La deducción en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF) por aportaciones a sistemas de previsión social (básicamente, planes de pensiones), que conlleva un coste neto para el Estado de 450 millones de euros anuales, tiene los días contados, al menos tal y como hoy la conocemos.

El Consejo de Ministros ha decidido incluir en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 una reforma de esa deducción, por su dudosa eficacia como estímulo al ahorro para la jubilación y por su carácter regresivo, ya que en la práctica beneficia más a quienes tienen mayores ingresos.

En su configuración actual, la deducción pueden aplicársela todos los contribuyentes que hagan aportaciones a sistemas de previsión social, pero con un límite de 8.000 euros anuales o (si la cantidad resultante es menor) del 30% de los rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas. Ese tope se aplica a cada uno de los miembros de la unidad familiar y aumenta en algunos supuestos de personas con dependencia.

Si la deducción es la cara del tratamiento fiscal de los planes de pensiones, la cruz es la obligación de los beneficiarios de tributar como rendimiento del trabajo por el dinero que reciban después de la jubilación, con independencia de que la prestación se cobre en forma de capital (de golpe) o mediante una renta vitalicia. Lo cual significa que, con el tipo marginal máximo vigente, el gravamen puede llegar hasta el 45%, mientras que el resto del ahorro (depósitos, fondos de inversión, inmuebles) está sujeto a un tipo único del 23%.

La patronal de las sociedades de inversión colectiva (Inverco) ha reclamado en reiteradas ocasiones un aumento del límite de la deducción, que el cobro de la prestación en forma de capital goce de alguna reducción (las hubo, y muy importantes, hasta 2007) y que se acabe con la discriminación fiscal que a su juicio sufren en España los planes de pensiones respecto a otras fórmulas de ahorro.

Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la deducción por aportaciones a sistemas de previsión social tiene un impacto anual en las arcas públicas de 1.643 millones de euros, de los que 1.193 millones (el 72,6%) se recuperan luego gracias a la tributación de las prestaciones como rendimientos del trabajo. En consecuencia, la factura neta para el Estado del tratamiento de los planes de pensiones en el IRPF asciende a 450 millones de euros.

La deducción está concentrada en un número relativamente pequeño de declarantes: 2,5 millones (un 13% del total), con la particularidad de que la mayoría perciben rentas altas: a partir de 90.000 euros anuales. Además, dos de cada tres tienen entre 45 y 64 años, dadas las escasas posibilidades de ahorro de los más jóvenes en un contexto de bajos salarios y el limitado atractivo de los planes de pensiones en general para ese segmento de la población.

La reforma de la deducción por aportaciones a los sistemas de previsión social, planteada por el Gobierno, afectará tanto a los planes de pensiones individuales (los que ofrecen las entidades financieras a sus clientes) como a los colectivos (los que constituyen las empresas, normalmente las más grandes, en favor de sus trabajadores o ciertas organizaciones en favor de sus socios). En el primer caso, la deducción bajará de 8.000 euros a 2.000 euros y, en el segundo, subirá de 8.000 euros a 10.000 euros.

Según el Ministerio de Hacienda, el 58% de las aportaciones anuales a planes de pensiones individuales no llega a 1.000 euros y sólo el 8% supera los 4.000.

Existe también el proyecto de crear un superfondo público de pensiones colectivo, con la idea de que se adhieran a él las empresas y trabajadores que lo deseen, en especial los asalariados de pymes y los autónomos, que ahora tienen difícil acceso a un plan de pensiones de empleo. Los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones señalan que ese superfondo podría acumular activos por valor de un 30% del PIB (más de 300.000 millones).

Al cierre de primer semestre, había en España un total de 2.433 planes de pensiones, con un patrimonio conjunto de 111.827 millones de euros, según datos proporcionados por Inverco.

Más de la mitad eran planes de empleo (1.285), aunque la mayor parte del patrimonio se concentraba en los individuales (76.519 millones). El número de partícipes sumaba a esa fecha 9.532.969 personas, un millón largo por debajo de su máximo histórico (10.829.181 en 2010).

La consultora especializada VDOS atribuye a los planes de pensiones una caída de su rentabilidad de casi el 5% hasta septiembre, consecuencia del desfavorable comportamiento tanto de la renta fija como de la variable en lo que va de año.