El presidente de la Xunta ha decidido ir por libre de aquellas políticas del Ejecutivo central que no convengan al PP de Galicia, una de las formaciones regionales con más peso en el contexto nacional. De hecho, Alberto Núñez Feijóo es el único líder conservador que, lejos de resultar desgastado por la crisis económica y el incumplimiento del programa electoral el PP en el Gobierno de Madrid, reforzó su mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2012, al pasar de 38 a 41 escaños.

El último plantón ante Mariano Rajoy lo dio el lunes la Xunta de Galicia asegurando -tan sólo una semana antes de que se apruebe definitivamente en el Senado- que no aplicará la reforma local que tanto ha costado sacar adelante al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y que, ahora, además de a la práctica totalidad del arco parlamentario, suma la oposición de uno de los principales caladeros de votos del PP, Galicia.

En realidad, confirman fuentes conservadoras, los alcaldes gallegos de todo signo político nunca estuvieron conformes con el texto de Montoro y en este sentido lo manifestó una y otra vez durante la infructuosa negociación de la norma la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que preside el PP y que agrupa a los alcaldes de todas las localidades de Galicia.El lunes, finalmente, la Xunta se alió con sus regidores contra la norma del Ejecutivo y el vicepresidente Alfonso Rueda advirtió a éste de que 'no vamos a consentir una relación directa y única entre los ayuntamientos y las diputaciones como si las comunidades autónomas no existiésemos'.

La Xunta ha optado, pues, por no aceptar el refuerzo del poder de las diputaciones provinciales que viene denunciando el grueso de las entidades locales desde mediados de 2012 y que obligó al Ministerio de Administraciones Públicas a modificar el texto inicial en innumerables ocasiones, hasta que el Consejo de Ministros lo aprobó muy retocado -y todavía sin grandes apoyos entre los suyos- en julio de 2013. Rueda anunció el lunes que no apoyarán la norma nacional y que, además, el año próximo, modificarán su propia ley autonómica de Administración Local (1997) para acotar en lo posible el texto del Gobierno y delimitar perfectamente las competencias autonómicas, provinciales y locales conforme a las aspiraciones de los municipios gallegos.

La tajante negativa de la Xunta de Galicia a aplicar la nueva ley de la administración local llega a las pocas horas de que el presidente gallego aterrizara en Compostela procedente de una gira por Cuba de varios días no exenta de polémica.

Aunque el viaje de Feijóo a la Isla estaba programado desde hace tiempo -y comunicado cumplidamente a Rajoy y al ministro de Asuntos Exteriores-, la foto del líder del PP gallego con el presidente Raúl Castro ha removido los cimientos del sector más conservador del partido, representado por José María Aznar y Esperanza Aguirre. Aunque éstos aún no se han pronunciado públicamente sobre la gira del jefe del Ejecutivo gallego, fuentes de su entorno confirman que, particularmente la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha mostrado su perplejidad por la cordialidad con que Feijóo se relacionó con el Gobierno cubano durante estos días.Además de con Castro, el presidente de la Xunta se reunió con tres de sus ministros.

Las posiciones del Gobierno de Rajoy en general y de Feijóo en particular frente a La Habana están a años luz de las que ambos blandieron durante sus respectivas tareas de oposición. Mientras el PP criticó duramente en Madrid los esfuerzos del exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para que la UE relajará su política hacia la Isla, el líder del PP gallego cargó contra el entonces presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, por viajar a Cuba en 2007 sin reivindicar ante sus mandatarios 'el respeto a los derechos humanos, la democracia y la libertad' del pueblo cubano. Nada de esto figuró en los discursos de Feijóo pronunciados en La Habana la semana pasada.

Desde que gobierna, el Ejecutivo de Rajoy también ha aparcado su discurso anticastrista de oposición, un rechazo que sí mantienen los citados Aznar y Aguirre y que cobró especial intensidad tras el accidente de coche en Cuba del hoy secretario general de Nuevas Generaciones de Madrid, Ángel Carromero, en el que perdieron la vida los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero. Mientras el Gobierno negoció con La Habana el traslado de Carromero para que cumpliese su condena por homicidio imprudente en España, ni Aznar ni Aguirre ni el propio dirigente juvenil -con el apoyo de los familiares de Payá- se han cansado de denunciar que los auténticos culpables del choque del vehículo de Carromero fueron los servicios secretos de Castro. El Gobierno de Rajoy, sin embargo, niega esta teoría.