Los antecedentes de delincuencia sexual no son un impedimento para los ascensos en la Policía, ni tampoco una traba para dirigir unidades dedicadas a proteger de la violencia machista a las mujeres: la prueba del nueve está en Zaragoza, donde el comisario A. J. R. S., condenado en firme por el Tribunal Supremo y por la Audiencia de Guipúzcoa como autor de un delito de acoso sexual con prevalimiento del cargo, ha dirigido varios meses la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Aragón, en la que se integra la UFAM () (Unidad de Familia y Mujer).

La UFAM, que tiene una plantilla oficial de 17 policías en Zaragoza, “presta atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de género, doméstica y sexual”, según explica la web del Ministerio del Interior, que incluye entre sus cuatro principios el de “empatía con las víctimas y sensibilidad social” y que señala como objetivo principal del servicio la “consecución de un tratamiento integral al fenómeno de la violencia doméstica, de género y sexual, minimizando los efectos de posibles segundas victimizaciones”.

El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ordenado este jueves, tras conocer la situación, su destitución al frente de la Brigada Regional de Policía Judicial de Aragón y su traslado a otra unidad en Zaragoza, al considerar que ese antecedente, pese a haber cumplido la condena, lo sitúa como no idóneo para el puesto, según ha sabido Público de fuentes policiales.

El comisario accedió a puesto hace unos meses, todavía con Juan Ignacio Zoido como titular del Interior, cuyo equipo avaló su ascenso a comisario a mediados del año pasado. Antes de hacerse cargo de la Brigada de Policía Judicial y de la UFAM de Zaragoza, pasó por Tarragona como número dos de la comisaría provincial y dirigió el servicio de Extranjería y la comisaría de San José en la capital aragonesa.

Llegó a su actual puesto, que ocupa en comisión de servicios, cuando dirigía la Jefatura Superior de Policía de Aragón José Ángel González, nombrado por el actual ministro Fernando Grande Marlaska como DAO (Director Adjunto Operativo) del cuerpo a primeros de agosto dentro de la renovación de la cúpula de Zoido, que lo nombró por designación directa. González mantuvo este jueves una reunión con Marlaska de la que salió la decisión de cesarlo y cambiarlo de destino.

“En caso contrario se convertiría en su enemiga”

Entre finales de los años 90 y principios de la década pasada, A. J. R. S. estaba destinado como inspector jefe en Guipúzcoa, donde dirigía la UIP (Unidad de Intervención Policial) o antidisturbios, donde ocurrieron los hechos por los que fue condenado.

Allí, según narra la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa que más tarde ratificaría el Supremo, “comenzó a requerir (…) para que mantuviera relaciones sexuales” con él a una agente “desde el momento de su incorporación” a la unidad, a principios de 1999. Le indicaba que él había intervenido para que llegara al grupo, le ofrecía ventajas como dietas, permisos y facilidades para ascender “si accedía a sus pretensiones” y, al mismo tiempo, “en caso contrario le señalaba que se convertiría en su enemiga, con lo que ello suponía en la relación jefe-subordinada”.

La agente (había dos en un grupo de 42 policías), que no accedió a las pretensiones de su jefe, acabó sufriendo un trastorno de ansiedad crónico y otro de hipoactividad e hiperactividad como consecuencia de un trato en el que su superior, “tanto a solas como en compañía de terceras personas, efectuaba comentarios de carácter vejatorio en relación a la anatomía de la misma y su menstruación”, además de haber llegado a darle “un manotazo en los glúteos” durante una comida de la unidad.

Ascenso años después de la condena

La Fiscalía solicitó en el juicio dos años de prisión y veinte fines de semana de arresto para el inspector jefe, al que imputaba un delito de acoso en concurso con otro de lesiones, mientras que la víctima elevaba la petición a once años al añadir los cargos de amenazas, abuso de poder y contra la integridad moral. Sin embargo, la Audiencia solo consideró probado el primero de esos delitos: le impuso en junio de 2003 una multa de 1.080 euros (seis meses a seis euros diarios) y la obligación de indemnizar con 3.000 euros a la agente, aunque sin inhabilitarlo para trabajar como policía.

Tanto esta como la Fiscalía recurrieron la sentencia para elevar la pena ante el Supremo, al que el inspector jefe, por su parte, solicitó la absolución.

El tribunal optó por desestimar todos los recursos y ratificar la sentencia de la Audiencia de Guipúzcoa. Eso derivó en un expediente disciplinario para el inspector jefe, el cual, no obstante, acabaría ascendiendo a comisario 18 años después de haber acosado sexualmente a su subordinada.