La Fiscalía Anticorrupción quiere reactivar el caso Gürtel. Y uno de sus capítulos pendientes más importantes es la presunta financiación irregular del PP valenciano. Los hechos fueron denunciados por la policía en un informe que entregó el pasado 31 de julio a los tribunales superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, al Tribunal Supremo y a Anticorrupción. Ahora el Ministerio Público ha decidido mover ficha: ha solicitado al juez del TSJM Antonio Pedreira que reclame la cuentas del partido que preside Mariano Rajoy en Valencia.

Según informó El País, las fiscales adscritas al caso, Myriam Segura y Concha Sabadell, han presentado un escrito en el Tribunal Superior madrileño para poder acceder a las cuentas del partido. El objetivo es corroborar o desmentir los indicios hallados por la policía y que provocaron la dimisión de Ricardo Costa como secretario general de los conservadores valencianos.

Con esta petición, la Fiscalía pretende que el futuro de esta parte del caso avance y no sea archivada, como ocurrió con los trajes recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano. El TSJ de esa comunidad archivó la causa abierta por los trajes y poco después decidió devolver a la policía el informe que denunciaba la presunta financiación irregular del partido.

La Fiscalía sostiene que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al ser el encargado de la totalidad de la causa salvo lo que corresponde al Supremo, debía hacerse cargo también del informe policial e investigar la presunta financiación irregular. Y ello a pesar de que el PSOE presentó en el TSJ valenciano una querella para instar a su vez la investigación.

La Fiscalía pretende que el futuro de esta parte del caso avance y no sea archivada

Fuentes del TSJ de Madrid señalaron que la instrucción que se realiza allí no afectaría en absoluto a la apertura de una causa en Valencia a raíz de dicha querella, ya que en ningún momento se ha referido a esos hechos y, por supuesto, no ha afectado a ninguno de los diputados aforados identificados en el informe policial.

La policía apuntaba en su investigación como responsables de la presunta financiación irregular del PP a la cúpula del partido en Valencia y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla.

Como ejecutores de la situación irregular los agentes señalaban también al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al vicesecretario, David Serra, y a la tesorera del partido, Yolanda García Santos.

La presunta financiación ilegal del PP valenciano constituye la clave de la querella presentada por el PSOE contra Francisco Camps, su equipo y notables empresarios de la comunidad levantina. Presentada el 9 de noviembre, la denuncia se encuentra todavía en espera de que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decida si la acepta a trámite o la rechaza de plano. Con su formulación, los socialistas buscaron contrarrestar el mazazo que, para la investigación de la rama valenciana del conglomerado ‘Gürtel’ supuso que el TSJCV despreciara el informe que la Policía le había remitido en julio. Ese informe desarrollaba las pesquisas iniciadas bajo mandato del juez Garzón y concluye que el PP no sólo mantuvo un sistema de doble facturación y se nutrió con fondos aportados por contratistas públicos de la Generalitat.