Una parte de la ampliación de la línea 8 del metro a la altura de la Plaça Espanya, la cesión por parte del Ayuntamiento de Viladecans de un solar para construir oficinas, la construcción de una residencia y un centro de día a cargo del Ayuntamiento de Lleida o la renovación de las vías del metro en Barcelona. Son sólo algunos ejemplos significativos de las obras públicas que se han quedado desiertas en Catalunya sin llegar a la fase de licitación.

Según los cálculos de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC) y del Consejo Asesor de Infraestructuras, éstas ascienden a los 1.066 casos desde enero de 2021, momento en el que se empezó a detectar el fenómeno.

Entre las razones que esgrimen ambas entidades, se encuentra el incremento de las materias primas, fruto de la pandemia y de conflictos bélicos como el de Ucrania. Más allá de este encarecimiento, el sector reclama erradicar estas ineficacias administrativas, que acaban siendo consecuencia de la falta de realismo de las pujas, que en el momento del concurso público no se ajustan a los precios de mercado. Para evitarlo, instan a un cambio normativo que facilite las actualizaciones de precios.

Los retrasos en la ejecución de los proyectos se producen por la carencia de empresas que se presenten a la licitación. "Son condiciones que las constructoras no pueden abordar, ya que se han encontrado con subidas de precios de las materias primas muy por encima del IPC". Así lo explica el presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya, Lluís Moreno.

En este sentido, añade que tampoco ayuda el ritmo de concreción de la Generalitat. "Ahora se sacan a licitación proyectos desarrollados antes de la pandemia y los precios están totalmente desfasados, lo que consideramos que se trata de errores administrativos".

En un contexto de conflictos geopolíticos globales, el CCOC recuerda que los costes energéticos cotizan por las nubes. Así, materias primas como el hierro, el aluminio, el cobre o los productos derivados del petróleo han subido por encima de la inflación. Un caso destacado es el del cemento, que desde 2021 ha subido un 43%. Moreno precisa que es la propia Administración la que admite la necesidad de replantearse determinados proyectos, pero reconoce que se necesitan mecanismos más dinámicos para actualizar precios y agilizar pujas.

Actualización previa de precios

Moreno lamenta la situación generada, aludiendo a que "una constructora acostumbrada a trabajar con la Administración pública se lo piensa mucho a la hora de rechazar una obra". Para desatascar estos episodios, pide una nueva normativa que "actualice los precios de las licitaciones antes de publicar el concurso público". Así cree que se reflejaría un precio de mercado más real.

La CCOC plantea la necesidad de incrementar el límite de la revisión excepcional de precios de los contratos públicos, tal y como prevé un Real Decreto del Gobierno estatal del año 2022, para garantizar la adecuada ejecución de los contratos en curso. Además, propone incluir la mano de obra dentro de los costes revisables en el régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la Ley de Contratos del Servicio Público (LCSP).

Con una visión similar, el Consejo Asesor de Infraestructuras (CAdIC) califica de "falta de realismo" el sistema de precios fijado por la Administración. El secretario del CAdIC, Salvador Guillermo, lamenta que "la no adecuación a la realidad provoca algo insólito e ineficiente como que una obra no se pueda hacer". Guillermo reclama un cambio legal que favorezca la revisión de precios.

"La situación nos afecta muchísimo porque deben repetir todo el proceso actualizando el precio. Son retrasos de uno o dos años y supone una pérdida de tiempo importante", dice el presidente del CAdIC, Joaquim Llansó.

El CAdIC critica que el precio sea "un factor demasiado decisivo" en las pujas, por lo que éstas acaban convirtiéndose en "subastas encubiertas". El órgano también insiste en la necesidad de realizar una "relectura" de la contratación pública y pide una planificación de las obras, independientemente del ciclo electoral, que suele acelerarlas.

Desde la esfera social, la Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya, en un trabajo encargado al Institut Metrópoli, concluye que el marco normativo actual de la contratación no permite privilegiar a las entidades no lucrativas por encima de las lucrativas, ni priorizar la proximidad ni el arraigo en el territorio de los licitantes.

Así, en el marco de la contratación pública, el estudio identifica dos mecanismos que los órganos de contratación deberían utilizar para garantizar la calidad del servicio en el marco normativo actual: dar especial relevancia a factores cualitativos vinculados al objeto del contrato y aplicar cláusulas de contratación pública sostenible (sociales, éticas y medioambientales).

En este ámbito, la entidad defiende la garantía de la calidad del servicio como uno de los principios básicos a la hora de elaborar los pliegos de las licitaciones relacionadas con los servicios de atención a las personas.

Independientemente de si el proyecto forma parte del sector económico o social, la realidad es que la Administración, especialmente la local, debe acabar ajustándose a sus mismos límites presupuestarios. Una de las advertencias de las entidades es que el funcionamiento rígido de las administraciones y el peso de la burocracia hace que las obras o servicios no salgan a licitación hasta dos o tres años después de presentarse el proyecto. Un tiempo que se ha demostrado claramente excesivo y deriva en la anulación de la iniciativa