Publicado: 17.09.2015 18:29 |Actualizado: 17.09.2015 23:30

El dinero que el Estado perdonó
a las eléctricas pudo generarles beneficios de 22.000 millones

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denuncia el caso de los CTC ante la Dirección de Competencia de la Comisión Europea por considerarlas "ayudas de Estado ilegales". Pide a Bruselas que calcule la deuda generada y que exija su devolución.

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El precio de la luz se ha encarecido progresivamente desde 2001. EFE

El precio de la luz se ha encarecido progresivamente desde 2001. EFE

La Comisión Nacional de la Energía calculó que, hasta 2006, las grandes compañías eléctricas habían cobrado a los consumidores 3.588 millones de euros más de lo que les correspondía por los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC). Pero, extrapolada hasta la actualidad, esa deuda podría haber ascendido hasta una cifra astronómica: 22.000 millones de euros. Una cantidad similar a la que soporta el déficit de tarifa, según las estimaciones de un estudio reciente elaborado por el Observatori del Deute en la Globalització.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que se dispone a llevar el caso de los CTC ante la Comisión Europea por considerarlas “ayudas de Estado ilegales”, ha pedido a la UE que calcule a cuánto ascienden los beneficios que se han embolsado estas compañías gracias a un dinero que tendrían que haber devuelto hace años, pero que ningún Gobierno se atrevió a reclamar.

La Plataforma considera que “se está confiriendo a estas empresas una ventaja competitiva contraria al mercado interior”, según consta en la denuncia formal que la organización entregará en Bruselas el 30 de este mes.

Los CTC fueron creados en 1997 por el Gobierno de José María Aznar para compensar a las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) por los perjuicios derivados de la liberalización del mercado. En concreto, se les garantizó un precio mínimo durante 10 años de hasta 36 euros por megavatio/ hora siempre que el mercado marcase un precio inferior, hasta un tope de 8.600 millones.

A partir de 2001 el precio de la energía se encareció, y por tanto ya no eran necesarias esas compensaciones. No obstante, como estaban contabilizadas se siguieron abonando hasta 2006, cuando el Gobierno derogó los CTC. Ese sobrepago, que la Comisión de la Energía estimó en 3.588 millones, debería haber sido devuelto por las empresas al Estado, pero ninguno de los responsables de Energía del Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero los reclamó y dejaron que prescribiera el plazo de cobro, con fecha de 2010.



Ahora la Plataforma considera que la deuda no se limita sólo a esos casi 3.600 millones, sino que ha seguido aumentando por los beneficios derivados de no devolver las compensaciones. Según denuncian, “España ha permitido que unas centrales ya amortizadas completamente gracias a los CTC puedan obtener plenos ingresos del mercado (…) generando unas ganancias inmerecidas que otorgan a las empresas titulares de esas centrales una importante ventaja competitiva respecto al resto de instalaciones”.

Aunque el estudio del Observatori del Deute en la Globalització cree que esa cifra oscilaría los 22.000 millones de euros, Jorge Morales de Labra, ingeniero experto en regulación eléctrica y miembro de la Plataforma, reconoce que es “muy difícil” hacer una estimación precisa. Por eso han denunciado el caso ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, a quien solicitan que abra una investigación al respecto, calcule la deuda y exija su devolución.

“La deuda podría suponer una rebaja de un 10% en la factura de la luz de los españoles”, asegura Morales.

Los abogados de los demandantes entienden que no exigir la devolución de los CTC y no establecer mecanismos de corrección posteriores supone dos vulneraciones de la normativa europea de Ayudas de Estado. Ya en anteriores casos, como sucedió con los astilleros en 2013, la Comisión Europea ha obligado al Estado español a reclamar las ayudas otorgadas a un sector por considerarlas ilegales.

Desde que se presente la denuncia el día 30, la Comisión tiene dos meses (aunque puede pedir una prórroga) para estudiar el caso y decidir si se abre o no una investigación, sobre la que deberá presentar conclusiones en un plazo de 18 meses.

La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha habilitado en su web un enlace para que organizaciones y particulares que quieran firmen para apoyar la denuncia.