La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó el viernes al Consejo de Ministros un informe de expertos que plantea reformar la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en España para introducir, entre otras cosas, abortar libremente en las primeras 14 semanas de gestación.

El informe plantea una ley de plazos que permita además el aborto hasta la semana 22 en dos supuestos: cuando exista un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto.

La normativa actual permite abortar en tres supuestos, y la nueva norma contemplaría plazos con indicaciones, similar a la mayoría de los países de la Unión Europea y atendiendo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, según el Ministerio de Igualdad.

"Estamos hablando todavía de conclusiones y recomendaciones del grupo de expertos que, junto a las conclusiones de la subcomisión que se creó a tal efecto en el Congreso, nos servirán de base para la elaboración de la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo y salud sexual y reproductiva", dijo Aído en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.

El comité, formado por catedráticos de derecho y medicina entre otros expertos, recomienda también eliminar el aborto como un delito del Código Penal y permitir a las jóvenes a partir de 16 años decidir sobre su embarazo sin consultar a sus progenitores.

"Si una adolescente puede casarse, puede tener hijos, lo coherente sería que también pudiese interrumpir el embarazo, eso es lo que establecen las recomendaciones del comité de expertos (...) El Gobierno estudiará esas conclusiones", afirmó la ministra.

El supuesto del grave peligro para la vida o la salud de la embarazada incluye los daños psicológicos. En la actualidad no existe un límite para argumentar daños psicológicos, afirmó una portavoz del ministerio, por lo que se está limitando a las 22 semanas.

En los dos supuestos, debe constar un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la intervención.

Los expertos plantean que la objeción de conciencia no sea impedimento en la sanidad pública o concertada para interrumpir un embarazo y que se establezca una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos no deseados.

El mes pasado la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó unas recomendaciones similares, no vinculantes, para la reforma del aborto, excepto que no establecía un número de semanas en las que la interrupción voluntaria sería legal.

"GOBERNAR PARA LA MAYORÍA"

Los grupos provida, como "Hazte Oír", consideran que la reforma supondría "una licencia para matar sin ninguna restricción" y ya han convocado movilizaciones contra la futura ley.

"Somos conscientes de que (...) no todo el mundo puede estar de acuerdo (pero) el Gobierno no puede en ningún caso atender a posturas fundamentalistas de ningún extremo, tiene que gobernar para la mayoría de la ciudadanía, y hacer una ley sensata, garantista, a la europea, similar a la que tienen los países de nuestro entorno y que solucione los problemas que existen con la ley actual", dijo la ministra.

La norma actual, aprobada en 1985, permite abortar en tres supuestos: si existen malformaciones del feto, si las mujeres han sido víctimas de violaciones y si existe riesgo para la salud de la madre, que incluye riesgos psicológicos.

La inmensa mayoría de los abortos que se realizan en España se practican en centros privados concertados, aunque los pague la sanidad pública.

Según datos hechos públicos recientemente, el número de abortos se ha duplicado en la última década. En 2007 se practicaron 112.000, mientras que en 1998, el total era de 53.000.