Los esfuerzos de la dirección estatal del PP por permanecer ajena a la trama Gürtel han resultado fallidos. El auto del juez madrileño Antonio Pedreira señala a Luis Bárcenas como autor de un presunto delito electoral en el que habría incurrido como 'administrador general del PP en las elecciones locales' del 27 de mayo de 2007. El juez investiga, además, si el PP cometió un segundo delito electoral en las elecciones generales de marzo de 2008, año en el que, presuntamente, Orange Market también falseó facturas en connivencia con empresas afines a la formación conservadora.

El juez está pendiente de que la Agencia Tributaria verifique si los 515.461 euros pagados a Orange Market en 2008 por cinco empresas próximas al PP se correspondían o no con gastos electorales del partido. Dos de esas sociedades Facsa y Piaf ya habían sufragado gastos electorales en 2007, según el auto judicial.

Si Hacienda confirma que los pagos de 2008 fueron donaciones electorales encubiertas, 'los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del PP en esas elecciones, cuya identidad en este momento se desconoce'. Fuentes oficiales del PP confirmaron ayer a este diario que, 'como gerente del partido', esa responsabilidad recayó en Bárcenas también en la campaña para las generales de marzo de 2008.

Si los pagos de 2008 fueron donaciones de campaña, serían delito electoral

Tesorero del PP hasta abril de este año y senador hasta que, días después, el PP le forzó a dejar el escaño, Bárcenas regresa ahora al centro del escenario. Y vuelve no por los supuestos delitos que haya podido cometer a título personal sino por aquel en el que, según Pedreira, incurrió precisamente como máximo responsable de las cuentas electorales del partido.

Gerente desde años atrás, Bárcenas ascendió a tesorero del PP en el congreso del partido celebrado en junio de 2008, tres meses después de los comicios generales. El artífice de su ascenso fue Rajoy, quien tras aquel congreso premió a quienes se mantuvieron a su lado frente al asalto fallido de Esperanza Aguirre.

En 2007, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros de gastos electorales. El hecho de que los dos comicios, locales y autonómicos, coincidieran en fecha 27 de mayo dificulta la tarea de segregar cuánto dinero ocultó en la campaña de las municipales y cuánto en la destinada a la reelección de Camps como presidente de la Generalitat.

El auto recuerda que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), son autores del delito electoral 'los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores'. En virtud de ese precepto, la responsabilidad sobre lo ocurrido durante las elecciones de 2007 recae sobre Bárcenas y sobre Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano para las elecciones autonómicas.

La resolución de Pedreira lanza un aviso al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), ante el que se inhibe en lo concerniente a las actuaciones del Gobierno de Camps y de la dirección del PP. Ese aviso se relaciona con la dimisión de Bárcenas como senador y a su consiguiente pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo.

Bárcenas ascendió a tesorero de la mano de Mariano Rajoy

Pedreira, que ya ha topado en más de una ocasión con el muro que defiende en Valencia el juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, advierte de que el tribunal competente para investigar los hechos descritos en el auto es el Tribunal Superior Valenciano. Y ello porque entre los implicados hay aforados autonómicos, con independencia de que se les atribuyan delitos cometidos 'en y fuera del territorio' valenciano.

La competencia corresponde al TSJCV, y no el Supremo, subraya Pedreira, y a renglón seguido pone los puntos sobre las íes: 'A ello no puede objetarse la condición de senador de Luis Bárcenas como determinante de la competencia del Tribunal Supremo por cuanto ha renunciado a su acta de senador y, en consecuencia, ha perdido el aforamiento'.

Si el juez Flors opta por que sea la Sala de lo Penal la que acuerde si, tal como pide Pedreira, debe ampliar el marco de sus investigaciones, la decisión volverá a estar en manos de De la Rúa.

Cuando el juez Antonio Pedreira preguntó a Francisco Correa, conocido como ‘Don Vito', cómo había logrado trabajar para el PP casi en régimen de monopolio, el jefe de la trama corrupta señaló a Luis Bárcenas. Fue él, contó Correa, quien permitió a las empresas que formaban parte de la trama ‘Gürtel' dar un salto cualitativo: de proveedor esporádico a grupo de cabecera del PP.

En esa declaración, Correa trató -sin éxito- de convencer al juez de que cuando le contó a un edil del PP que él le había llevado 'mil millones' de pesetas a Bárcenas, sólo quería decir que había proporcionado al PP un ahorro de seis millones de euros.

En relativa calma mientras la investigación sobre su persona correspondió al Supremo, Bárcenas vuelve ahora a la cuerda floja. Cuando Pedreira levantó en abril el secreto de sumario sobre una nueva tanda de documentos del caso, un alud de pruebas sepultó al entonces todavía tesorero del PP. La policía identificó 'sin género de duda' a Bárcenas como el L.B. que aparece en la contabilidad B de la trama. La investigación ha constatado que su patrimonio se ha multiplicado por ocho desde 1984. Ahora, el juez sigue buscando el dinero que, presuntamente, evadió Bárcenas fuera de España.