“El Ayuntamiento de Madrid se dedica a denunciar a las personas que desahucia”, con esa crudeza resume Manuel San Pastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social, el proceso judicial por el que están pasando 18 activistas de la plataforma antidesahucios.

A estos activistas se les imputa una falta de desobediencia por personarse en el consistorio con la intención de reunirse con la concejala de vivienda, o cualquier otra autoridad competente en materia, para buscar soluciones a un caso dramático. Julia, una anciana de 80 años convaleciente de un cáncer con una hija con minusvalía psíquica, estaba a punto de ser desahuciada. La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) vendió su casa a un fondo buitre que le duplicó el precio del alquiler.

El Ayuntamiento les pide 360 euros a cada uno, un total de 6480 euros. Esta cantidad resulta inasumible muchos de los activistas denunciados. Seis de ellos han sido desahuciados.

“Queríamos hablar con alguien de mi situación y de repente aparecieron policías por todas partes y nos dijeron que no podíamos estar allí”, ha declarado hoy Julia en el juicio. Los activistas han insistido en que en ningún momento la policía les dió un mandato firme de abandonar el edificio. A ojos de los abogados de la defensa, esto exculpa totalmente a los denunciados de cualquier posible delito de desobediencia. “No se desobedece ninguna orden porque no hay ninguna orden”, explicaba una de las letradas.

El relato de los Policías atestigua que los activistas no provocaron ningún tipo de desorden

Además, los afectados por la vivienda han explicado al juez que se personaron allí por mandato de otra autoridad pública. En la EMVS les aseguraron que era al Ayuntamiento a dónde tenían que acudir. Una vez allí, se negaron a desalojar el edificio hasta que fuesen atendidos. El relato de los Policías atestigua que los miembros de la PAH no mostraron en ningún momento una actitud hostil y que no provocaron ningún tipo de desorden.

Al ver que nadie atendía sus peticiones, los afectados llamaron a Jorge García Castaño, que por aquel momento era concejal de IU en la asamblea de Madrid. En el momento que este hizo de intermediario, la mayoría de activistas se fueron del consistorio. Dentro solo quedaron Julia, San Pastor (su representante legal) y un par de personas que ayudaban a la anciana a moverse.

Al final nadie les atendió, pero gracias a la presión popular en esas fechas y a la exposición mediática del caso, Julia recibió una alternativa habitacional. Ahora la quieren multar. Para ella, que cobra 600 euros de pensión, la multa supone un grave trastorno.

Gladis es otra de las 18 personas denunciadas. Fue desahuciada por el Santander y ahora va cambiando de hogar según las disponibilidades de amigos, familiares y gente de la PAH para acogerla. El Ayuntamiento también pide los 360 euros a Cecilia que fue desahuciada junto a su marido y sus dos hijos (uno de ellos de dos meses).

Es el mismo Ayuntamiento que vende sus viviendas a fondos buitre el que luego quiere multarles por movilizarse para buscar soluciones

“Nos multan por defender un derecho humano”, denuncia Gladis. Manuel San Pastor considera incide en que es el mismo Ayuntamiento que vende sus viviendas a fondos buitre el que luego quiere multarles por movilizarse para buscar soluciones.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, se ha celebrado en los juzgados de Plaza de Castilla. Han acudido cerca de un centenar de personas entre familiares de los denunciados y miembros de la plataforma que se solidarizaban con ellos. El juzgado ha tenido que habilitar el salón de actos para celebrar la sesión, que, por el gran número de implicados, se ha alargado durante más de cuatro horas. Los activistas quedan ahora a la espera de recibir una notificación del juzgado con la resolución.