La fiscal mexicana Alicia Elena Pérez Duarte ya no aguantaba más. El viernes renunció a su cargo al frente de la Fiscalía Especial de Delitos contra las Mujeres porque no pudo evitar la absolución del gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín.

Éste ordenó la detención ilegal durante 26 horas de Lydia Cacho. Quería amedentrar a esta joven periodista porque había denunciado en su libro Los demonios del Edén la implicación de varios amigos suyos en una red de pornografía infantil en Cancún.

El pasado 29 de noviembre la Suprema Corte exoneró al gobernador de toda responsabilidad. 'Cuando oí la votación me avergoncé profundamente de formar parte del sistema jurídico de nuestro país', declaró Pérez Duarte en una entrevista a la cadena CNN.

Ahora quiere proteger los derechos de las mujeres mexicanas desde la defensa.La ex fiscal decidió renunciar al cargo tras una profunda reflexión 'sobre mi papel y lo que yo podía hacer como funcionaria pública para revertir la sensación de injusticia e inseguridad que dejó a muchas mujeres del país la decisión de la Corte'.

Durante estos últimos quince días posteriores al fallo, muchas víctimas de violencia de género se pusieron en contacto con ella para expresar su temor y desilusión.

La lucha continúa

Si eso le había pasado a una periodista, a una mujer influyente, ¿qué pueden esperar de la Justicia mexicana ahora el resto de mujeres? Pérez Duarte asegura que deja un equipo sólido al frente de la Fiscalía Especial que ella puso en marcha en 2006.

Sus compañeros ya consiguieron encerrar a varios militares por violar a trece prostitutas y confía en que se resuelvan más casos ante el mal endémico que sufre su nación: sólo en 2006 contabilizaron 6.000 asesinatos contra mujeres.

La prensa baraja el nombre de Guadalupe Morfín como su sucesora al frente de la Fiscalía. 'Si es así, sería una excelente decisión', afirmó Pérez Duarte.

Morfín fue la primera comisionada federal para la erradicación de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, una región fronteriza a Estados Unidos conocida como la ciudad maldita porque en ella han sido secuestradas, violadas y asesinadas más de 400 mujeres desde 1993.

A un promedio de dos cadáveres mensuales, en los últimos 14 años se descubren en los suburbios de Ciudad Juarez cuerpos de mujeres, adolescentes y niñas desnudos, lastimados o desfigurados.

Un escenario dantesco para las mujeres.Pero los abusos contra mujeres también ocurren en el Caribe. El caso de Lydia Cacho lo ha destapado.

Su pesadilla comenzó el 16 de diciembre de 2005, cuando un grupo de 10 policías la detuvo en Cancún para trasladarla a Puebla, fuera de su jurisdicción y sin orden judicial, siguiendo las indicaciones de su gobernador, Mario Marín.

El viaje duró 20 horas, recorriendo 1.500 kilómetros repartidos entre cinco Estados de la República. Los policías la amenazaron de muerte, colocando el cañón de una pistola en su boca, 'si toses te dispara' le dijeron.

Una vez en la cárcel de Oriente de Puebla, quisieron encerrarla en una celda con las reclusas más violentas, pero la denuncia de su desaparición por amigos periodistas la salvó.

El diario La Jornada reveló semanas después que el pederasta libanés Nacif -al que había denunciado Cacho- fue quien pidió a su amigo Mario Marín el secuestro de la periodista, sugiriendo que fuera encerrada en el pabellón de presas lesbianas para que la golpearan y violaran.