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El modelo de financiación autonómica será votado de nuevo hoy en el Congreso

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Las dos leyes que componen el nuevo modelo de financiación autonómica, junto con las enmiendas aprobadas en el Senado, volverán hoy al Pleno del Congreso, donde serán votadas y previsiblemente aprobadas, ya que sólo necesitan de mayoría simple.

El proyecto de ley que regula el sistema de financiación de las comunidades de régimen común y Ceuta y Melilla, que modifica determinadas normas tributarias, y el de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), serán debatidos nuevamente, esta vez sin la intervención del Gobierno, y los portavoces de los grupos parlamentarios podrán fijar su posición.

El pasado 2 de diciembre el Pleno del Senado levantó el veto a las dos leyes que conforman el modelo, recibido de la Comisión General de las Comunidades Autónomas.

Ambas leyes contaban con tres vetos, uno del BNG, otro de CiU y un tercero del PP, y todos ellos fueron rechazados en la sesión plenaria de la Cámara Alta.

Entre las enmiendas que se votarán hoy se encuentra una del PP al proyecto de Ley de Financiación Autonómica aprobada por el Senado, para que el Estado aporte un fondo de 250 millones para comunidades autónomas con densidad poblacional inferior a la media y otro de otros 250 millones para las que tengan una dispersión de población superior a la media, en lugar de los 50 millones previstos inicialmente para cada variable.

En la misma sesión el Pleno del Congreso tramitará por la vía de urgencia el blindaje del concierto vasco, por lo que se reducirán los plazos de discusión de la norma, con la aprobación de la proposición de ley orgánica de modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial.

El Pleno de la Cámara aprobó el pasado 13 de octubre la toma en consideración de esta propuesta, una iniciativa del Parlamento vasco, con el voto en contra de UPyD y del PP, lo que motivó que los diputados vascos de este grupo se ausentarán.

La modificación de esas leyes supondrá que las normas tributarias de las Haciendas forales vascas sólo puedan ser recurridas ante el Alto Tribunal y no ante la Justicia ordinaria, como ocurre ahora.