La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, aprobada el pasado mes de diciembre, estuvo ayer en el punto de mira de miles de cazadores de toda España que recorrieron el centro de Madrid.

Dicen, entre otras cosas, que se trata de una normativa restrictiva; que su redacción es confusa; que no define en qué humedales se prohíbe el uso de perdigones de plomo; que suprime modalidades de caza muy arraigadas en España y que abre la puerta a la libre expropiación de terrenos y cotos de caza. Motivos suficientes, según los cazadores, para salir a la calle y hacerse oír 'con más fuerza que nunca'.

El Ministerio de Medio Ambiente rebate todos estos argumentos. Recuerda que en España la caza es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y que el objetivo de esta ley de Patrimonio Natural es favorecer el desarrollo del medio rural y preservar los espacios naturales.

Con este panorama, cazadores convocados por la Federación Española de Caza, y agricultores y ganaderos, muchos de ellos del sindicato agrario ASAJA, convirtieron por unas horas el asfalto del paseo de la Castellana en una especie de montería. En la marcha no faltaron galgos, podencos, guardas forestales, cetreros con sus halcones, arqueros e incluso alguna que otra perdiz enjaulada.

No hubo escopetas ni rifles (la ley prohíbe exhibir armas en la vía pública, aunque estén descargadas), pero sí numeroso público ataviado con chaqueta austriaca, chaleco acolchado, zapato mocasín, pelo ensortijado y patilla ancha. Los sombreros tiroleses, los jerseys de marca al cuello y los cinturones con la bandera rojigualda dieron al acto un cierto toque aristocrático.

La concentración transcurrió sin pancartas ni eslóganes, aunque sí se lanzaron críticas contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El momento de mayor tensión se vivió cuando una decena de ecologistas, con un enorme muñeco con forma de zorro, irrumpió en la marcha para denunciar que 'la caza es un asesinato'. Hubo empujones e insultos, pero la cosa no fue a más.

Los cazadores ya han advertido al Gobierno que, si no se deroga la ley, volverán a tomar las calles dentro de seis meses.