La manifestación del pasado sábado en Madrid de miles de policías y guardias civiles exigiendo la equiparación salarial con las Policías autonómicas ya tiene primera consecuencia: el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecerá ante la Comisión de Interior del Congreso a petición propia para explicar la posición de su departamente ante el conflicto. Algo que ya habían pedido PP y UPyD.

Lo anunció este lunes la secretaria de organización del PSOE, Leyre Pajín, quien recalcó que esa iniciativa demostraba la “extraordinaria sensibilidad (de Rubalcaba) con las Fuerzas de Seguridad del Estado”. Pajín llegó, incluso, a apuntar la línea argumental que expondrá el ministro en el Congreso, y que Interior ya había adelantado en una nota de prensa hecha pública sólo unas horas después de la manifestación: que en la última Legislatura el Gobierno ha subido el salario de los policías por encima del resto de los funcionarios, que ha aumentado la plantilla de agentes, y que ha regulado sus derechos y deberes.

Sin embargo, los sindicatos de la Policía no terminan de creerse la supuesta intención del ministro de sentarse a negociar con ellos. De hecho, en una nota conjunta hecha pública ayer, SUP, SPP, UFP y CEP aseguraban que “el ministro miente” y le exigían la convocatoria del pleno del Consejo de la Policía, un órgano en el que se sientan de modo paritario los representantes de los agentes y de Interior, y que está presidido por el propio titular del departamento. Los sindicatos denuncian que este Consejo lleva sin reunirse desde el 27 de diciembre de 2007 pese a que su propio reglamento de funcionamiento fija en el artículo 31 la obligatoriedad de que celebre sesiones “una vez cada dos meses”.

“Los sindicatos no ponemos condiciones al diálogo, pero si el ministro, el único que puede, no convoca el órgano legalmente creado para ello, el ministro no quiere dialogar y por ello, cuando dice públicamente lo contrario, miente”, dice una nota en la que también se acusa a Rubalcaba de atacar “el libre ejercicio de la actividad sindical en la Policía con expedientes”, de prohibir “reuniones de los órganos sindicales” y de no cumplir “los plazos de convocatoria de elecciones en la Guardia Civil”. Los dirigentes sindicales consultados por Público aseguraban no haber recibido ninguna comunicación por parte del Ministerio para retomar las conversaciones.

El enconamiento del conflicto vivió este lunes otro nuevo episodio con la presentación por parte de la Unión de Oficiales, una de las asociaciones de la Guardia Civil, de una demanda contra el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Velázquez. Esta asociación acusa a Velázquez de un supuesto delito de coacciones y amenazas por la circular que remitió a los cuarteles en la que advertía a los agentes del instituto armado que fueran a la manifestación del sábado de que podían ser sancionados.

Las denuncias

El conflicto ha estado salpicado de expedientes, denuncias ante los juzgados  y gestiones en la sombra. Días antes de la manifestación, un alto cargo de Interior pidió a los sindicatos que retirasen como gesto de buena voluntad la demanda que éstos habían presentado contra el ‘número 2’ de la Policía, el comisario Fernández Chico. Éstos se negaron.

El órdago del asesor

En la última reunión entre ambas parte, celebrada a finales de septiembre, Francisco Velázquez, entregó a los sindicatos un borrador de acuerdo –adelantado por ‘Público’– que fue rechazado por éstos al no contemplar ningúna mejora salarial. Al término de la reunión, un asesor del director amenazó con no volver a sentarse a negociar si se celebraba la manifestación del sábado, según aseguraron a este diario varias fuentes sindicales.