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Los ricos cierran más de 300 sicav por miedo a perder sus privilegios

Liquidaciones, fusiones, conversión en fondos de inversión y traspaso de activos a países con un mejor trato fiscal son las estrategias más utilizadas en los ocho primeros meses del año ante un eventual cambio de regulación.

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Vistas del patio de negociación de la Bolsa de Madrid. EFE

Las sociedades de inversión colectiva de capital variable (las célebres sicav) no las tienen todas consigo. La mayoría de las fuerzas parlamentarias son partidarias de poner los medios para que no sigan siendo un tolerado mecanismo de elusión fiscal. Y eso ha llenado de inquietud a quienes las utilizan, entre ellos muchas grandes fortunas, que temen perder sus actuales ventajas.

La consecuencia ha sido el cierre de decenas de sicavs; unas se han fusionado, otras se han convertido en fondos de inversión, las hay que han traspasado sus activos a países como Luxemburgo o Suiza y algunas han procedido directamente a su liquidación. En lo que va de año, el número total de sociedades de este tipo ha pasado de 3.229 a 2.927, según los últimos datos facilitados por la patronal del sector, Inverco, correspondientes a agosto.

No sólo ha descendido el número de sociedades, sino también el de accionistas (casi 33.000) y el patrimonio, que a finales del mes pasado se situaba en 32.218 millones, frente a los 32.794 de principios de año, con un retroceso cercano a los 600 millones.

El hecho de que desde enero se hayan esfumado 307 sicav (casi un 10% del total) está directamente relacionado con la ofensiva política contra un instrumento puesto en marcha en 1983, siendo ministro de Economía Miguel Boyer. Sus principales ventajas son que permiten diferir el pago de impuestos hasta el reembolso de los beneficios y que los accionistas pueden manejar libremente el capital de la sociedad, sin necesidad recurrir a un gestor independiente, como ocurre en el caso de los fondos de inversión.

A cambio, las sicav deben tener un capital inicial igual o superior a 2,4 millones y al menos cien accionistas, pues, al menos sobre el papel, se trata de vehículos de inversión colectiva. Sin embargo, en la práctica, la segunda de estas dos condiciones suele ser burlada mediante la utilización de personas captadas a tal efecto, hombres o mujeres de paja a los que se conoce con el apodo de mariachis.

Gracias a ello, los promotores pueden hacer y deshacer a su antojo, saltándose el espíritu que inspiró estas sociedades, con el fin de aligerar todo lo posible su carga fiscal. Han creado sus propias sicavs, por ejemplo, la familia March (Terranova de Inversiones, Cartera Bellver), los Botín (Cartera Inmobiliaria), los Del Pino (Chart Inversiones), los Polanco (Rucandio), Alicia Koplowitz (Morinvest) o Sandra Ortega, hija de fundador de Inditex (Soandres de Activos).

La necesidad de poner coto a estos abusos es una antigua demanda de algunas formaciones de izquierda, favorables incluso a acabar de una vez por todas con la sicav, cuyos privilegios fueron especialmente ominosos durante los largos años de la crisis. Ciudadanos, sin llegar tan lejos, también incluyó en su programa electoral un cambio normativo que evitara el actual coladero y consiguió que lo aceptara el PP en el pacto de investidura.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha movido un dedo para cumplir ese compromiso y también ha hecho oídos sordos a la proposición no de ley aprobada con el mismo fin en el Congreso de los Diputados. Esta proposición preveía, entre otras cosas, situar en el 0,55% la participación mínima de los accionistas de las sicav, devolver a Hacienda las facultades de control que tenía hasta 2005 y elevar la tributación.

Ahora, los beneficios de las sicav están gravados al 1%, en vez de al tipo nominal del impuesto sobre Sociedades (25%), lo que de entrada les permite ahorrar un volumen considerable de dinero. En 2016, último ejercicio del que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha proporcionado datos, las sicav ganaron 948 millones de euros y sólo pagaron al fisco 8,5 millones.