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El CGPJ califica de "precipitada" la huelga de los jueces

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dijo el jueves que el número de jueces que ha optado por ir a la huelga el próximo 18 de febrero es una minoría y la consideró una medida de presión "precipitada".

El órgano de gobierno de los jueces emitió dos comunicados al día siguiente de las votaciones en casi todos los órganos judiciales, para decidir si se apoyaba una convocatoria de paro para el 18 de febrero realizada por las juntas de jueces de tres provincias.

"El Consejo General del Poder Judicial no puede sino lamentar que una minoría de la carrera judicial haya manifestado su voluntad de adoptar medidas de presión, que entendemos precipitadas y que podrían dejar indefensos a los ciudadanos en su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva", dijo el primer comunicado.

"Es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación, en la que el Consejo está trabajando intensamente, junto con las asociaciones judiciales, los órganos de gobierno del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades autónomas, en pos de un profundo proceso de modernización de la justicia", agregó.

El Consejo aboga por seguir trabajando "en busca del consenso, para resolver los problemas que vienen afectando a la administración de justicia".

audiencias provinciales o tribunales superiores de justicia - se mostraron partidarios de la huelga, y cinco, en contra.

SEGUIR DIALOGANDO

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió el jueves en que el Gobierno "seguirá dialogando".

"Primero se dialoga y luego se toman decisiones", dijo, según varios medios.

El lunes y el miércoles de la semana próxima el ministro de Justicia, Mariano Fernández-Bermejo, se reunirá con las asociaciones de jueces y fiscales.

Las cuatro asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente habían llamado a un "acto reivindicativo y de protesta" para el 18 de febrero y dejaban una posible convocatoria de huelga para el 26 de junio si el Ejecutivo no respondía satisfactoriamente a sus reivindicaciones.

Las tensiones entre la carrera judicial y el Gobierno han ido en aumento en los últimos meses, principalmente tras la discrepancia del Ejecutivo con la sanción impuesta al juez del "caso Mariluz" por no ejecutar una sentencia contra el presunto asesino de la niña onubense.

Entre las reivindicaciones de los magistrados se encuentran la instauración de la nueva oficina judicial, la informatización de los juzgados, la formación del personal de los tribunales y que se establezca una carga máxima de trabajo "razonable", así como una revisión de la estructura del sistema judicial.