En 2011, la investigación pública se comenzará a hacer por contrato laboral y su financiación correrá a cargo de agencias independientes del poder político. Así lo explica Felipe Pétriz (Aragüés del Puerto, Huesca, 1951), cuya mayor ansia es que el anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que renovará el sistema español de I+D, llegue al Consejo de Ministros el 12 de marzo. Antes debe consensuarla, en menos de dos semanas, con sindicatos e investigadores, a los que recibió ayer antes de contestar en su despacho a las preguntas de Público.

¿Cuáles son las aportaciones claves de la Ley de la Ciencia?

La Agencia Estatal de Investigación y la nueva carrera científica. Con la agencia, el poder político va a influir menos, lo que tendrá un efecto estabilizador en la investigación. Esta ley sin agencia no puede ser. En cuanto a la carrera, pasar a entender que un joven que empieza a realizar su tesis doctoral ya es un contratado tiene una relevancia tremenda, porque es reconocer la profesionalidad de ese trabajo.

¿Cuándo comenzarán a aplicarse los nuevos contratos?

No parece arriesgado pensar que la ley estará aprobada y publicada antes de final de año. Respecto a la Agencia Estatal de Investigación, el día que se eleve este documento al Consejo de Ministros, habrá ya un borrador de su estatuto. También en la memoria económica se reflejará la planificación para la sustitución de los contratos en lugar de las becas. Como acabamos de convocar nuevas becas que se resuelven en junio, los que las consigan entrarán en el sistema de I+D con ese procedimiento.

¿Entonces, habrá o no becas en 2011?

Los que acaben de recibir una beca de la última convocatoria, tendrán beca. Los que tengan un contrato Ramón y Cajal vigente, seguirán con ese contrato. A partir de 2011, cuando acaba el Plan Nacional, todas las convocatorias se atendrán a lo que dice la nueva ley.

¿Y los que ya se han dado, como los Ramón y Cajal?

Seguirán en sus condiciones. Lo que no hay es una aplicación retroactiva. Otra cosa es que uno quiera renunciar a lo que tiene e incardinarse en el nuevo sistema. Pero yo entiendo que lo razonable es que la persona que ya ha entrado con un modelo lo agote.

¿Se les dará la opción de cambiar de modelo?

Eso no hay que regularlo. La ley sólo define el nuevo modelo y lo pone en marcha. Según la ley, para programas de ayuda a la formación que se encuentren en vigor, se continuará utilizando la situación jurídica de beca durante los dos primeros años. Los contratos laborales que ya se hubieran suscrito se mantendrán en su forma inicial hasta finalizar su vigencia.

¿Cómo será en la práctica la nueva carrera científica?

La ley prevé un contrato predoctoral, otro contrato postdoctoral de acceso al sistema español de ciencia y tecnología, una modalidad para contratar investigadores distinguidos y otro contrato para la realización de proyectos específicos. Lo habitual será que una persona con un contrato predoctoral haga el trabajo que se le encomienda para finalizar con el título de doctor. Un doctor se encontrará con que tiene un título y que ya ha hecho su primer trabajo importante de investigación. En ese momento, va a hacer una estancia en otro centro en el extranjero o en otro organismo, y habrá una adquisición de competencias. Cuando crea que está en condiciones de participar para obtener un contrato de acceso, se incardinará en un contrato que tiene una evaluación a los tres años. Si no lo supera, habrá una oportunidad de repesca hasta el quinto año. Él dirá si quiere que se le evalúe al cuarto o al quinto. Si no lo supera, sale del sistema. Si lo alcanza, ya tiene un contrato indefinido. Paralelamente, en Organismos Públicos de Investigación (OPI) y universidades hay unas plazas de funcionarios. Tener el contrato es una condición necesaria, pero no suficiente, pues tendrán además que pasar el proceso selectivo de los funcionarios. Dependerá de la política de plazas en los puestos de funcionario. El modelo es lo suficientemente rico para que dé respuestas a las demandas.

¿Qué pasará con los que aprueben las evaluaciones pero no tengan plaza?

El sistema tendrá que planificar las plazas que saque para no encontrarse con situaciones contradictorias.

¿Cómo va a funcionar la agencia en la práctica y cuándo empezará a gestionar fondos?

Por nosotros, cuanto antes. Habrá una propuesta que tendremos que trabajar con la misma voluntad de consenso, pero compatible con tomar las decisiones cuanto antes. En cuanto al marco de financiación, que quede claro que se pone en marcha sin un coste adicional. Junto al CDTI, permitirá manejar las partidas económicas con los presupuestos de más de un año. Es lo que observamos que diferencia a una agencia del sistema actual y es lo que observamos en los modelos europeos de agencias en los países a los que queremos seguir los pasos, como Francia, Reino Unido, Finlandia, Dinamarca o Bélgica.

La ley ha estado siete meses estancada. En menos de tres, usted la ha sacado del ministerio y la está discutiendo con los agentes sociales. ¿Qué ha hecho que no se estaba haciendo antes?

