Desde que a mediados del siglo XVI las primeras semillas de tabaco llegaran a España procedentes de América y fueran sembradas en los alrededores de Toledo, el uso de esta planta como droga ha sido la causa de incalculables muertes y casos de enfermedades graves.

Sólo en España el tabaquismo es hoy responsable directo de más de 50.000 muertes al año, de las que unas 3.000 corresponden al llamado tabaquismo pasivo.

Este escenario debería cambiar a partir de ahora gracias a la aprobación definitiva, hoy en el Congreso, de la reforma de la Ley Antitabaco, que supondrá la erradicación de esta droga legal de bares y restaurantes y, en general, de todos los espacios públicos cerrados a partir de su entrada en vigor el próximo 2 de enero.

No hubo sorpresas en el debate y votación de las ocho enmiendas introducidas en el Senado, que en su mayoría fueron rechazadas. En tres de los casos gracias al voto coincidente de PSOE y PP. Este partido mantuvo su apoyo a los espacios para fumadores en locales de juegos y a la propuesta de CiU para compensar a los hosteleros por las inversiones realizadas siguiendo lo establecido por la ley anterior, pero ninguna de estas enmiendas salió finalmente adelante.

Tan sólo se aprobó, por la mayoría de los grupos, incluyendo el PP, un cambio para permitir la venta de tabaco a través de máquinas expendedoras en locales con acceso directo a la calle cuya actividad principal sea la venta de prensa. Este tipo de establecimiento se da sobre todo en Canarias. Asimismo, y también atendiendo a la realidad canaria, se permitirá la venta manual de puros en estos y otros establecimientos similares que cuenten con el permiso correspondiente.

Todos los portavoces defendieron sin diferencias sustanciales el contenido de la Ley en cuanto a su vocación por mejorar la salud pública y reforzar el derecho de los no fumadores a no respirar el humo del tabaco, un producto que en cualquier caso permitirá ingresar al Estado en 2011 más de 8.200 millones en impuestos.

La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, afirmó que la nueva Ley constituye 'un paso decisivo a favor de la salud pública', y expresó su deseo de que ocurra en España algo similar a lo que pasó en Irlanda, donde sólo un año después de la prohibición del tabaco en bares y restaurantes las admisiones hospitalarias por infarto se habían reducido en un 11%.

Sobre la principal incógnita que surge tras la aprobación del texto, hasta qué punto se hará cumplir, Pajín pidió la colaboración de las comunidades autónomas, los empresarios y los ciudadanos, y lanzó un mensaje a los posibles insumisos: 'No es una ley interpretable; es una ley clara'. En cuanto a los hosteleros, pese a entender sus 'dudas' sobre los efectos de la Ley en su negocio, aseguró que, como demuestra la experiencia de otros países, 'los bares y restaurantes sin humo no se quedarán sin clientes'. La ministra recordó que el 70% de la población española no fuma.

En la misma línea, la diputada socialista Pilar Grande destacó la importancia de la norma para evitar que los menores y jóvenes se inicien en el hábito y pidió la colaboración de todos 'para que no existan insumisos, ni particulares ni institucionales'. Asimismo, aseguró que la ley tendrá una repercusión positiva en las cuentas de la sanidad pública [no en vano el tabaco supone un coste sanitario y social de casi 17.000 millones de euros, es decir el 1,5% del PIB, según estimaciones del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo].

Frente al discurso más crítico mantenido en otras etapas de la tramitación de la norma, el PP, por su parte, destacó las bondades de la ley a través del diputado y médico Santiago Cervera que, en lugar de entrar en el contenido de la enmienda introducida por el PP en el Senado para permitir fumaderos en bingos y casinos, hizo un discurso centrado en la importancia de la ley para la salud pública.

Para Cervera, la ley está 'plenamente justificada' y afirmó que desde el PP 'en ningún caso se han priorizado' consideraciones de tipo económico sobre las de salud. También hizo hincapié en la necesidad de que la ley se cumpla para permitir 'un futuro libre de enfermedades causadas por el tabaco'.

La mayoría de los grupos consideran que la Ley Antitabaco de 2005 fue insuficiente para acabar con la presencia del tabaco de los locales públicos. Para Concepció Tarruella, de CiU, es evidente que la norma anterior 'se quedó corta' y que permitir zonas de fumadores en locales de hostelería se tradujo en una laxitud a la hora de cumplir la ley que 'ha perjudicado a muchas personas'.

Desde IU, el diputado Gaspar Llamazares, a su vez médico y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, se sumó también al tono general de elogios hacia la nueva normativa, que consideró, más allá de su faceta sanitaria, como una ley 'de libertades' que además ayudará a la sostenibilidad del sistema sanitario, pero también al de la propia hostelería, ya que la mayoría de la población prefiere 'una hostelería de calidad y sin malos humos'. 'Es un buen día para la salud pública', dijo.

El debate fue seguido con atención desde la tribuna de público del Congreso por algunos de los principales representantes del ámbito sanitario, como los presidentes de los colegios de médicos y enfermeros, Juan José Rodríguez Sendín y Máximo González Jurado, o la presidenta del CNPT, María Ángeles Planchuelo.

Todos ellos, junto con representantes de otros colectivos como los farmacéuticos, han hecho frente común en las últimas semanas para que los grupos no se dejaran influenciar por las presiones de la industria tabaquera y los hosteleros para introducir excepciones y aplazamientos de la norma, que entrará en vigor, tal como pretendía el Gobierno desde el primer momento, el próximo 2 de enero. Representantes de otros colectivos sociales y de consumidores también poblaron las tribunas de público, sumando por momentos más asistentes que diputados había en el pleno.

¿Qué aporta la ley? La reforma aprobada endurece la Ley de 2005, que logró erradicar el tabaco de los trabajos pero no de la hostelería. Desde el 2 de enero todos los bares y restaurantes (a excepción de las terrazas) estarán libres de humo en su totalidad, así como la inmensa mayoría de locales públicos cerrados.

¿Se podrá hacer cumplir? Al estar las competencias de salud pública transferidas, serán las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos los encargados de inspeccionar y hacer cumplir la ley, aunque cualquier afectado podrá denunciar su incumplimiento.