El Gobierno tiene claro que si alguna entidad financiera va a tener problemas en España en los próximos meses va a ser una caja de ahorros. Por eso, sus principales planes de rescate están diseñados para este tipo de entidades, aunque la nueva norma que se está ultimando no distinga entre bancos y cajas.

La vicepresidenta económica, Elena Salgado, explicó que el Estado entrará temporalmente en el accionariado de las cajas de ahorros que precisen ayuda estatal. Y lo hará mediante la compra de cuotas participativas, unos títulos similares a las acciones de los bancos que en este momento no otorgan derechos políticos, pero que a partir de ahora sí los tendrán.

Así, el Banco de España podrá mandar en las entidades con problemas. Si el desaguisado en la caja es muy grave, destituirá previamente a los administradores. Pasado un tiempo 'razonable', tras la reestructuración, la caja deberá recomprar al Estado esas cuotas participativas porque se trata únicamente de dar un 'apoyo excepcional y transitorio' para mejorar sus balances, dijo Salgado. Así, se evita que esas participaciones acaben en manos de inversores privados y, por tanto, se privatice la caja.

Pero la ley irá más allá. Aunque la ministra se esforzó en asegurar que no se modificará la ley de cajas, la realidad es que sí habrá cambios significativos en la normativa que regirá a aquellas entidades que reciban ayudas estatales.

Mientras tengan dinero público en sus arcas (la ley establecerá que habrán de devolverlo todo), quedará suspendida la aplicación de la ley de cajas. De esa forma, el Banco de España podrá, por ejemplo, obligar a que se fusionen cajas de diferentes regiones sin que las comunidades autónomas implicadas puedan ejercer el derecho de veto que tienen en condiciones normales. Salgado explicó que dejar a un gobierno regional impedir una operación de ese tipo sería tanto como permitirle que se niegue a que se intervenga una caja.

En su participación en un curso organizado por la APIE en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Salgado confirmó que el Fondo de Reestructuración y Reorganización Bancaria (FROB) estará dotado con 9.000 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado, más una cuantía de unos 8.000 millones que tienen acumulada los Fondos de Garantía de Depósitos.

La vicepresidenta confía en llevarlo al Consejo de Ministros antes de final de junio, aunque ayer insistió en que 'no hay urgencia' porque no hay ninguna entidad financiera española con problemas graves en este momento.

La vicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmó que España “va a comenzar a salir de la crisis en el mismo momento que los países de la Unión Europea”, cita que fechó en 2010 . Salgado destacó el “papel clave” del sector financiero para “superar la coyuntura en que vivimos”, y comentó que en las últimas semanas se están comenzando a registrar señales positivas, como la reducción de las primas de riesgo. “Es pronto para sacar conclusiones, pero la economía mundial podría estar tocando fondo”, dijo.