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El juez imputa "apropiación indebida" a la cúpula de la SGAE

Pablo Ruz los acusa también de "administración fraudulenta" y a 'Teddy' Bautista, además, de delito societario

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El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Eduardo Teddy Bautista, y los otros dos directivos de la entidad, detenidos el viernes por agentes de la Guardia Civil, pudieron volver a sus casas ayer, pasadas las siete de la tarde. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz les dejó en libertad tras tomarles declaración, pero sobre ellos pesan dos graves delitos. Uno es 'administración fraudulenta' y el otro 'apropiación indebida', respecto del que el magistrado precisa que reviste 'espe-cial gravedad, atendiendo al valor de la defraudación'. Ambos suman una pena de hasta diez años de prisión.

Además, Teddy Bautista, como presidente del consejo de dirección de la SGAE, se enfrenta a un delito societario, con el que se castiga la 'negativa o impedimento a socios del ejercicio de los derechos de información y participación' y por el que, si las diligencias abiertas acaban en juicio, podría ser condenado, además de con la pena de prisión prevista para los otros dos delitos, con hasta 12 meses de multa.

El fiscal no pidió ni prisión ni fianza para los detenidos que declararon ayer

En el acta de la asamblea general de la entidad de 2007 consta cómo un socio le recriminó que de los 88.000 afiliados con que cuenta la SGAE sólo 5.000 tuvieran voto y le preguntó por el entramado de sociedades en las que aparecía uno de los arrestados el viernes, que comparecerá hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 5, el director general de la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), José Luis Rodríguez Neri.

Los dos responsables de la empresa Microgénesis, que comparecieron ayer ante el juez, también quedaron en libertad. Se trata de su director financiero, Celedonio Martín, y de la máxima accionista, Elena Vázquez. Ambos se enfrentan también a los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta, pero, además, ella está acusada de alzamiento de bienes o insolvencia punible, que castiga con hasta cuatro años de cárcel al que 'realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación'.

Elena Vázquez está acusada de delitos que podrían sumar 14 años de prisión

La apropiación indebida que les atribuye el magistrado a los cinco detenidos que ayer comparecieron ante él castiga aquella en la que el valor de lo defraudado supera los 50.000 euros y cuando se cometa con 'abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche este su credibilidad empresarial o profesional'. Las primeras estimaciones de la Guardia Civil de lo presuntamente sustraído ascienden a unos 20 millones de euros.

Pese a la gravedad de los delitos imputados, el fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso, no solicitó ninguna medida cautelar para ellos, al entender que su arraigo familiar hace disminuir el riesgo de fuga que podría existir por la gravedad de las penas que afrontarían.

Hoy declararán en la Audiencia Nacional los otros cuatro arrestados

El auto, que les prohíbe salir de España sin autorización, les retira el pasaporte y les obliga a fijar un domicilio, desgrana el origen de las diligencias previas que han conducido a la detención de los tres directivos de la SGAE y de otras seis personas vinculadas a ellos o a las empresas presuntamente utilizadas para ocultar el desvío de los fondos obtenidos a través de los derechos de autor que recauda la entidad.

La Fiscalía Anticorrupción presentó su denuncia por delitos de apropiación indebida, uno continuado de estafa de especial gravedad y de administración fraudulenta, el 15 de marzo de 2010. Se basaba en otra presentada en noviembre de 2007 por la Asociación de Internautas a partir de una información de Público en la que se detallaba el conglomerado empresarial dependiente de la SGAE, que sin pertenecer formalmente a ella, compartía sede social y responsables.

Diez días después, el juez acordó el secreto de las actuaciones que podría levantarse hoy, cuando concluyan todos los interrogatorios. Desde ese momento, se tuvo como imputadas a las personas identificadas en las denuncias como responsables de la SGAE, la SDAE y Microgénesis, que podrían haber participado en la trama societaria creada para desviar fondos. Desde entonces, se han ido realizando diversas diligencias, como intervenciones telefónicas y comprobación y embargo de cuentas. El viernes culminaron con 14 registros en Madrid, Segovia y Cádiz.

Para ello, seis funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5 estuvieron trabajando 13 horas ininterrumpidas el viernes pasado y otras nueve ayer. Al no estar su titular de guardia, ninguno de ellos cobrará ningún extra por las horas acumuladas.

La Sociedad General de Autores y Editores envió ayer un comunicado a sus socios en el que mostraba su solidaridad 'con los tres directivos' que declararon ayer en la Audiencia.

La nota subrayaba que fueron puestos en libertad 'sin ningún tipo de medidas preventivas, ni fianza', aunque sin mencionar que habían sido imputados por delitos que podrían sumar hasta diez años de cárcel.

Aún así, la gestora se declara dispuesta a personarse en el proceso si se demostrara que 'el área de informática' [su filial digital] hubiera actuado irregularmente.