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Fraude en Adif La empresa pública Adif defraudó casi cinco millones a la Seguridad Social de 2011 a 2015

La Tesorería de la Seguridad Social le reclama esta cifra en concepto de diferencias en las cotizaciones a raíz de varias denuncias del sindicato CGT investigadas y confirmadas por la Inspección de Trabajo. Adif abonó a los trabajadores las horas extraordinarias como horas de fuerza mayor, que cotizan a la mitad, además de pagar como pluses o dieta varios conceptos salariales. La empresa asegura que está al corriente de los pagos.

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Un operario limpia un tren de Adif.- EFE/ARCHIVO

La empresa pública Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, defraudó a la Seguridad Social un total de 4.818.595 euros en concepto de “diferencias de cotización” entre 2011 y 2015, según cuatro actas de varios inspectores de trabajo del pasado enero a las que ha tenido acceso Público.

La Inspección de Trabajo ha resuelto así una larga investigación iniciada a raíz de diferentes denuncias por parte del sindicato CGT, que se percató ya en 2011 de que Adif, la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento, estaba cometiendo irregularidades en los conceptos salariales y en las horas extraordinarias que abona a los empleados, de manera que los trabajadores estaban cotizando a la Seguridad Social menos de lo que deberían.

Todo ello entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. El caso fue detectado por CGT, entre otras causas, por problemas con las mutuas de varios trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo y situaciones de incapacidad. Éstos, según fuentes de CGT, han tenido “problemas muy importantes a la hora de que la Seguridad Social pudiera establecer las correspondientes cotizaciones que legalmente le corresponden”.

Adif ha calificado de manera fraudulenta las horas extra por valor de casi medio millón de euros

Una de las actas de los inspectores especifica que la empresa pública estaba abonando las horas extraordinarias como horas de fuerza mayor cuando en realidad eran horas extra normales, sujetas a una 28,3% de retención, en lugar de al 14% que cotizan las horas de fuerza mayor. Según el Estatuto de los Trabajadores, las horas extraordinarias son la que se realizan por encima de la jornada ordinaria, realizando funciones que serían comunes al desempeño del trabajo normal. Las extraordinarias por fuerza mayor son las necesarias para evitar catástrofes o derivadas de las mismas, tienen carácter excepcional y no computan como extraordinarias comunes, pero sí se retribuyen normalmente de la misma manera, aunque cotizan la mitad.

Según la Inspección de Trabajo, Adif ha calificado de manera fraudulenta las horas extra para así cotizar un 16,3% menos. Concretamente, el 78,22% de esas horas en 2011, el 78,12% en 2012, el 72,26% en 2013, el 69.05% en 2014 y aproximadamente el 80% en 2015, lo que hace una total de 437.137,1 euros defraudados en este periodo.

Falso personal de oficina

Al mismo tiempo, las actas también recogen infracotizaciones de trabajadores reflejados como personal de oficina, cuando eran personal de infraestructuras de transporte, de manera que cotizaban un 1% en lugar del 2,1% que debería aplicarse. La liquidación reclamada de esta acta asciende a 1,64 millones de euros en los periodos de 1 de enero de 2011 a diciembre de 2013 y a 1,17 millones entre enero de 2014 y diciembre de 2015.

“No sólo tiene consecuencias directas en las arcas públicas, sino sobre los trabajadores", denuncia CGT

Por otra parte, la Inspección de Trabajo también reclama casi 1.569.139 euros por la fraudulenta calificación que ADIF le da a determinadas claves salariales, que configura como dietas o pluses y no como salario.

Según explica a Público el sindicato CGT, se trata de "un fraude masivo en las cotizaciones" por parte de ADIF que, para los denunciantes, resulta “absolutamente intolerable y mucho más grave si es en una entidad pública”, por lo que exigen que se depuren responsabilidades por esta mala praxis.

Fraude no corregido

El sindicato destaca sobre todo los problemas en las cotizaciones por accidentes y enfermedad profesional, “al cotizar sobre este personal por un porcentaje inferior al que dicta la Ley. “No sólo tiene consecuencias directas en las arcas públicas”, critica Carmelo Sierra, delegado de la CGT, “sino sobre los trabajadores, ya que tienen problemas a la hora de calificar enfermedades profesionales o incapacidad permanente en grado total o parcial, por datos incorrectos al cotizar como personal de oficina por ellos la empresa”.

Sierra subraya además que cada año son millones las horas extra que se realizan en la empresa por la falta de plantilla existente y por la elevada edad media del personal, que ronda los 55 años. Asimismo, denuncian que, pese a estas reclamaciones por parte de la Tesorería de la Seguridad Social, Adif sigue aplicando estos parámetros fraudulentos, lo que provocará nuevos reclamos. también exige a esta empresa pública la "organización de una convocatoria de empleo público urgente" que conlleve a un "incremento sustancial de la plantilla".

Adif asegura que está "al corriente de todos los pagos" 

Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa pública, que ha asegurado que se encuentra "al corriente de todos los pagos" a la Seguridad Social. Así, un portavoz de Adif ha comunicado que el proceso de inspección aún no ha terminado y que tras su "primer resultado provisional", la compañía "ha efectuado las alegaciones correspondientes; estando aún por resolver definitivamente las mismas por dicho organismo".

Adif asegura que la resolución de la Inspección de Trabajo es solo un "primer resultado provisional" 

Parte de esas alegaciones se ha basado en una oposición "a los criterios que utiliza la inspección de trabajo", explican, adelantando que "Adif ha mantenido los mismos criterios en materia de cotización desde la anterior Inspección, cerrada en 2011, con afectación a los años 2007 a 2010". Frente a la resolución final de la Inspección de trabajo sobre sus alegaciones, Adif recuerda que tendrá la posibilidad de plantear los recursos legalmente procedentes.

El Ministerio de Fomento no ha hecho hasta ahora ningún comentario ante las preguntas de este medio. No obstante, el diputado de Unidos Podemos Sergio Pascual formuló al ministro Íñigo de la Serna una pregunta por escrito sobre este asunto el pasado 29 de mayo.