tiene dos plantas: un bajo, para sus padres y su hermano con discapacidad; y un primer piso, para él, su mujer y sus tres hijos. "La zona del bajo no vale para nada, sólo hemos podido recuperar cuatro cosas, recuerdos y fotos de cuando éramos pequeños...", se consuela. La DANA coincidió con el día de su cumpleaños; su familia, de hecho, lo esperaba para cenar. "Mis hijos habían bajado a comprarme un regalo y desde que subieron, en cuestión de minutos, vino la riada", continúa. Los niños no han podido volver al instituto, porque las aulas siguen dañadas, pero confían en volver pronto a la normalidad: "Llegamos de Argelia hace 25 años, buscando trabajo. Tuvimos que separarnos de nuestra familia y nuestros amigos, empezar de cero. Lo llevamos en la sangre y sabemos que puede ocurrir lo mismo otra vez".

El número de personas en riesgo de exclusión social en el País Valencià supera en cuatro puntos la media nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de pobreza laboral, además, roza el 13,8% en el sector primario y entre las trabajadoras del hogar, dos actividades con una alta presencia de personas migrantes y en situación irregular. "No podemos volver a cometer los mismos errores que durante la pandemia. Es una irresponsabilidad pensar en reconstruir las poblaciones que han sido devastadas por la DANA sin una mirada feminista, antirracista y anticolonial", concluye Silvana Cabrera, portavoz de la plataforma Regularización Ya.