A partir del próximo lunes, 5 de julio, cuando entre en vigor la nueva Ley del Aborto, cualquier chica de 16 o 17 años que quiera interrumpir su embarazo en España tendrá dos opciones: acudir a abortar a la clínica acompañada de su madre, su padre o su representante legal tal y como hacen en la actualidad la gran mayoría de las jóvenes que se someten a este tipo de intervención, o bien declarar por escrito que contárselo a su familia provocaría un conflicto grave, en cuyo caso el médico encargado de interrumpir el embarazo podrá además solicitar un informe que lo corrobore.

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Isabel Martínez, explicaba ayer que la solución de equiparar 'informar' con 'acompañar', incluida en uno de los reales decretos de desarrollo de la ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes, pretende 'dar una mayor seguridad jurídica a los médicos' que se enfrenten a este tipo de situaciones.

El Gobierno busca 'dar una mayor seguridad jurídica a los médicos'

A la menor, en definitiva, no le bastará aportar un documento que demuestre que ha informado a sus padres de su intención de abortar. 'El documento será entregado personalmente por la mujer acompañada de su representante legal al personal sanitario del centro en el que vaya a practicarse la intervención', según recoge la norma definitiva.

El Ministerio de Igualdad ha resuelto de este modo, tras dos meses de redacción y siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado, la inquietud que provocó la ley entre médicos, clínicas que practican abortos y comunidades autónomas respecto a la manera de ofrecer garantías jurídicas a los facultativos cuando los abortos practicados en menores no cuenten con el apoyo explícito de sus padres.

La ley reconoce a las mujeres de 16 y 17 años el derecho a tener la última palabra a la hora de decidir si interrumpen su embarazo, pero incluye como requisito que informen de su decisión al menos a uno de sus representantes legales.

La nueva Ley del Aborto entrará en vigor el próximo lunes

Este condicionante no formaba parte de la voluntad reguladora inicial del Gobierno socialista, pero fue introducido en el debate parlamentario a partir de una enmienda presentada por el PNV. Tras la aprobación definitiva de la ley en el Senado, el pasado 24 de febrero, quedaba por resolver cómo se regulaba ese deber de las menores de informar de su decisión a sus padres. En el desarrollo normativo ha quedado finalmente descartado, por ejemplo, que fuera suficiente un certificado por escrito.

El Real Decreto mantiene que no será obligatorio acudir a la clínica acompañada de sus padres, aún teniendo 16 o 17 años, para cualquier chica que alegue que informar a su familia de que quiere abortar 'le provocará un conflicto grave, manifestado en el peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos, o se produzca una situación de desarraigo o desamparo'.

El desarrollo normativo aplicado en este apartado, de nuevo buscando dotar de garantías jurídicas a los facultativos, consiste en que 'el médico encargado de practicar la interrupción del embarazo deberá apreciar, por escrito y con la firma de la mujer, que las alegaciones de esta son fundadas, pudiendo solicitar, en su caso, informe psiquiátrico, psicológico o de profesional de trabajo social'.