Para que la Justicia argentina actúe contra el franquismo deberá demostrar antes que la legislación española impide juzgar a los culpables de sus crímenes. Según los expertos en jurisdicción universal, hay pruebas suficientes. La principal es la Ley de Amnistía de 1977. Esta norma, declarada ilegal por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es un equivalente a la de punto final que fue derogada en Argentina para juzgar a la dictadura militar.

Las trabas judiciales a las demandas de las familias de las víctimas les ha obligado a acudir a juzgados internacionales, tal y como avanzó el viernes Público. El próximo miércoles presentarán una querella en los juzgados federales de Argentina (homólogos a la Audiencia Nacional), aunque culpan en realidad a los políticos de su desamparo.

'Es la falta de voluntad política la que nos ha llevado a esta situación. Si la Comisión Interministerial formada por el Gobierno en 2004 para atender a las víctimas hubiese resuelto el problema no habrían llegado las querellas', explica el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, que figura entre los denunciantes.

Precisamente la responsable de esa Comisión, la vicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, admitió que la decisión de las víctimas 'es respetada por el Gobierno'.

Además de la ley de Amnistía, existen otras pruebas contundentes como la resolución del pleno de la Audiencia Nacional que negó la competencia al juez Baltasar Garzón al considerar que los delitos no eran comparables a un genocidio y que la ley de Amnistía impedía juzgar actos anteriores a 1977.

'Va a depender de las ganas de meterse en líos que tenga el juez pero basta con que tenga pruebas para declarar que los múltiples asesinatos y desapariciones forzosas corresponden a un genocidio y por tanto son crímenes de lesa humanidad', razona el profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Chinchón.

Una vez admitida la querella llegaría el momento del compromiso político. 'Puede darse una situación como en Guatemala donde España mandó una comisión de investigación y no encontró colaboración alguna del Gobierno local', ejemplifica Chinchón.

La posibilidad de que una comisión de investigadores judiciales argentinos acudan a España pidiendo un listado de ex ministros franquistas vivos otorga el potencial que tiene la querella que las víctimas presentarán en los juzgados federales el próximo 14 de abril, 79 aniversario de la proclamación de la II República.