El próximo lunes, con más de siete meses de retraso, el Ministerio de Industria dará el paso definitivo para que se regulen en España los llamados SMS Premium, que incluyen los mensajes de móvil para descargar politonos, juegos o contenidos para adultos; los mensajes para participar en sorteos o votar por un concursante televisivo; o las alertas que informan del horóscopo, el tiempo o noticias. Nadie parece muy contento con el texto, pero especialmente las asociaciones de consumidores, con Ceaccu a la cabeza, que tras participar en el proceso consideran que a última hora se han introducido cambios sin consensuar que vulneran la intención inicial de obligar a ser transparente en precios y prevenir las malas prácticas.

Será el Pleno de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA), el que mande el lunes al Boletín Oficial del Estado (BOE) la carta de obligaciones (Código de Conducta) cuya publicación es imprescindible para que la norma eche a andar. Coincide con un momento en que el sector ha adquirido protagonismo por la lluvia de mensajes al móvil incitando a participar en concursos, la proliferación de concursos en televisión y noticias como los ingresos de TVE por mensajes y llamadas a números 905. Un negocio, el de los mensajes de tarificación adicional, que generó en España 750 millones de euros en 2008, según la patronal sectorial Aetic.

El texto que se quiere aprobar, al que tuvo acceso Público, obliga a las telefónicas a 'velar por evitar a los abonados una facturación mensual desproporcionada en relación a su consumo medio'. Se incluyen obligaciones en materia de información por parte de los proveedores, facilidades para darse de baja y se prohíbe pedir el envío de varios mensajes para acceder a un servicio.

¿Cuál es la queja? Fuentes de Ceaccu aseguran que el 1 de junio, después de meses pidiendo que se publicase el texto pactado en el que ya se incluían estos términos, recibieron un nuevo borrador donde se habían 'alterado los puntos más sensibles para la defensa de los usuarios', como son 'los que afectan a la información sobre el precio' y la fórmula para bloquear los números de teléfono de un proveedor si este incumple reiteradamente el Código de Conducta.

El Consejo de Consumidores requirió a Industria que rectificase, al estar dando por bueno un texto que no había sido consensuado. En respuesta, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones convocó una nueva reunión de la CSSTA y aprobó un texto con el voto en contra de los consumidores.

En el último borrador se matiza la obligación de dar el precio total si la descarga de los contenidos se hace accediendo a Internet desde el móvil. Bastará con incluir la frase 'precio de navegación, consulte a su operador'. Las telefónicas alegan que es muy complicado dar el precio total por la proliferación de tarifas planas. En Ceaccu creen que el coste del acceso a Internet desde el móvil puede incrementar el precio final un 200%. Además se eleva de tres a diez incumplimientos del Código los necesarios para que sean bloqueados todos los números de un proveedor. Esta fórmula de bloqueo de los números es criticada también por los principales proveedores de contenidos que ven cómo quien defraude no será multado sino que podrá pedir un nuevo número y volver a cometer fraude.

Plazos y deberes

La norma que regula los ‘SMS Premium’ lleva congelada desde principios de 2008 debido a que no se había aprobado el Código de Conducta. Una vez este aparezca  en el BOE, los agentes del sector dispondrán de cuatro meses para adaptarse a la nueva numeración telefónica y sus precios máximos. Esto ha levantado ampollas porque los mensajes de menor tarificación, cuyo precio máximo se fijó en 1,2 euros a principios de 2008, se cobran ya a 1,5 euros.

Habrá que informar en televisión “de forma estática y en caracteres adecuados” del “precio final del mensaje, incluyendo impuestos”, así como “facilitar un número de atención al cliente”.

Quién gana más

Entre el 40% y el 50% del precio del ‘SMS  Premium’ se lo llevan las telefónicas. Otra parte son derechos de propiedad intelectual (si es una canción , vídeo o videojuego) y, si es un sorteo, un 10% del premio es para Loterías y Apuestas del Estado. Se añade la publicidad y lo que queda, es para el proveedor del servicio.