El Departamento de Justicia de EEUU parece ponerse del lado de la industria discográfica al mostrar su conformidad por la probable resolución del caso de un hombre que fue acusado por descargarse canciones por Internet. Tannenbaum podría ser condenado a pagar un millón de dólares por su delito.

En 2003 recibió una carta donde se le acusaba de descargar música con un programa P2P y se le informaba de que podría evitar medidas mayores se abonaba una importante multa. Tannenbaum, en un esfuerzo por minimizar el asunto, ofreció abonar 500 dólares por las siete canciones, oferta que fue rechazada de inmediato. No volvió a saber del tema hasta 2007, cuando Sony BMG, Warner Records, Atlántic, Arista y UMG Recording, llevaron a Tannenbaum a los tribunales, donde el juez ordenó que ambas partes debían llegar a un acuerdo. En esta ocasión, el acusado ofreció 5.000 dólares, mientras la RIAA continuaba pidiendo más de 10.000 dólares, por lo que no se llegó a ningún acuerdo.

Actualmente, Tannenbaum estudia física en la universidad de Boston y está siendo representado por un grupo de estudiantes de derecho de Harvard, tutelados por el profesor Charles Nesson, fundador y director del Centro Berkman de Internet y Sociedad.

La clave del caso de Tannenbaum no es si es culpable o no de descargarse de forma ilegal esos siete temas, ni se juzga si los derechos de autor están siendo adecuadamente gestionados. La defensa de Tannenbaum aclara que 'no estamos luchando contra los derechos de autor', señalan. 'Como abogados y estudiantes de derecho, apoyamos la infraestructura jurídica y la aplicación razonable de nuestro sistema legal'.

Lo que argumentan en contra es sobre lo que ellos han denominado 'la inconstitucionalidad por daños por la aplicación de mano dura' que permite la Ley de Disuasión de Delitos Digitales y Restitución por Daños a los Derechos de Autor de 1999. Esta ley admite multas de hasta 150.000 dólares por daños y perjuicios, que deben aplicarse a cada violación de los derechos de autor.

Y, en esta ocasión, el Departamento de Justicia está de acuerdo. Cabe señalar que el vicepresidente Joe Biden ha sido un firme defensor de la RIAA durante mucho tiempo y que el Departamento de Justicia tiene entre su personal una serie de fans de la asociación. Sin embargo, las manifestaciones de este organismo sólo pueden interpretarse como una opinión que, todo apunta, en esta ocasión puede resultar de peso para la decisión que tendrá que tomar la juez Nancy Gertner en Massachusetts el próximo 30 de marzo.