La Delegación del Gobierno en Madrid ya tiene una respuesta a la alarma social. Prohibir. Eso ha hecho con la manifestación convocada por el partido de ultraderecha Alianza Nacional (AN) para el próximo sábado en la capital.

La marcha, desde la calle de la Montera hasta la Puerta del Sol, esgrimía un lema xenófobo: “La inmigración destruye tu futuro”. Aunque la Delegación la había autorizado , tras los “hechos sobrevenidos” del pasado domingo en Legazpi –un menor muerto presuntamente a manos de un neonazi–, el Ejecutivo decidió prohibir la concentración, confirmaron fuentes de la institución a Público.

A pesar de que está fuera de plazo para impedir la marcha, existe jurisprudencia que lo permite: en este caso el Gobierno justifica la suspensión para “evitar posibles altercados”. AN puede acudir a los tribunales. Y éstos pueden quitar la razón a la Delegación. Ya ha ocurrido con otra comitiva, la organizada el sábado 17 por Falange, desde el centro de Madrid al Valle de los Caídos. Se presenta como un “homenaje a José Antonio, asesinado por los socialistas”. Este desfile podría ser el último, porque la Ley de la Memoria Histórica, ya en el Senado, explicita que en el Valle “no se podrán llevar a cabo actos de naturaleza política o exaltadores” del franquismo.

El fiscal 'se equivocó'

A esta marcha se refirió ayer, en Cuatro, la delegada del Gobierno, Soledad Mestre. Sostuvo que el fiscal “se equivocó” al defender la autorización de la manifestación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En paralelo, terció el vicepresidente de la Comunidad, Alfredo Prada, que se mostró ayer partidario de ilegalizar partidos extremistas, de izquierda y derecha, que “en la práctica”, vulneren la Constitución.

Le refrendó Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso: “Todos los partidos que no respeten el sistema democrático y de convivencia, deben estar al margen de la ley”, informa María Jesús Güemes. El fiscal general del Estado, dijo, debe hacer “todos los esfuerzos” para impedir la concentración de FE-La Falange.

Desde el PSOE, José Blanco y Diego López Garrido abogaron por la prudencia: “Quien aplica la ley sabrá si esas convocatorias se ajustan a derecho o no”, apuntó Blanco. “Se necesitan pruebas y una consideración madura”, dijo el portavoz parlamentario para echar mano de la Ley de Partidos y expulsar a una formación del sistema. “El Gobierno garantiza los derechos de reunión y manifestación”, subrayó, siempre que se cumplan las normas.