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El vuelco en Extremadura da la puntilla a la refinería próxima a Doñana

Las exigencias de IU al futuro Gobierno incluyen no dar "ni un euro" público. Los últimos estudios del proyecto del Grupo Gallardo son "incorrectos y poco realistas", según la Junta de Andalucía

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La refinería y el oleoducto que prevé atravesar Andalucía, desde Huelva a la comarca extremeña de Tierra de Barros, promovidos por el empresario Alfonso Gallardo, esperan desde 2005 la autorización del Gobierno central con una china casi más grande que el zapato: el riesgo de un vertido en espacios protegidos como Doñana. Seis años después, el proyecto Refinería Balboa, defendido incluso por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, continúa acumulando deficiencias que, junto al nuevo escenario político en Extremadura donde cualquier Gobierno pasa ahora por Izquierda Unida, detractora de la infraestructura,lo dejan al borde del abismo.

Según el último informe de la Junta de Andalucía remitido al Ministerio de Medio Ambiente, la valoración que hace el empresario sobre los riesgos de la zona y los efectos que un vertido ocasionaría es 'incompleta, incorrecta y poco realista'. Entre otras carencias, el proyecto final no incluye un estudio de posibles afecciones por derrames de hidrocarburos en el pantalán donde prevé realizar las actividades; no tiene en cuenta la vulnerabilidad de los estuarios y marismas afectados, ni la singularidad geológica de ciertos lugares; tampoco los tiene en cuenta a la hora de proponer medidas en caso de fuga; las especies de fauna que incluye no siempre son las más significativas ni las más susceptibles de sufrir daños por un futuro escape de fuel; y no se hace ninguna mención a la flora.

El proyecto está pendiente de un aval del Gobierno que no llega

'Doñana y su zona de influencia litoral a través del Guadalquivir controlan el reclutamiento de los principales recursos pesqueros de Andalucía, por lo que su repercusión no es sólo ambiental sino que supone una enorme trascendencia económica. Los potenciales efectos sobre estos recursos no han sido valorados en su justa medida en la nueva documentación entregada por el promotor, cuando estos suponen unos riesgos muy serios tanto para los ecosistemas marinos de Doñana como para las economías que de ellos dependen', añade el informe, firmado por el director general de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta, Jesús Nieto González.

El documento está sustentado en otro informe de la Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana ambos adelantados por El Periódico de Extremadura que afirma rotundamente: 'La franja marítima de Doñana, espacio físico concreto en el que se pretenden desarrollar las actividades de tráfico mercantil, carga y descarga de hidrocarburos y principal elemento natural receptor de los contaminantes en caso de accidente, resulta casi del todo desatendida en los estudios desde el punto de vista ecosistémico'.

'Se sigue retardando la decisión con estudios sin sentido', afirmó el promotor

Las dudas medioambientales, por tanto, continúan planeando sobre un proyecto que ha estado, además, muy marcado políticamente. La ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, aseguró al todavía presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) el aval que necesita el proyecto para arrancar estaría lista antes de las elecciones del 22 de mayo. A estas alturas, según fuentes del Ministerio, aún no hay nada decidido. Las elecciones han pasado y el vuelco político, incluso con una DIA positiva, puede poner en dificultades económicas al proyecto, que supondría una inversión de más de 2.000 millones de euros.

El papel de IU es crucial. Entre sus líneas rojas para un acuerdo, tanto con el PSOE como con el PP, está el rechazo a la refinería. 'Ni un euro de la Junta para ello, sea cual sea la DIA, desviando esos fondos para dar oxígeno al campo extremeño', reza la Propuesta para la rectificación y giro a la izquierda de la política en Extremadura. Esa postura supondría retirar del proyecto el 20% de financiación pública que se había comprometido a aportar la Junta extremeña a través de la Sociedad de Fomento Industrial.

Vara, que heredó la defensa del proyecto de su antecesor, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se ha mostrado 'receptivo' a las exigencias de IU, que, de momento y en contra de la dirección federal, ha entregado la presidencia al PP. Tras un rechazo inicial, la postura mantenida últimamente por el candidato conservador, José Antonio Monago, ha sido favorable si el proyecto cumple con la legislación. Pero, independientemente de lo que diga el Ministerio, lo que tiene claro Monago, según fuentes del PP extremeño, es que no aportará ni un euro de las arcas públicas, como exige IU. A este panorama se suma la retirada del proyecto de algunos accionistas privados como la eléctrica Iberdrola.

A la duda ambiental se suma la retirada de accionistas como Iberdrola

'El que tiene que resolver es el Ministerio y no nos lo tiene que decir a nosotros, sino publicarlo en el BOE', aseguró a Público un portavoz del Grupo Gallardo, que no entró a valorar el nuevo escenario político. A principios de año, el grupo ya lanzó una dura crítica al Ministerio: 'Se sigue retardando la decisión final pidiendo informaciones y estudios sin sentido que ya han supuesto un desembolso millonario'.

Esos últimos estudios sin sentido a los que se refería la empresa son los que la Junta de Andalucía ha analizado en los dos informes citados. Y en ellos, los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente siguen pidiendo más papeles. Entre ellos, una 'sencilla estadística' de los sucesos reales acaecidos en las últimas décadas en las refinerías del mundo para calibrar los riesgos. La Junta echa en falta la 'reiterada ausencia' de estudios de episodios reales en el golfo de Cádiz y Doñana. Y pone como ejemplo el vertido producido tras las operaciones de descarga de un buque en la refinería de Cepsa en 2009, que afectó a 30 kilómetros de litoral.

'La valoración de vertido altamente improbable no es real', dice Andalucía

'La valoración de suceso altamente improbable [que concluye la empresa] no se ajusta a la realidad', insiste la Junta. Los técnicos muestran, además, su 'total desacuerdo' con la valoración que hace el promotor de las playas de Doñana: las sitúa en el segundo nivel en una escala de vulnerabilidad del 1 al 4. 'De ello podríamos deducir, sorprendentemente, que el litoral de Doñana se valoraría incluso por debajo de una teórica media en cuanto a severidad y sensibilidad', añaden. Y destacan: 'Especialmente preocupante es la conclusión de que gran parte del litoral presenta un escaso potencial como hábitat para especies de flora o fauna de interés'.

Por esa dirección discurre la línea roja que señalan los técnicos andaluces: la Red Natura 2000, una directiva europea cuyo objetivo es garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres calificados de interés comunitario, que en la franja costera de Doñana se elevan a más de 20. En caso de un informe negativo aún no hay fecha la Junta asegura que tendría que notificarlo a la Unión Europea, lo que dificultaría la tramitación de las instalaciones en Andalucía.

Ibarra tenía previsto aportar el 20% de los 2.000 millones de inversión total

Aunque políticamente no ha habido un posicionamiento contrario por parte del Gobierno andaluz el PP de Huelva sí se ha manifestado en contra, el consejero de Medio Ambiente, el socialista José Juan Díaz Trillo, aseguró el pasado enero a Público: 'Las cautelas tienen que ser las mayores. El informe que hizo la Junta en su día [anteriores a estos] es muy exigente. O es por ese camino o no será'. Tras ser preguntada nuevamente por este periódico, la Consejería no respondió.

Los técnicos inciden también en la falta de previsión de la empresa sobre el aumento del tráfico de petroleros que supondría la instalación de la refinería que se ubicaría en Los Santos de Maimona (Badajoz): 'En el estudio [de la empresa] no se refleja la frecuencia con la que se producen escapes de crudo y derivados. Tampoco el tamaño de las manchas (...). Se considera que el aumento en 60 barcos diarios aumentaría' el riesgo.