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Ya son siete los encarcelados por el 'caso de los ERE' fraudulentos

La jueza ordena el ingreso en prisión de dos exdirectivos de Vitalia y el cuñado de Lanzas, tras estar tomando declaración a los imputados durante casi 24 horas sin descanso. La magistrada ha dejado en libertad con cargos a otras cuat

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La jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la anterior dirección general de Trabajo de la Junta de Andalucía ha ordenado este sábado el ingreso en prisión provisional de los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, así como de Ismael Sierra, cuñado del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla llegó a los juzgados sobre las 16.00 horas de este viernes y ha permanecido en su despacho hasta poco antes de las 16.00 horas del sábado, cuando se ha comunicado el auto de ingreso en prisión a los detenidos, destacando que el cuñado de Juan Lanzas podrá eludir la prisión previo pago de una fianza de 50.000 euros, según han informado a los periodistas fuentes del caso.

Asimismo, la juez Alaya ha ordenado el ingreso en la cárcel de Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las 'empresas pantalla' empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con ERE financiados por la Junta, que también podrá abandonar la prisión si paga una fianza de 50.000 euros.

Los cuatro se han limitado a ratificar la declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque el excoordinador de Vitalia Eduardo Pascual, cuya declaración finalizó a las 9,00 horas, ha querido hacer una serie de matizaciones a la misma en una comparecencia en la que le ha llegado a espetar a la juez: 'si usted piensa que esto es algo para coger dinero, dígame dónde lo tengo yo. Pregunte a los sindicatos y a estos señores de Andalucía', dejando claro que su patrimonio no se ha incrementado en los últimos años.

Durante su declaración, ha señalado también que hasta el año 2005 el 66% del volumen de negocio de Vitalia en España correspondía con Andalucía, pero a partir de ese año 'se invirtió la tendencia' y la cifra bajó al 34%. La jueza le imputa delitos de cohecho, asociación ilícita, malversación, prevaricación, falsedad documental y un delito contra la Hacienda Pública, los mismos delitos que imputa a María Vaqué, que fue directora general y administradora de Vitalia.

Tras conocer el auto de prisión, el abogado de Eduardo Pascual, José María Calero, ha atendido a los periodistas para señalar que recurrirán la decisión de la magistrada y que, al mismo tiempo, 'estudiarán si ha existido un exceso en el tiempo de detención', pues entiende que se han superado las 72 horas máximas previstas legalmente entre que se produjo la detención y que la juez le haya notificado el auto de ingreso en prisión.

En este sentido, ha defendido que 'todo apunta a que la operación fue realizada por la UCO y dirigida por el Juzgado', por lo que se trataría de una detención judicial y se habrían superado las 72 horas previstas por la Ley, aunque fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han defendido que se trata de una detención policial, por lo que una vez puesto a disposición de la juez, ésta cuenta con otras 72 horas para decidir si lo deja en libertad o lo manda a prisión.

De su lado, el letrado del cuñado de Juan Lanzas, José Luis León, ha dicho desconocer si podrán hacer frente a la fianza de 50.000 euros impuesta a su cliente, a quien la juez imputa delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, contra la Hacienda Pública y asociación ilícita.

Durante la maratoniana jornada, que ha durado 24 horas, comparecieron ante la juez ocho de los 22 detenidos por el Instituto Armado, de los que cuatro han ingresado en prisión y el resto han quedado en libertad con cargos, entre ellos María José Marcos, la esposa del exdirector general de Vitalia Antonio Albarracín, y José González Torrent, hijo del que fuera administrador de Uniter José González Mata, también imputado en la causa.

También han quedado en libertad con cargos Roser Masa, administradora de Fortia, y Gregorio M.P., amigo del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero. Aunque no fueron detenidos dentro de esta operación, también comparecieron este viernes ante la juez, en calidad de imputados, Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, y Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas, quienes quedaron también en libertad con cargos.

A los cuatro detenidos que han ingresado en prisión, hay que sumar los casos de Guerrero, Lanzas y Albarracín, que comparecieron como imputados ante la juez y que también fueron enviados a prisión sin fianza. La juez tiene previsto tomar declaración este próximo lunes al abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y al propio González Mata, ambos imputados en la causa.

Por otro lado, la juez Alaya ha dejado en libertad sin fianza, tras así solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, al presunto 'testaferro' de los ERE Juan Francisco Algarín, quien permanecía en la cárcel de Sevilla-I desde el pasado día 15 de enero.