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Una imagen de un grave accidente ocurrido en la Comunidad de Madrid. EFE

El Congreso de los Diputados aprobó hoy la Ley de Responsabilidad Medioambiental, norma que buscará hacer efectivo el principio de que "quien contamina, paga y repara", y asegurar que las empresas que ocasionen daños al medio ambiente devuelvan los recursos naturales a su estado original, sufragando el total de los costes.

Con esta nueva norma se evitará, por tanto, que la factura de la reparación ambiental sea sufragada por los presupuestos públicos. Además, junto a la reparación efectiva del daño, perseguirá reforzar el principio de prevención para evitar que los daños medioambientales lleguen a producirse.

La ley afectará aproximadamente a más de 5.000 instalaciones industriales, a unas 30.000 empresas de transporte de mercancías peligrosas y a casi un millón de explotaciones agrarias. Se prevé que el coste de la ley sea de aproximadamente unos 100 millones de euros anuales.

Garantías económicas

Para garantizar la eficacia de la ley y asegurar que los operadores disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a estas obligaciones legales, la ley les exige que cuenten con una garantía financiera con la que cubrir la responsabilidad medioabiental en la que puedan incurrir.

No obstante, si los daños potenciales al medio ambiente se sitúan por debajo del umbral de 300.000 euros, los operadores quedarán exentos de esta exigencia. El Ministerio de Medio Ambiente hará frente a las exenciones contempladas en la norma.

Entre 300.000 y 2.000.000 de euros, podrán optar entre suscribir la garantía financiera o adherirse al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. Por encima del umbral de 2.000.000 euros, se exigirá siempre la garantía financiera.

Así, las más de 5.000 empresas a las que les afectan las nuevas normas se verán obligadas a contratar un seguro de responsabilidad medioambiental. A través de este servicio, las empresas podrán trasladar su responsabilidad medioambiental a dichas entidades aseguradoras y hacer frente a las sanciones económicas estipuladas en la ley.

El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponderá a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan.

Infracciones y sanciones

Las infracciones, como no adoptar las medidas preventivas o reparadoras exigidas, o no informar a la autoridad competente de la existencia de un daño medioambiental o de una amenaza inminente de daño, conllevarán multas que podrán ir de los 10.001 hasta los 2.000.000 de euros.

Durante su intervención en el debate del Pleno, el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera, pidió la votación separada de una modificación introducida en el Senado por la que, a su juicio, las empresas españolas que operen fuera de la Unión Europea y sean beneficiarias de instrumentos públicos de apoyo no lo harán bajo las exigencias medioambientales de esta norma, sino en virtud de convenios internaionales, cuando "una multitud de países del Tercer Mundo no se acogen a ninguno".

Tras la votación del texto, los grupos parlamentarios aprobaron, con 177 votos a favor, la supresión de la disposición adicional que regulaba esta responsabilidad ambiental en el exterior.

Por su parte, la diputada de ERC, Rosa María Bonàs, criticó que hayan quedado fuera ley los riesgos derivados de la energía nuclear.

El diputado popular Héctor Esteve criticó que, durante la tramitación del texto, los grupos parlamentarios "se han limitado a trasponer una directiva sin hacer grandes aportaciones".

Así, se quejó de que "se ha perdido la oportunidad" de dar "claridad" al texto a la hora de identificar especies y hábitats susceptibles de proteccion y de excluir de su ámbito de aplicación los daños ambientales cuando se produzcan como consecuencia de actos terroristas. A su juicio, la aportación "más significativa" es la compensación de daños por la rotura de la presa de Tous.