Es poco probable que la Unión Europea llegue a un acuerdo sobre la reforma de sus normas fiscales este año y puede que las conversaciones ocupen también la mayor parte del año que viene, lo que deja al bloque en un aprieto respecto a qué marco utilizar en 2023 para reducir el gasto con cautela, según varios responsables comunitarios.

Las normas, denominadas Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que limitan el déficit público y el endeudamiento de los Estados, se han suspendido desde 2020 para dar a los Gobiernos un margen de maniobra para luchar contra la pandemia de la covid-19.

Ahora que el crecimiento ha vuelto a su cauce, las normas debían restablecerse a partir de 2023, aunque con cambios que reconocieran las nuevas realidades económicas de la UE: la elevada deuda pública tras la pandemia y la necesidad de una enorme inversión pública para luchar contra el cambio climático.

Sin embargo, la Comisión Europea no presentará sus propuestas de modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento hasta junio. Eso deja solo unos meses después de que las instituciones de la UE vuelvan de las vacaciones de verano para llegar a un acuerdo sobre un tema muy complejo y políticamente sensible.

"Es improbable que se produzca una revisión completa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento antes de finales de año", dijo Markus Ferber, miembro de la comisión económica del Parlamento Europeo que decidirá en común los cambios de las normas. "Incluso si la Comisión se ciñe al calendario actual de tener una propuesta para mediados de año, algo en lo que yo no confiaría necesariamente, medio año es considerablemente demasiado corto para que se desarrolle el proceso legislativo", dijo. "Hay que esperar que el proceso legislativo dure al menos un año, probablemente más".

Fuentes comunitarias explicaron que, a partir de la publicación de las propuestas de la Comisión en junio, el proceso legislativo para concretar los cambios entre los Gobiernos europeos y el Parlamento Europeo tardaría probablemente entre un año y 18 meses. "No veo ningún acuerdo antes de finales de 2023 como muy pronto. Por ello, la orientación de la Comisión para 2023 será extremadamente importante", dijo un alto cargo de la eurozona que participa en las conversaciones sobre el cambio de las normas. "Cuanto más se prolongue el debate, más difícil será".

La revisión pretende establecer un nuevo sistema que proporcione una senda realista de reducción de la deuda a los Estados de la UE. La actual norma de endeudamiento, establecida hace una década, es demasiado ambiciosa para países como Grecia o Italia, que tienen, respectivamente, una deuda superior al 200% y cercana al 160% del PIB.

También hay que tener en cuenta la inversión, que Bruselas estima en más de medio billón de euros anuales de dinero privado y público durante próxima década, necesaria para reducir las emisiones de CO2 a un cero neto en 2050 para mitigar los peores impactos del cambio climático. Una de las ideas que se están estudiando es la de eximir esas inversiones públicas verdes del cálculo de los déficits presupuestarios de la UE, que deben mantenerse por debajo del 3% del PIB.

Ahí, la dificultad será ponerse de acuerdo sobre qué es una inversión verde, para evitar que se produzcan abusos de la norma. La profundidad de las divisiones sobre lo que es sostenible se ha puesto de manifiesto ahora en la batalla de la UE sobre su taxonomía verde que se está llevando a cabo.

Sin un nuevo marco preparado para el momento en que se restablezcan las normas, la UE tiene la opción de volver a normas poco realistas el año que viene, suspender las normas durante más tiempo o salir del paso con una interpretación flexible de las normas existentes. "No creo que haya normas de transición. ¿Qué sentido tendría? Acordarlas sería tan complicado como acordar una reforma en sí misma", dijo un segundo alto cargo de la zona del euro que participa en las conversaciones.

La Comisión dirá a principios de marzo qué criterios deben utilizar los Gobiernos para planificar los presupuestos de 2023, lo que da una idea de cómo podría resolverse el dilema de las normas. El tema genera divisiones políticas, ya que los países de la UE con más disciplina fiscal desconfían de sus socios más derrochadores.

En este proceso, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sugirió que cada Estado miembro fije sus propios objetivos fiscales en el futuro, en lugar de tener metas comunes definidas por las reglas fiscales del bloque. "Para el futuro, los Estados miembros deben desempeñar un papel destacado en el establecimiento de sus propios objetivos fiscales", dijo Calviño en un acto en Madrid junto a su homólogo irlandés y jefe del Eurogrupo, Paschal Donohoe.

Calviño reconoció que es necesario reducir el endeudamiento de los Estados, pero no al mismo ritmo en todas partes, y dijo que desea que las normas sean más fáciles de entender y más aceptables para los ciudadanos.

"Tenemos que asegurarnos de absorber la deuda adicional que tomamos para responder a la pandemia de una manera que sea compatible con el crecimiento y compatible con la creación de empleo", dijo.