La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, quiere que la decisión sobre el dragado del río Guadalquivir para permitir que buques de gran tonelaje arriben en el puerto de Sevilla se tome de acuerdo con el Consejo de Participación de Doñana, que preside Felipe González. Ayer, en Madrid, se produjo un encuentro entre la secretaria de Estado Teresa Ribera y Manuel Fernández, presidente de Puerto de Sevilla, organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, en la que se acordó remitir a Doñana un proyecto que proteja las márgenes del Guadalquivir, como estipula la declaración de impacto favorable aprobada en 2003, cuando gobernaba el PP.

Sin embargo, la llegada al ministerio de Cristina Narbona (PSOE) frenó el dragado. Narbona quería que le demostrasen que la operación no iba a afectar al Parque Nacional. Encargó entonces un informe no vinculante para conocer el verdadero impacto medioambiental que tendría ampliar en determinados puntos el fondo del río de seis a ocho metros y ensanchar las márgenes de 30 a 90 metros para que cruceros y el 90% de los barcos mercantes del mundo puedan atracar en la ciudad. La comisión de científicos del CSIC tardó cinco años en aportar conclusiones. En diciembre pasado, Aguilar las recibió por fin. Los expertos opinan que el dragado 'no es recomendable por repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario, y por lo tanto de Doñana, y por no mejorar la situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad)'.

Puerto de Sevilla ha invertido 160 millones en una nueva esclusa

El Consejo de Participación de Doñana está compuesto por representantes de las administraciones, ecologistas, sindicalistas y científicos. Los verdes son pesimistas. Juan Romero, de Ecologistas en Acción, miembro del consejo, cree que, de haber una votación sobre el dragado, la perderían. 'El interés privado de Puerto de Sevilla pone en solfa el Parque de Doñana', dijo ayer a Público.

Puerto de Sevilla, tras el informe, ha tomado la iniciativa. Dos argumentos están sobre la mesa de Aguilar, además de los que esgrimen los opositores al dragado científicos, ecologistas, agricultores y arroceros. Puerto juega dos cartas: la económica y la legal. Por un lado, la nueva esclusa, una obra magna concluida hace pocos meses que ha costado 160 millones, quedaría reducida a una infraestructura inútil si no se draga el Guadalquivir y, por tanto, no llegan buques más grandes. Dejarían de crearse 15.000 empleos, aseguran. Por otro, el dragado cuenta con una declaración ambiental favorable y, se recuerda, los informes aún pendientes no son vinculantes, por lo que Rosa Aguilar tienen manos libres.

Los ecologistas recuerdan que Europa vigila estrechamente todo lo que tenga que ver con el Parque Nacional de Doñana.