La Abogacía del Estado ha presentado esta mañana en la Audiencia Nacional un recurso contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de que los piratas detenidos en aguas de Somalia sean liberados y no se entreguen a Kenia.

En el recurso de apelación, presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el abogado del Estado argumenta que si el juez decretó la libertad de los detenidos por imperativo legal y porque no existía acusación, esta personación pretende erradicar cualquier vacío o insuficiencia acusatoria que el magistrado haya podido detectar en su momento.

El Abogado del Estado advierte de que si se mantiene esa decisión del juez Fernando Andreu de poner en libertad a los siete piratas detenidos el pasado miércoles en aguas de Somalia por el buque español Marques de la Ensenada, se impediría 'casi con total seguridad su enjuiciamiento', por lo que pide que se revoque la decisión de su puesta en libertad con la máxima urgencia y sean entregados a Kenia.

Asimismo, los servicios jurídicos del Estado consideran que conforme a la normativa internacional, la jurisdicción española no es competente' para enjuiciar delitos como este, ni para decretar la libertad de los capturados, y recuerda que en el caso de que se declarara competente también debería revocarse la puesta en libertad de los detenidos.

El recurso subraya la 'trascendencia de las decisiones adoptadas en el asunto' y la posibilidad de que dichas resoluciones puedan 'comprometer gravemente la actuación de las Fuerzas Armadas españolas en el ámbito de una operación de la Unión Europea'.

En este sentido, el escrito cita varias resoluciones de Naciones Unidas, relativas a la lucha contra la piratería en el mar, y en concreto en aguas de Somalia, en las que se prevén acciones militares.

Al respecto se ha pronunciado la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, quien ha trasladado hoy el apoyo de los socialistas al Gobierno en su intento de evitar que los piratas detenidos en aguas de Somalia sean liberados, y ha opinado que un tribunal internacional impediría problemas como éste.

Pajín se ha referido a la decisión del juez Andreu de decretar la libertad de los piratas detenidos la semana pasada, después de que la Fiscalía cambiara de opinión.

Según Pajín, polémicas como ésta podrían evitarse si se crease un tribunal internacional, porque 'hay situaciones en el mundo que necesitan respuestas judiciales globales'.

Por eso, ha reclamado una justicia internacional, que permita dar respuesta a nuevas situaciones que se puedan producir y que no son responsabilidad únicamente de un país, sino retos que todos comparten.

También hace mención al acuerdo internacional entre la UE y el Gobierno de Kenia, firmado el pasado 6 de marzo, que establece las condiciones y modalidades de entrega de las personas sospechosas de haber cometido actos de piratería.

El abogado del Estado considera que el auto del juez Andreu 'compromete e incide sobre la función del Gobierno de la Nación de garantía del cumplimiento de los Tratados Internacionales'.

'No sólo la detención de personas que hayan cometido actos de piratería forma parte de las obligaciones asumidas por España, sino muy señaladamente poner a disposición de las autoridades competentes a los responsables de dichos actos', como podría ocurrir en este caso, señala el escrito del abogado del Estado.

La presentación de este recurso se produce después de que el Gobierno solicitara al abogado del Estado que se personara en la causa con el argumento de que no tiene sentido que acaben siendo liberadas unas personas que han cometido un hecho delictivo, máxime cuando se actúa en aguas de Somalia en una operación de la Unión Europea.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decretó el pasado viernes la libertad de los siete piratas detenidos el miércoles, junto a otros tantos capturados el día siguiente, ya que la Fiscalía -que un día antes pidió su ingreso en prisión- cambió de opinión y solicitó que esa medida quedara sin efecto y que los arrestados fueran entregados a Kenia.

El Ministerio Público fundamentó su nuevo criterio en el acuerdo suscrito el pasado 6 de marzo entre la UE y Kenia para entregar y juzgar en este país africano a los supuestos piratas capturados durante la 'operación Atalanta'.

No obstante, Andreu, quien decidió no archivar la causa -tal y como también solicitó la fiscal-, no accedió a la entrega de los piratas a Kenia.

Mientras tanto, los trece presuntos piratas permanecen retenidos -otro se encuentra en un hospital francés en Yibuti- a bordo del 'Marqués de la Ensenada', que navega por aguas de Somalia, a la espera de la decisión final de la Justicia española.