La salida de la crisis económica, la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, la coordinación con los nuevos algos cargos de la UE y la recuperación de la influencia de los Veintisiete en el resto del mundo. Esos ambiciosos y complicados objetivos tiene por delante España en su cuarta presidencia de la UE que se inicia este 1 de enero y que durará hasta el 30 de junio.

Tras un tortuoso camino hasta su definitiva aprobación, el Tratado de Lisboa comenzará su andadura de la mano de la presidencia española. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrá la responsabilidad de poner en marcha  el nuevo marco comunitario que ha logrado revitalizar a la UE después de meses de incertidumbre política y económica.

Desde la adhesión en 1986, es la cuarta ocasión en la que España ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE -el órgano de toma de decisiones que agrupa a los distintos Consejos de Ministros europeos-, después de los precedentes de 1989 y 1995, con Felipe González, y de 2002, con José María Aznar, coincidiendo con la puesta en circulación del euro.

Zapatero ve rebajadas sus competencias ante los nuevos cargos de la UE

El mandato de España inaugura una etapa, puesto que el rol del país encargado de coordinar las políticas europeas cada semestre se debilita con los nuevos cargos del Tratado de Lisboa: el presidente estable del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, y la Alta Representante para la Política Exterior, la británica Catherine Asthon.

Al pasar éstos a ser los rostros e interlocutores de la UE ante el mundo, Zapatero ya no será el encargado de lidiar con las crisis sobrevenidas, al estilo que encumbró al presidente francés, Nicolas Sarkozy, cuando tuvo el timón europeo en el segundo semestre de 2008.

El jefe del Ejecutivo también verá rebajado su protagonismo al ceder a Van Rompuy la dirección de las cumbres, aunque conservará el primer plano en las previstas en España - unas 350-, entre ellas las de Estados Unidos, América Latina, Unión por el Mediterráneo y Marruecos.

La recuperación económica y la generación de empleo, el fortalecimiento de la seguridad de Europa y la igualdad de género serán las prioridades de Zapatero para este semestre.

El Gobierno cree conveniente que la salida de la crisis se apoye en políticas coordinadas para ir retirando progresivamente los estímulos fiscales y las ayudas al sector financiero aplicadas en los últimos meses y reducir así el déficit público.

En medio de una mayoría de gobiernos de centro-derecha y de un horizonte de empleo pesimista, Zapatero aspira a trasladar a Europa los pilares que quiere para construir el futuro de España: formación, nuevas tecnologías, educación, energías limpias y protección para el trabajador.

También ligado al plano económico, España se ha marcado como objetivos hacer que la UE siga liderando la lucha contra el cambio climático después del fracaso de la Cumbre de Copenhague y promover una política energética común para garantizar el abastecimiento.

Mayor igualdad, economía sostenible, coordinación antiterrorista e innovación

En materia de seguridad, España trabajará para lograr una mayor coordinación entre los países e instituciones europeas en la lucha contra el terrorismo internacional y el crimen organizado desde el punto de vista político, judicial y policial en un momento marcado por el frustrado atentado de Al Qaeda en Estados Unidos y de los planes de ETA de aprovechar el altavoz europeo para salir de su letargo.

Otro objetivo es avanzar hacia la armonización de las legislaciones de cada Estado miembro y en el mutuo reconocimiento de las decisiones judiciales. Se propone además la creación de un registro de delincuentes de terceros países, así como la atención de las víctimas del terrorismo y de la violencia machista.

El Gobierno aboga por la creación del Observatorio Europeo de la Igualdad de Género y por hacer partícipes de las mismas oportunidades a todos los ciudadanos de la UE.

Todas las actuaciones que lleve a cabo la presidencia española tendrán como principios vertebradores la innovación -tecnológica, económica, institucional y política- y la igualdad -entre hombres y mujeres, regiones y estados-. El control migratorio es otra meta fijada por España, que defiende la unificación de los criterios de contratación laboral y de repatriación para quienes entren ilegalmente en la UE.

En política exterior, España deberá devolver a la UE el prestigio perdido en los últimos tiempos y lograr situarse a la altura de potencias como EEUU o China, así como mejorar la cooperación con otras regiones, como el Mediterráneo, Afganistán y Pakistán, Canadá, Japón y África, con la base siempre del respeto a los derechos humanos.

Apoyar el proceso de adhesión de Croacia e Islandia y acercar Turquía a la órbita europea son también prioritarias, como la de consolidar a Marruecos como un socio estratégico.

En el ámbito social, se promoverán iniciativas para mejorar la calidad de los sistemas de salud, la seguridad alimentaria y la protección de los consumidores. Para completar el cuadro de objetivos, se subraya la importancia de defender la propiedad intelectual frente a la piratería y de desarrollar el espacio europeo de investigación.

Todas estas líneas de actuación están compartidas con Bélgica y Hungría, los países que sucederán a España al frente de la UE en el segundo semestre de 2010 y la primera mitad de 2011, respectivamente.

El programa en trío es una novedad que se inicia con la presidencia española para dar continuidad a determinadas líneas de trabajo en el medio y largo plazo, como son la inmigración y el cambio climático en esta ocasión.

El presupuesto para los seis meses ronda los 90 millones, unos 20 más de lo que Aznar gastó en 2002 cuando la UE tenía quince socios.