Seguir trabajando como habían hecho los que han estado trabajando hasta que he llegado yo. Lo que sí ha habido en las últimas semanas es una voluntad política de acelerar y entender que las observaciones y las ideas ya estaban encima de la mesa, y había que tomar una decisión. Estamos ahora en ese trabajo intenso para cumplir el compromiso del presidente del Gobierno de llevar a Consejo de Ministros el próximo día 12 de marzo el anteproyecto de la Ley de la Ciencia.

Este lunes, acaba de reunirse con la Federación de Jóvenes Investigadores/Precarios (FJI). ¿Han puesto pegas al texto?

Han hecho una observación importante sobre el contrato predoctoral. Plantean ampliar esas condiciones de transformación de becas en contratos para cuando la fuente de financiación no sea el sistema público, sino el privado. Tiene sus dificultades. Podría repercutir en que hubiera menos financiación para la labor de mecenazgo en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La FJI y otras asociaciones de jóvenes investigadores se manifestarán el 6 de marzo bajo el lema Investigar es invertir en futuro. ¿Le parece un mal presagio para la nueva ley?

Si es buen presagio o no, tengo encomendado este trabajo. Tengo que centrarme en conseguir la mejor redacción del texto y los demás que hagan lo que crean que tienen que hacer. El objetivo es que vamos a dar con un texto que tendrá una valoración positiva.

¿Tiene miedo de que la negociación con los agentes sociales retrase el calendario marcado?

Miedo, nunca. Todos los interlocutores están avisados de lo importante que es que esta ley salga bien y en el calendario marcado. Estoy convencido de que las cosas van a ir bien.

¿Cuánto va a costar poner la ley en marcha?

El coste más importante será el pase de las becas a los contratos, no tanto por las retribuciones, sino por las contribuciones a la Seguridad Social. La ley contempla una deducción del 30% en la cotización a la Seguridad Social, que ayuda a minimizar el coste. La comunidad científica puede estar tranquila de que cuando llegue la ley, tendrá un escenario económico claro.

¿De cuánto dinero hablamos?

El paso de becas a contratos costará unos 16 millones de euros. Los contratados van a cobrar lo mismo y tendrán la misma prestación.

La ley quiere dar a España un modelo puntero de I+D, pero el país aún va muy retrasado respecto a la UE en inversión en este campo. ¿Cuándo cambiará esta situación?

El momento económico es el que es, y nuestro objetivo es establecer el mejor marco normativo y el mejor sistema para que en 2010 no minimicemos ninguna capacidad científica y no haya ninguna merma en la cuantía de las convocatorias. Este ministerio ya está haciendo el mejor trabajo de cara a la elaboración de presupuestos de 2011. Tendremos el mejor de los ejercicios, sin olvidar que también hay otras demandas de naturaleza social. Creceremos al mejor de los ritmos que el país pueda asumir.

Los investigadores siguen quejándose de supuestos recortes en el presupuesto del ministerio, y revistas como Science y Nature se han hecho eco de la confusión respecto a las cifras. ¿Ha habido recorte o no?

Los presupuestos del Ministerio han crecido en torno al 3%. No henos suprimido convocatorias. En estos momentos, el ministerio está más centrado en la preparación de los presupuestos de 2011 que en la ejecución de 2010. No entendemos cómo a estas alturas seguimos hablando de reducción, cuando las capacidades del sistema se están manteniendo.

¿Qué podemos esperar del presupuesto de 2011?

Las unidades del ministerio están haciendo sus previsiones. Decir lo que va a pasar en 2011 es prematuro.

¿Se podrá hacer frente a la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia en 2011?

Sí, absolutamente.

Este martes, comienza en Alemania la reunión del Observatorio Austral Europeo (ESO), que decidirá si el Telescopio Extremadamente Grande se instala en España o Chile. ¿Qué posibilidades reales tenemos?

Las condiciones técnicas de nuestro cielo en La Palma son las que son. A España sólo le quedaba hacer un apuesta competitiva para ganar. La semana pasada, se trasladó al ESO una propuesta poniendo 300 millones de euros sobre la mesa. Ahora le corresponde a esta organización hacer las valoraciones técnicas. Estamos confiados en que hará un trabajo serio.

¿Nos ayudará el hecho de que 13 de sus 14 miembros son países de la UE?

El ESO decidirá con rigor. Los científicos no pueden tomar decisiones basándose en los sentimientos y creo que lo que va a primar son los criterios científicos. En otro terreno, el económico, que era en el que más podíamos hacer, hemos hecho el mejor de los ejercicios.

La ministra Garmendia explicó que usted llegaba al ministerio para cumplir una nueva etapa y sacar adelante la Ley de la Ciencia. ¿Termina esa etapa el 12 de marzo, cuando llegue al Consejo de Ministros?

No tengo previsiones. Lo que tengo es la voluntad de ir adonde se me llama a trabajar y hacer lo que se me encomienda. No me preocupa el futuro. A mí me han traído aquí para sacar adelante la ley de forma prioritaria. Me estoy entregando, pero esta secretaría de Estado no hace sólo una ley, sino más cosas. Trabajo tiene.