El Parlamento Europeo rechazó hoy una gran reforma de la normativa que regula el sector de las telecomunicaciones por sus preocupaciones sobre los derechos de los usuarios de Internet.

El pleno del Parlamento ha aprobado, por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, la enmienda 9, que exige una orden judicial para que un proveedor pueda restringir el acceso a Internet.

Tres propuestas legislativas que componen la reforma fueron sometidas a votación hoy en el parlamento. Los Estados Miembros, que comparten con el parlamento el derecho a decidir sobre esta reforma, habían dado luz verde al proyecto pero el rechazo de cualquiera de los tres elementos en discusión significa volver a la mesa negociadora.

'Cuando una parte única es rechazada, el paquete completo debe volver a negociarse', dijo Catherine Trautmann, diputada socialista que consiguió la aprobación en el parlamento de una parte del plan.

El Parlamento Europeo imposibilita así que se puedan realizar sin orden judicial los temidos cortes de conexión a los internautas que utilicen programas de intercambio de archivos. En el último momento, la Cámara ha aprobado la enmienda que obliga a que un juez autorice la desconexión, por lo que se prohibe restringir los derechos de los internautas, exigiendo para ello 'una orden judicial'.

La UE se aleja así de las posturas de EEUU y Francia, aunque abre ahora un período de conciliación para que los gobiernos buscan la fórmula de modificar la normativa para llegar a un futuro acuerdo.

El Parlamento Europeo tenía que adoptar hoy esta gran reforma de las normas de las telecomunicaciones en la UE para incrementar la protección al consumidor, la competencia y la inversión en nuevas redes.

La reforma buscaba actualizar las actuales leyes de telecomunicaciones de la UE que fueron redactadas antes del gran desarrollo del uso de la banda ancha, el Wi-Fi y los teléfonos móviles. Algunos diputados apuntaban a que la reforma rompía el equilibrio correcto entre los derechos de los consumidores y los operadores.

La reforma pretendía asegurar que las normas de telecomunicaciones se aplicasen uniformemente a lo largo de los 27 estados miembros, de modo que los reguladores nacionales pudiera soportar cualquier presión política para proteger a un operador nacional de la competencia. Se quería crear un nuevo organismo regulador de las telecomunicaciones que tome las decisiones por mayorías en las votaciones.