'Lo podemos decir más alto, pero no más claro', sentenciaba Jesús García, portavoz circunstancial de los indignados en Barcelona. Después de una reflexión en frío, según aseguraron, los miembros de la Acampadabcn reiteraron este viernes su rechazo frontal a la violencia que se produjo en las immediaciones del Parlament de Catalunya, cuando los indignados trataron de paralizar, simbólicamente o no, la aprobación de los presupuestos de la Generalitat.

En una rueda de prensa en el Parc de la Ciutadella justo donde 48 horas antes se puso en tela de juicio el pacifismo del 15-M, los indignados, pese a condenar las agresiones a los políticos, rechazaron tener que pedir perdón por los incidentes. 'No nos sentimos representados por estas acciones y, por lo tanto, no nos responsabilizamos de ellas', expresaron en un comunicado. La víspera de la concentración ya aseguraron que la protesta sería 'no violenta, pasiva y determinada', así que los violentos, según argumentaron, no pueden emmarcarse dentro del movimiento 15-M.

En libertad con cargos cinco de los detenidos tras los incidentes

La comparecencia de hoy sirvió también para contestar a la alud de acusaciones recibidas por parte de la clase política, que todavía coleaba. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, se sumó a la tesis del president de la Generalitat, Artur Mas, y aseguró que, 'sin duda', entre los concentrados había 'algun elemento de kale borroka''. Alícia Sánchez-Camacho, líder del PP en Catalunya, pidió que las próximas acciones fruto de la indignación sean 'pacíficas', y calificó el dispositivo policial que debía proteger a los diputados de 'insuficiente' y 'mal planificado'.

Los miembros del 15-M denunciaron estar expuestos a una estrategia de criminalización y exigieron a políticos y medios de comunicación que no generalicen las actitudes violentas. 'Igual que no se estigmatiza a toda una afición cuando hay incidentes en una celebración deportiva o a toda la clase política ante los casos de corrupción', argumentó Alicia Domínguez, otra de las portavoces del los indignados barceloneses. También lamentó, desafiante, que 'las camisas manchadas de unos pocos políticos pesen más que los 40 heridos' del miércoles, que se suman a los 121 del 27 de mayo, cuando los Mossos d'Esquadra, en una supuesta operación de limipeza, cargaron contra la multitud pacífica en plaza de Catalunya.

Entre los indignados existe el sentimiento de que no deben arrodillarse. Ya sea porque el suyo es un movimiento pacífico o porque, según aseguran, los primeros en ejercer la violencia son el poder político y el económico. 'Los deshaucios', 'los despidos' en empresas que generan beneficios, 'el gasto militar' y 'los recortes en sanidad y educación', según el comunicado emitido por los indigados, también son formas de violencia sobre la ciudadanía.

Los indignados piden a los violentos que se abstengan de acudir el 19-J

Conscientes de las repercusiones negativas que pueden tener sobre el movimiento algunas de las imágenes retransmitidas en televisión, los indignados pretenden pasar página cuanto antes. Para ello, centrarán todos sus esfuerzos en la manifestación del próximo domingo, prevista para las 17 horas en la plaza de Catalunya.

Como muestra de precaución, los indignados pidieron este viernes a los violentos que se abstengan de acudir a la convocatoria. En la capital catalana, la manifestación cuenta con el apoyo de todas las asambleas de los barrios barceloneses, que se desplazarán en columnas hasta el centro de la ciudad.

Cinco de los detenidos por los disturbios quedaron en libertad con cargos por desobediencia y resistencia a la autoridad tras pasar a disposición judicial. Dos de ellos aseguraron a la salida del juzgado que no presentaron resistencia ante los Mossos d'Esquadra y que fueron tratados despectivamente de 'hippies' y 'perroflautas' durante el arresto. Otro de los detenidos ya fue conducido el jueves ante el juez, que le puso en libertad con los mismos cargos. El séptimo detenido, menor de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.

En un proceso paralelo, la Fiscalía y los Mossos estan revisando las imágenes de los altercados para identificar a los violentos y estudian si se les puede aplicar el artículo 498 del Código Penal, que castiga con penas de tres a cinco años de cárcel a los responsables de entorpecer las actividades parlamentarias.

El conseller de Interior, Felip Puig, ya avanzó el pasado jueves que la policía había identificado a diez personas entre los responsables de los actos violentos durante el bloqueo al Parlament. Puig aseguró que las investigaciones continúan abiertas y que 'afectarán al máximo número de personas', según informa Brais Benítez.