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ACS La sombra de la corrupción inquieta al emporio de Florentino Pérez

Un pago bajo sospecha en el 'caso del tres per cent' y el pelotazo de una subcontrata sin experiencia en la trama del Canal de Isabel II generan inquietud en el grupo ACS, señalado también por Francisco Correa como presunto pagador de comisiones al PP en un episodio que no puede ser investigado y cuyo presidente ha tenido que declarar como testigo en la Púnica por una contratación del Real Madrid

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Florentino Pérez en una imagen de archivo. | EFE

Las salpicaduras de dos de los casos emblemáticos de tramas de corrupción en España, Lezo y el tres per cent, generan inquietud en ACS, la constructora que preside Florentino Pérez y a la que hace unas semanas el principal acusado de Gürtel, Francisco Correa, señalaba como una de las empresas que, presuntamente, pagaban mordidas al PP para obtener contratas.

Correa aseguró al ser interrogado por la fiscal Anticorrupción en el primer juicio de la Gürtel que "grandes constructoras" como ACS, OHL y Dragados habían pagado comisiones tras obtener contratas, aunque no dio más detalles. Nadie se los pidió, y el tribunal concluyó que "aquí no pintan nada" Pérez, el presidente de la segunda constructora, Juan Miguel Villar Mir, ni los exministros de Fomento y de Medio Ambiente Rafael Arias Salgado, Jaume Matas y Elvira Rodríguez.

En cualquier caso, esa declaración, que llevó a ACS y OHL a anunciar querellas  contra Correa, no tiene ninguna entidad para enturbiar el horizonte penal del grupo empresarial ni el de su presidente.

En el hipotético caso de que la Audiencia Nacional pudiera optar por enviar al juzgado de guardia las palabras del acusado, las diligencias nacerían condenadas al sobreseimiento, ya que el supuesto trasiego de comisiones estaría prescrito y no podría ser perseguido: habrían pasado un mínimo de 14 años entre el final del Gobierno de Aznar y el inicio de las pesquisas, un periodo que supera con creces el trienio y el quinquenio a los que, de no ser perseguidos y en función del tipo penal aplicable, prescriben los delitos de soborno.

Las basuras de Olot y el 'caso 3%'

Por el contrario, el desarrollo de las pesquisas del tres per cent en Catalunya y de la operación Lezo, en torno a los negocios del expresidente madrileño del PP Ignacio González, ya han provocado sobresaltos en la constructora. Y hay indicios de que pueden llegar más.

La reconstrucción por la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil de los restos de papeles triturados intervenidos en una papelera del despacho del extesorero de CDC (Convergència Democràtica de Catalunya) Andreu Viloca reveló un dato inesperado sobre la donación de 60.000 euros que la Fundación ACS, presidida por Pérez, hizo al 'think tank' convergente Catdem el 9 de septiembre de 2011: se produjo un día después de que el responsable de las finanzas de CDC se hubiera reunido con Jordi Durán, directivo de Urbaser que sería detenido y encartado en la causa, en vísperas de que el Ayuntamiento de Olot (Girona) ratificara la adjudicación del servicio de recogida de basuras a esta firma.

Las investigaciones de la Guardia Civil detectaron que la Fundación ACS había efectuado otras dos donaciones a Catdem, antes denominada Fundació Trias Fargas, por valor de 30.000 y 90.000 euros en 2008 y 2009, aunque en este caso las pesquisas no han hallado rastros de posibles vínculos con adjudicaciones concretas.

La adjudicación del servicio de basuras, una de las primeras decisiones de calado del equipo de CiU encabezado por Josep Maria Corominas, que tras las municipales de mayo había relevado al PSC al frente del consistorio, suponía hacerse con una contrata de 19,7 millones en ocho años (2,46 por ejercicio, prorrogable por dos más), y resultó ser previa a la de limpieza viaria y recogida de residuos de gran tamaño, que Urbaser ganó en diciembre de ese año.

Urbaser, especializada en residuos, fue una de las principales filiales de ACS hasta que ésta la vendió en el otoño de 2016 al grupo chino Firion Investments por 1.200 millones de euros. Gestiona la recogida de basuras en medio centenar de ciudades españolas y su volumen de negocio global ronda los 4.000 millones de euros anuales.

El pelotazo de una subcontrata sin experiencia

Los magros beneficios que una subcontrata sin experiencia obtuvo en una de las operaciones que la Audiencia Nacional investiga en el caso Lezo, el cambiante y polémico proyecto de Canal Golf sobre el solar conocido como el Tercer Depósito, también han puesto al grupo ACS bajo la lupa de los investigadores la Guardia Civil.

La empresa es Tecnoconcret, constituida a los doce días de salir a concurso las obras y controlada por Ignacio González, su hermano Pablo y otros tres imputados, los cuales, según señala en un auto el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, "presuntamente se concertaron para lograr que el contrato para ejecución de las instalaciones deportivas" fuera para ACS "en unas condiciones económicas que eran perjudiciales para el patrimonio de la Comunidad de Madrid".

Según la investigación, ACS subcontrató a Tecnoconcret para esas obras "por orden del Canal de Isabel II", controlado por el expresidente madrileño Ignacio González, y "con pleno conocimiento de que se trataba de una sociedad instrumental y en cumplimiento del concierto ilícito".

La empresa carecía tanto de experiencia como de clientes, "contaba exclusivamente con una pequeña oficina" y solo tenía tres trabajadores, relata el magistrado, quien añade que su aportación "a la ejecución de la obra fue nula, y no suponía un valor añadido" para ACS, grupo al que, sin embargo, le facturó 3.257.038,99 euros mientras subcontrataba a su vez los trabajos con otra a la que pagó 2.678.564,43.

Los 578.474 euros de diferencia "fue la cantidad que ilícitamente se apoderaron los investigados en la ejecución de la obra", añade el juez, que concluye que, al final, "el importe total de comisiones ilícitas obtenidas a costa de fondos públicos de la Comunidad de Madrid invertidos en la ejecución de la obra de las instalaciones deportivas y del contrato de gestión y explotación de las mismas fue de 1.201.537,97 euros".

Un diario digital madridista

El presidente del grupo ACS y de su fundación, Florentino Pérez, tuvo que declarar como testigo en marzo de 2015 ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para explicar por qué el Real Madrid, que también preside, había contratado a una de las empresas de Alejandro de Pedro, uno de los presuntos conseguidores de la trama Púnica, para que durante un año y con un coste de 300.000 euros promocionara la imagen del club de fútbol a través de las redes sociales y mediante la edición de una web llamada Diariobernabeu.com.

"La fatalidad es que la persona a la que se nos presenta como experto, pues luego resulta que está implicada en una cosa que mancha el nombre del Madrid", dijo el empresario, que negó que la contratación de De Pedro para el proyecto digital tuviera como finalidad encubierta abrir puertas en ninguna Administración.

Antes de que venciera ese contrato, el Madrid contactaba con Microsoft, que desde finales de 2014, poco después de desligarse del equipo de De Pedro, gestiona su área digital con un acuerdo que le renta al club seis millones de euros por temporada.