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Las medidas de impulso económico salen adelante con el voto del PSOE y la abstención del PP

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El Congreso convalidó hoy el decreto ley del Gobierno con medidas para impulsar la actividad económica y paliar los efectos de la desaceleración, gracias al voto favorable del PSOE y el apoyo de Coalición Canaria y con la abstención de la mayoría de los grupos, incluido el Partido Popular.

Sólo los tres diputados de IU, ICV y UPyD votaron en contra de este paquete de medidas con el que el Gobierno pretende inyectar más de 10.000 millones de euros en la economía española en el actual momento de desaceleración.

El PP, que criticó duramente el decreto ley por considerar que las actuaciones que contiene son insuficientes, y que reclamó al Gobierno que reconozca que la economía española atraviesa una crisis, optó sin embargo finalmente la abstención para este conjunto de medidas que incluye una rebaja fiscal de 400 euros.

También se abstuvieron los diputados de Convergencia i Unió, el Partido Nacionalista Vasco, ERC, el BNG y Nafarroa Bai.

El Pleno del Congreso también rechazó la petición del PP de que este conjunto de medidas se tramitase como proyecto de ley.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, explicó en su presentación del decreto ley que el rigor presupuestario de los últimos cuatro años ha permitido poder inyectar recursos en la economía para revitalizarla.

Solbes subrayó que el plan gira en torno a un eje social "de protección de trabajadores, empresas y familias ante la nueva situación económica" y otro económico, para impulsar la economía en una fase de menor crecimiento, pero, destacó "siempre dentro de la estabilidad presupuestaria".

El vicepresidente recordó que la "importante rebaja de impuestos" que incluye el decreto ley, con la que el Estado devuelve a la sociedad parte de los recursos generados durante un periodo de elevado crecimiento económico.

Frente a esta explicación, el portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, aseguró que la rebaja fiscal no va a llegar a 400 euros para buena parte de los contribuyentes a pesar de lo prometido por el Gobierno, del que criticó su "falta de credibilidad".

Montoro insistió en que el Ejecutivo tiene que reconocer que España está en crisis, como lo demuestran las cifras de destrucción de empleo y fuerte aumento del paro, y advirtió de que España es "más vulnerable" a las turbulencias financieras internacionales dado su elevado déficit exterior. "Si hay retraimiento de liquidez en el resto del mundo España está severamente perjudicada", añadió.

Pese a su fuerte discurso crítico, el PP finalmente se abstuvo en esta votación, al igual que CiU, cuyo portavoz, Josep Sánchez i Llibre, también calificó de "cortas" estas medidas, aunque confió en que su grupo pueda ayudar a mejorarlas alcanzando con el Ejecutivo "acuerdos importantes" a lo largo de la legislatura.

El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, justificó la abstención de su grupo, entre otras cosas, por "respeto" a las personas que se han hecho a la idea de que se beneficiarán de la deducción de 400 euros, y añadió que comprende la necesidad y la urgencia del Gobierno por revitalizar la economía en una situación que, a su juicio, "es preocupante, pero no alarmante".

De los grupos minoritarios, sólo Coalición Canaria apoyó el decreto-ley, y la portavoz de este partido, Ana Oramas, valoró especialmente las medidas que incluye para incentivar la movilidad geográfica en el empleo y las que mejoran el tratamiento fiscal de la rehabilitación.

Por el contrario, el portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, anunció su rechazo a este conjunto de medidas "parciales" que, lamentó, no han sido consensuadas y contienen sobre todo "regalos fiscales" que son "regresivos e injustos", y que contraerán un gasto público de más de 8.000 millones de euros.

En términos similares se pronunció Joan Ridao, portavoz de ERC, que optó por la abstención por entender que "nadie discute la oportunidad o la necesidad" de un plan económico urgente, aunque consideró que las medidas son "simplemente correctoras" y se dirigen principalmente a dar cumplimiento a "promesas electorales como mínimo discutibles".