Era la semana de la recta final. Y ha resultado que en esta recta final se ha perfilado también una curva imprevista: el juez Garzón quiere marchar a La Haya como asesor externo de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), manteniendo su plaza de magistrado-juez de la Audiencia Nacional, y con el permiso preceptivo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe otorgar para ejercer su nueva actividad en calidad de 'servicio especial'.

El juez está ofreciendo, pues, su salida con el indisimulable propósito de rebajar la presión que se acumulaba en los tres escenarios implicados: el Tribunal Supremo, el CGPJ y, cómo no, el Gobierno. Con este movimiento, el juez aspira a evitar in extremis la suspensión cautelar en sus funciones prevista a continuación de dictarse el auto de apertura de juicio oral.

El juez quiere sentarse en el banquillo como miembro de la CPI

Esta no es la salida que durante largos meses se ha imaginado. Hubo varios escenarios. Pero quizá el más interesante era éste: su nombramiento para ocupar una plaza vacante, prácticamente creada para él, de magistrado de enlace entre el poder judicial de España y los países de América Latina, con base en Colombia.

La Sala Segunda veía que su salida era una fórmula para desactivar la bomba de relojería que hacía tic tac. Si Garzón abandonaba definitivamente la Audiencia Nacional (es decir, sin reserva de plaza) decaía la competencia del Tribunal Supremo sobre sus causas y estas pasaban a un Tribunal Superior de Justicia. Pero Garzón, según fuentes fidedignas, estimó que optar por esta salida era deponer su principal instrumento de defensa para enterrar las causas pendientes: el de seguir siendo titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

A medida que las tensiones han ido aumentando, el Gobierno comprendió que aun deseando superar una situación que le había llevado a enfrentarse con el Supremo ya no podía promocionar una salida. No de manera abierta. Otra cosa era respaldar discretamente cualquier posible destino en organismos internacionales, como, por ejemplo, la CPI, en la cual el peso de Naciones Unidas es muy relevante.

En esta partida de ajedrez, el que busca encuentra. Ese es el significado de la propuesta del fiscal Luis Moreno Ocampo, amigo personal de Garzón, para incorporarse a la CPI. Una invitación que ha surgido en el contexto de la movilización internacional a favor del juez suficientemente a tiempo como para mover la última pieza espectacular antes de la decisión del magistrado Varela de sentarle en el banquillo. El movimiento asume como irreversible la apertura del juicio oral.

Varela tiene dos alternativas. Puede esperar la resolución de los recursos pendientes aprovechando el respiro que da el gesto de Garzón. O seguir como un bulldozer, con acusaciones fantasma inservibles, contra la nueva petición de nulidad de la fiscalía, por haber hecho de oficio diligencias (indicar cómo acusar) que un juez instructor ya no puede hacer pasada la instrucción y entrada la causa en la fase intermedia de preparación del juicio oral.

En cuanto al CGPJ y la petición de servicios especiales de Garzón, el presidente Divar intentará desactivar la bomba.