La Fiscalía y la Abogacía del Estado han mantenido este martes su petición de penas para los cinco acusados en el juicio de la Operación Puerto: de dos años de prisión en el caso del Ministerio Público y de dos años y medio en el de los servicios jurídicos del Estado, que contempla la agravante de precio.

Así lo han expuesto ambas partes en la fase de conclusiones definitivas, en la que solo la Federación Española de Ciclismo (RFEC) ha modificado la pena de prisión solicitada para los acusados, al rebajar de dos años a un año y un día de cárcel la que pide para la médico Yolanda Fuentes y los exdirectores deportivos Vicente Belda y Manolo Saiz. Esta acusación ha mantenido la petición de dos años para los otros dos acusados, el médico Eufemiano Fuentes y el entrenador José Ignacio Labarta.

Mientras tanto, la representante de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), que pide dos años de cárcel para los cinco procesados, ha elevado de cinco años a ocho años y tres meses la pena de inhabilitación que solicita para ellos por un delito continuado contra la salud pública con la agravante de precio.

El resto de los cambios se refieren al relato de los hechos, como el planteado por la fiscal, que ha añadido en su escrito que en los registros practicados 'se intervinieron numerosos medicamentos prohibidos sin etiquetar no autorizados en España y destinados a ser administrados a los deportistas sin finalidad terapéutica alguna y con potenciales efectos adversos para su salud'.

Por su parte, la abogada del Estado ha modificado sus conclusiones para precisar que no solo el exciclista Alberto León, que se suicidó en enero de 2011, sino también José Ignacio Labarta 'trabajaban para Eufemiano Fuentes y José Luis Merino prestándoles su colaboración'.

La representante de los servicios jurídicos del Estado considera que Fuentes debe responder 'como autor' del delito contra la salud pública, mientras que los otros cuatro lo deben hacer 'como cooperadores necesarios'.

Por su parte, el abogado que ejerce la acusación en nombre del exciclista Jesús Manzano ha modificado su escrito para decir que las prácticas de dopaje realizadas sobre su representado 'aumentaron la probabilidad de desarrollar, entre otras enfermedades, cáncer a medio o largo plazo'. Esta parte, que al inicio del juicio retiró su acusación contra Manolo Saiz, considera a los hermanos Eufemiano y Yolanda Fuentes autores de un delito contra la salud pública y a Belda y Labarta cooperadores necesarios.

También la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Comité Olímpico Italiano (CONI) han elevado a definitivas sus conclusiones, aunque esta última acusación además de por el delito contra la salud pública acusa a los procesados de fraude fiscal, estafa y asociación ilícita.

Estos tres últimos delitos, sin embargo, no fueron admitidos ni por el juez que instruyó el caso ni por la magistrada que ahora preside la vista, Julia Patricia Santamaría, por lo que el CONI ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que está aún pendiente de admisión. En vista de las modificaciones hechas por las acusaciones, las defensas de los cinco procesados pidieron a la juez el aplazamiento de sus conclusiones definitivas hasta el próximo viernes, solicitud que fue aceptada por la magistrada.

Además, los abogados de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el Comité Olímpico Italiano (CONI) y la Federación Española de Ciclismo (RFEC) han vuelto a pedir en su turno de conclusiones definitivas las bolsas de sangre incautadas por la Guardia Civil en los registros.

La representante de la AMA, tras recordar que en un piso propiedad de los padres del médico Eufemiano Fuentes se incautaron 86 bolsas de concentrado de hematíes y diez de hematíes, volvió a solicitar el acceso de a las muestras incautadas en la investigación policial. 'Las bolsas deben ser entregadas a la AMA o a cualquier de las autoridades nacionales competentes personadas en la causas para darles el destino originariamente previsto', señaló la letrada de la Agencia.

En los mismos términos se expresaron las representantes de la RFEC y del CONI, parte esta última que ya tuvo acceso a algunas de las bolsas durante la instrucción del caso, entre ellas la correspondiente al ciclista Alejandro Valverde, único deportista español sancionado hasta el momento por la Operación Puerto.