El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, no está dispuesto a ceder un ápice sobre el contenido de la reforma estatutaria de su comunidad. Y  este martes lo advirtió: la reforma será retirada del Congreso en el caso de que sea modificada “sustancialmente”, lo que sólo puede interpretarse en el sentido de que la Cámara elimine el artículo relativo al fin del trasvase Tajo-Segura en 2015.

Todos los grupos, menos la única diputada de UPyD, Rosa Díez, votaron este martes a favor de la toma en consideración del nuevo texto. Pero dos diputados murcianos del PP cumplieron la amenaza vertida en esa región tanto por conservadores como por socialistas y votaron en contra.

La derogación del trasvase es lo que provoca el rechazo de los diputados murcianos (siete del PP y tres del PSOE) a la reforma. Por ello, habían anunciado su voto negativo en la toma en consideración del Estatuto si no se les garantizaba la supresión del apartado que pone en solfa el trasvase. Al final, todos se amoldaron a la disciplina de sus partidos, salvo los conservadores Arsenio Pacheco y Antonio Garre. El Grupo Popular anunció de manera inmediata que estudiará la imposición de sanciones a sus dos diputados díscolos.

Barreda centró su discurso en la defensa del fin del trasvase y se mostró “dispuesto al diálogo” con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, aseguró que “si el texto fuera modificado sustancialmente”, solicitará la retirada del mismo, porque no permitirá “que se apruebe un Estatuto devaluado”. Estas palabras del presidente manchego irritaron a sus correligionarios de Murcia y Valencia, que trasladaron su “malestar” al secretario general del Grupo Socialista, Ramón Jáuregui, por un discurso que consideraron “poco conciliador”.

El PP actuó en el hemiciclo como si su grupo en las Cortes de Castilla-La Mancha no hubiera pactado y bendecido el texto defendido ayer por Barreda. Y así, usando una baraja diferente, su diputado por Toledo Arturo García-Tizón acusó al presidente castellano-manchego de oportunista y de poco solidario. A su juicio, no era “ni el momento ni el lugar” para que el presidente regional hablara sobre agua. “Sabíamos que había poca agua en determinadas regiones de España, hoy sabemos que hay poca solidaridad en el presidente de Castilla-La Mancha respecto a otras regiones”, indicó.

Por su parte, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se encargó de recordar que son las propias Cortes las que “están facultadas” para adecuar las reformas estatutarias “a los márgenes constitucionales”. Y, aun sin mencionar ningún tema, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, avanzó que su Grupo presentará las enmiendas que crea oportunas.