Los miembros de la banda terrorista ETA que mostraron las armas a los 'verificadores' expresaron su 'compromiso verbal' de dejarlas fuera de uso, las metieron en una caja de cartón y se quedaron con ellas, según fuentes jurídicas. Así lo han relatado los tres miembros de la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) que han comparecido durante tres horas y media ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para declarar como testigos sobre el paradero de los etarras con los que se reunieron.

Los etarras, que prometieron a los verificadores no hacer uso del material mostrado, enseñaron el pequeño arsenal en un piso de la localidad francesa de Toulouse a finales del pasado mes de enero. Después de que uno de los miembros de ETA presente grabara las imágenes que se difundieron el pasado viernes por la BBC, recogieron las pistolas, el fusil, las granadas y el explosivo expuesto y lo guardaron en una caja de cartón que precintaron con cinta adhesiva y que se llevaron de la vivienda.

Ram Manikkalingam, Ronnie Kasrils y Chris Maccabe han explicado que recibieron una carta anónima en la que se les pedía que acudieran a la ciudad francesa a finales de enero. A la cita acudieron únicamente Manikkalingam y Kasrils, que se desplazaron en tren hasta Toulouse. A su llegada a la estación les recibió un hombre con gafas y un gorro que les esperaba en un coche. Esta persona, que no se identificó, les trasladó a un edificio en el que entró directamente por el garaje, han precisado.

Los tres miembros de la CIV a su salida de la Audiencia Nacional, donde han declarado ante el juez Ismael Moreno. EFE/Zipi

Los dos verificadores subieron desde el parking a una vivienda donde se encontraron el escenario que mostraba el vídeo difundido. Les ofrecen un listado con la relación de armas y explosivos, que firmaron únicamente con el compromiso verbal de los tres etarras presenten de que el material que les enseñaban estaba inutilizado. En ningún momento llegaron a tocar nada de lo que se exponía, han indicado las citadas fuentes.

Los tres verificadores han reconocido ante el juez Moreno que fueron 'contactados' en Amsterdam en junio o julio de 2011. Han admitido que su labor está financiada por un colectivo que responde a las siglas DAG y que les paga 750 euros por cada jornada de trabajo.

Al término de la declaración, que se ha prolongado durante tres horas el portavoz Manikkalingam ha leído una corta declaración en inglés en la que ha indicado que su intención es ser 'transparentes' y colaborar con la Justicia. 'Creemos que existe un auténtica oportunidad para la paz', ha dicho. Las declaraciones se han producido en el marco de una diligencias previas las 26/2014, abiertas por el juez a raíz de la petición realizada por la asociación de víctimas Covite. Todos ellos han respondido a las preguntas efectuadas por el juez y la fiscal Carmen Monfort en inglés con la asistencia de un traductor y sin contar con la presencia de abogados.

La solicitud de Covite, registrada el pasado viernes por la tarde, instaba a la Audiencia Nacional a citar a los verificadores internacionales 'de urgencia' para que dieran información sobre 'con quién se reunieron, qué contactos han tenido con terroristas huidos de la justicia y buscados por las fuerzas de seguridad, si conocen su paradero actual, si saben quiénes son, dónde se reunieron, y den toda la información necesaria para que sea trasladada a las Fuerzas de Seguridad y estas detengan a estos terroristas de inmediato'.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policías (SUP) ha calificado como 'tomadura de pelo' la decisión de los miembros de la banda terrorista ETA que mostraron las armas a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) de volvérselas a llevar. Según ha explicado el portavoz del SUP, José María Benito, esta actuación 'forma parte de la burla a la que acostumbran' tanto los miembros de ETA como los verificadores internacionales. En este sentido, ha recordado las palabras del ministro de Interior, Jorge Fernández-Díaz, autorizando a la Policía y a la Guardia Civil como 'únicos verificadores posibles'. 'A esta gente nadie les ha llamado, el Gobierno no ha contado con ellos para nada y asumen unas atribuciones que no les corresponde. Después de ver la puesta en escena que vimos y conociendo que se volvieron a llevar las armas, es una burla a las victimas y a todos', ha explicado.