@e_bayona

ZARAGOZA .- Las eléctricas tendrán que pagar millones de euros a los ayuntamientos en peajes por los terrenos municipales que sobrevuelan sus líneas de distribución: el Supremo ha avalado las ordenanzas municipales por las que varios consistorios establecieron hace unos años el cobro de esas tasas a las compañías.

Las sentencias, que también afectan a otras empresas energéticas como las gasísticas –en este caso por sus conducciones-, supondrán un alivio para la economía de los municipios españoles al mismo tiempo que tendrán un impacto negativo en las cuentas de resultados de las empresas energéticas: gestionan un millón de kilómetros de tendidos, y ordenanzas como la de Arteixo (A Coruña) gravan con entre 2,92 y 12,35 euros cada metro de línea de alta tensión -más de 66 kilovatios- y aplican una horquilla 0.56 a 3,04 para las de media y baja.

Unesa, la patronal del sector eléctrico, cifra en 61.684 kilómetros la longitud de las líneas de alta tensión que atraviesan el país y las islas Canarias y Baleares, al que hay que añadir los 42.986 de la empresa pública Reesa, mientras las de media y baja suman otros 853.104.

780 millones anuales frente a beneficios de 5.000

Esas cifras hacen que, con el planteamiento de Arteixo y en el supuesto más beneficioso para las compañías, los consistorios españoles, que a 30 de septiembre arrastraban una deuda global de 34.657 millones de euros, se hallen ante la expectativa de ingresar un mínimo de 305,6 millones anuales por la alta tensión y 477,7 por la media y la baja.

Una cifra notablemente inferior, por otro lado, a los beneficios que las empresas eléctricas españolas obtuvieron en el último ejercicio: más de 5.000 millones sólo entre Endesa, Iberdrola y Gas Natural en 2015.

La medida, que no incluye el vuelo de las líneas sobre terrenos de propiedad privada, afecta únicamente a los terrenos de titularidad municipal, de los que forman parte la mayoría de los caminos y los montes por los que discurren las líneas eléctricas en toda España.

“De todo punto ajustadas a las exigencias legales”

El Supremo avala en sus sentencias, además de las tasas municipales a las redes de distribución de energía de Arteixo, las de la localidad pacense de Serradilla y la zamorana de Villalcampo, basadas todas ellas en un informe jurídico de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Esta entidad lleva décadas asesorando a los consistorios en su histórica reclamación de compensaciones por las servidumbres que genera la actividad de producción y distribución de las compañías eléctricas, especialmente tangible en zonas rurales y de montaña.

El tribunal considera una tasa de ese tipo “de todo punto ajustada a las exigencias legales”.

Las sentencias, emitidas tras otros fallos favorables a las eléctricas como el que les eximió de financiar el bono social y de resoluciones como la que cuestiona la legalidad del impuesto a las nucleares, llegan cuando el debate sobre la pobreza energética se recrudece ante hechos como la muerte de una anciana en Reus en un incendio provocado por la vela con la que se calentaba tras cortarle la luz Gas Natural, datos como el corte de luz por impago a 650.000 hogares en un año y debates sobre esta materia como los mantenidos en el Congreso o las Cortes de Aragón.

Aragón: un millón para evitar 7.300 cortes de luz a familias

El ejecutivo autonómico de esta última comunidad acaba de reconocer, en una respuesta parlamentaria al diputado de Podemos Nacho Escartín, que ha tenido que pagar a las compañías Endesa e Iberdrola un total de 1.045.129 euros para evitar que estas cortaran la luz a 7.318 hogares que no podían hacer frente a los recibos.

La comunidad firmó hace un año sendos convenios con esas compañías por los que el Departamento de Ciudadanía asumiría, previo informe de los servicios sociales, el pago de los recibos de familias en riesgo de exclusión a los que las eléctricas fueran a dejar sin suministro por no abonarlos. “Los convenios suscritos en materia de pobreza energética con las empresas Endesa e Iberdrola y el Gobierno de Aragón, son un instrumento eficaz para evitar los cortes de suministros a las familias en situación de vulnerabilidad económica”, sostiene la consejera Mariví Broto en su respuesta.

Los acuerdos se produjeron meses antes de que, el pasado mes de noviembre, el parlamento autonómico aprobara por unanimidad la Ley de Pobreza Energética, que contempla multas a las eléctricas que corten la luz a una familia que haya solicitado ayuda para pagar el servicio.