El despacho de abogados barcelonés que dio nombre a la Operación Pretoria se había convertido en una suerte de ventanilla a la que acudían relevantes empresarios catalanes con la intención de defraudar a Hacienda y blanquear el dinero de fondos procedentes de actividades irregulares. Una investigación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) apunta a que, entre esos clientes, figura el Real Club Deportivo Espanyol, que contrató los servicios de los hermanos Pretus en al menos tres ocasiones.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, Pretus emitió presuntamente para el Espanyol facturas falsas por valor superior a 300.000 euros, a nombre de una sociedad con sede en el paraíso fiscal de Madeira, creada a tal efecto por el bufete de abogados. Esas facturas falsas están relacionadas con el traspaso del centrocampista Sergio, del Espanyol al Deportivo de La Coruña, y con el proceso de adquisición de la nacionalidad italiana del argentino Maxi Rodríguez, quien llegó de su país en 2002 para jugar en el club perico procedente de Newells Old Boys.

El juez busca en Andorra 300.000 euros vinculados a facturas falsas

El informe de la ONIF motivó la apertura de una investigación por parte del juez Baltasar Garzón, quien también instruye el caso Pretoria, por los delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En el caso está imputado el presidente del RCD Espanyol, el empresario Daniel Sánchez Llibre hermano del diputado de CiU Josep Sánchez Llibre, en relación con el traspaso de Sergio González, informaron fuentes jurídicas.

Y también aparecen implicados otros dirigentes del club que participaron presuntamente en estas actividades irregulares, caso del ex director general José Luis Marcó, y del aún director financiero, Albert Amat de Grandes. Por parte del bufete, Antifraude señala a los hermanos Diego y Gabriel Pretus Labayen, que recibieron presuntamente la colaboración del jefe del área fiscal de la consultora Price Waterhouse Coopers, Eduardo Berché Moreno.

La Guardia Civil registró el bufete de la Avenida Diagonal el 30 de noviembre de 2005 por orden del juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska. El magistrado, que sustituía a Baltasar Garzón mientras éste disfrutaba de una excedencia en Estados Unidos, avanzaba en la investigación del caso BBV Privanza, la sucursal en Jersey del banco español dedicada a abrir cuentas secretas y a comprar para sus clientes productos opacos al fisco.

El informe de la ONIF motivó la apertura de una investigación por parte de Garzón

Del ingente volumen de documentación aprehendido en esa fase de la operación se han derivado varias investigaciones. Del despacho De Miguel, en Madrid, surgieron las pesquisas que concluyeron en la Operación Gürtel. De los documentos intervenidos en el bufete Pretus se llegó a la trama de corrupción urbanística con epicentro en Santa Coloma de Gramenet que ha sacudido la política catalana. Y también a la que apunta al club blanquiazul.

La sociedad constituida en Madeira para las facturas falsas al Espanyol recibió el nombre de Strategic Projections and Simulation Technologies-Services LDA, a la que los investigadores se refieren como SPST. Su potencial no se limitaba a gestionar traspasos y adquisición de nacionalidades sino que también podía realizar labores de scouting, es decir, supuestamente confeccionaba pormenorizados análisis de los equipos de fútbol para detectar sus debilidades y ponerlas en conocimiento de sus rivales. O por lo menos, para eso quizo hacer creer el Espanyol que la contrataba.

Aparecen operaciones con los futbolistas Maxi y Sergio González

En el caso de la Operación Nacional, como llamó el bufete Pretus al traspaso del futbolista Sergio, el verdadero gestor fue Avelino González, padre y representante del jugador, y en ningún caso SPST. En lo que respecta a Maxi Rodríguez, el Espanyol pretendía que no ocupara plaza de extracomunitario y, aprovechando su ascendente, lo nacionalizó italiano. De nuevo, facturó la gestión a SPST cuando en realidad, la operación fue efectuada por la multinacional Imgworld, según ha determinado la investigación.

El siguiente paso de la trama consistía en colocar el dinero fuera de España. El rastro dejado ha conducido a la ONIF hasta Andorra. A las autoridades de ese país el juez Garzón ha librado una comisión rogatoria con el objeto de conocer todas las actividades de SPST en ese país y las cuentas bancarias vinculadas a la sociedad mercantil. El magistrado se ha fijado en dos compañías, Lesasa y Obatra, que recibieron sendos pagos de 180.000 y 124.000 euros presuntamente relacionados con las facturas falsas con las que se acusa al presidente del Espanyol de pretender defraudar a Hacienda.

La Fiscalía Anticorrup ción registró en 2000 una sede del BBVA por las actividades de su filial en Jersey, descubriendo el papel de un comisionista de la Expo’92, Juan Piña Oliver.

Apareció un manual para defraudar y una pista sobre blanqueo y evasión fiscal de un grupo de clientes del BBV a través de su filial. Nacía el caso BBV Privanza.

Esta filial había externalizado algunos servicios en el bufete Pretus. En enero de 2006, Gabriel y Francisco Javier Pretus fueron imputados por fraude y blanqueo.

Garzón cita al bufete hasta en cuatro ocasiones en sus autos de prisión de octubre y noviembre de 2009.

El abogado Francisco Javier Pretus Labayen aparece en un papel secundario, en comparación con sus hermanos, dentro de la trama urdida para el Espanyol, pero Antifraude considera que también debe ser objeto de la investigación.