El consorcio Grupo Unidos Por el Canal (GUPC), del que Sacyr posee el 41,6%, deberá devolver a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) aproximadamente 240 millones de dólares (unos 206 millones de euros) al perder el laudo sobre la composición del basalto y la fórmula del hormigón en la ampliación del Canal.

En un comunicado, Sacyr señaló que "respeta, aunque no comparte", la decisión de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) que ha estipulado dicha devolución, contradiciendo la decisión de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB), que reconoció el 50% de la reclamación del consorcio.

Así, GUPC debe devolver los 240 millones de dólares de los 265 millones (unos 228 millones de euros) que el DAB sí reconoció en su momento. Esta reclamación suponía el 8,8% del total de las interpuestas por el consorcio y sus socios.

"Sacyr, que hoy está enfocado en la promoción y gestión de activos concesionales, tiene una estable y positiva situación financiera, la cual le permitirá atender el resultado de este laudo sin comprometer su solvencia financiera ni los proyectos en curso", aseguró la constructora española.

El laudo sobre el basalto sí reconoce al consorcio aproximadamente 25 millones de dólares (unos 21,5 millones de euros) en concepto de gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno.

Sacyr y el consorcio seguirán defendiendo en las instancias internacionales, ante la ICC y la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral), las "reclamaciones justas" que está haciendo a la Autoridad del Canal de Panamá, según el comunicado.

La constructora puso en valor que más de cuatro años después de su inauguración, el Tercer Juego de Esclusas de la Ampliación del Canal de Panamá "es un ejemplo de fiabilidad y buen funcionamiento gracias al esfuerzo de las más de 30.000 personas que trabajaron en el proyecto durante las obras".

Sacyr ha subrayado que no habrá cambios en su estrategia empresarial tras la decisión de la Cámara Internacional de Comercio. La constructora presidida por Manuel Manrique ha explicado que le corresponderá devolver aproximadamente 84 millones de euros, una cuantía que, según detalla, podrá atender con su propia caja gracias a "la sólida situación financiera" de la compañía y sin comprometer "ningún proyecto en curso ni alterar su ruta de crecimiento".